El Supremo obliga a los promotores de una macrourbanización de la costa de Granada a remodelarla por peligro de derrumbe

Hay quienes le rezan a la lluvia para que caiga y abone sus campos y hay quienes hacen todo lo contrario por miedo a que el líquido elemento acabe destrozando sus casas. Aunque pueda parecer una exageración, esta es la realidad que viven los vecinos de la macrourbanización granadina, Cármenes del Mar. Un proyecto que bebe de la época del 'boom' inmobiliario en todo cuanto salió mal durante esos años. La macrourbanización se cae, se derrumba cada poco tiempo y, según ha ratificado el Tribunal Supremo recientemente, todo es culpa de sus constructores. Esta es la historia de un lugar que debía resultar idílico, pero que es todo lo contrario.

A finales de los 90 se inició la construcción de los citados Cármenes del Mar en el municipio costero de Almuñécar (Granada). Allí, en el Cerro Gordo, perteneciente a la localidad de La Herradura, se levantó lo que en principio iba a ser una urbanización de unas cien viviendas que acabarían siendo cuatro veces más. En total, alrededor de 400 domicilios construidos en un enclave casi paradisíaco que empezaron a venderse con relativa facilidad debido al reclamo del lugar, a partir del año 2000, justo en pleno crecimiento de la burbuja inmobliaria.

Sin embargo, apenas un lustro después, los primeros problemas empezaron a manifestarse de forma grosera. El cerro en el que se levanta la macrourbanización empezó a deslizarse y con ello se provocó el derrumbe de parte de algunas viviendas y se cayeron otras. Sin daños personales, los materiales empezaron entonces a sumar ceros a la cifra de lo que los constructores tendrían que pagar si alguien decidía denunciarles ante la justicia.

Un calvario judicial

Con los primeros deslizamientos y ante la evidencia de que cualquier lluvia podría dejar el terreno aún más inestable, algunos vecinos decidieron denunciar a la promotora Comarex, responsable los Cármenes del Mar, por haber construido una macrourbanización sin tomar todas las medidas de precaución posibles para asegurar el terreno. A esa denuncia le avaló un informe técnico de un docente de la Universidad de Granada (UGR) que venía a darles la razón a los propietarios de las viviendas que se estaban derrumbado. El documento no dejaba lugar a la duda: las técnicas que se utilizaron para construir en ese cerro, no eran las adecuadas.

Pero el tiempo siguió pasando y aunque hubo una primera denuncia, el juzgado de Primera Instancia 12 de Granada no falló hasta el año 2014, una década después de los primeros deslizamientos de terreno. La Justicia dio entonces la razón a los vecinos y obligó a los promotores y constructores a asegurar la zona y arreglar todos los desperfectos provocados en las viviendas. Para ello imputó la obligación de llevar a cabo obras de sostenimiento por valor de 4,5 millones de euros y ordenó el embargo de 3,6 millones de euros en bienes a los nueve condenados. Algo que no sucedió entonces porque los acusados procedieron a presentar varios recursos alegando que los deslizamientos fueron a causa de problemas sobrevenidos que no se podían prever en el momento de las primeras obras.

Paralelamente, los implicados en la construcción comenzaron a liquidar sus sociedades o a dejarlas al borde de la bancarrota para evitar que se les pudiera solicitar una indemnización económica o declararse insolventes para llevar a cabo las obras. Así, dos años más tarde, la Audiencia Provincial de Granada volvió a pronunciarse en contra de los intereses de los promotores en el mismo sentido que el Juzgado de Primera Instancia: debían arreglar los daños causados por su negligencia al acometer las obras. Una sentencia ante la que se volvió a presentar un recurso, aunque no fue el único. Los promotores y constructores exploraron otras vías judiciales para dilatar la resolución del caso.

Sentencia firme

Mientras tanto, los deslizamientos han seguido produciéndose y han afectado ya a medio centenar de viviendas, entre las que están las de algunas personas que invirtieron todo su capital. Ante la precaria situación, el Partido Popular llegó a presentar en 2016 una Proposición No de Ley (PNL) ante el Parlamento de Andalucía para instar a la Junta a que cumpliera con su responsabilidad subsidiaria y diera una solución urgente a los problemas de los vecinos de los Cármenes del Mar. Antes, el Ayuntamiento de Almuñécar, que dos décadas antes había concedido la licencia de obras, declaró la zona en estado de emergencia.

Pero nada ha cambiado, aunque los vecinos no han dejado de presionar a Consistorio y Junta buscando una solución. Así, han solicitado que se investigue si la liquidación de la empresa promotora es real o es una jugada para evitar pagar. Una investigación que sigue su curso desde 2017 cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Granada abrió diligencias sobre el asunto. De momento, sin novedades al respecto sobre el fallo judicial que puede comprometer el futuro de la familia Rodríguez-Acosta, propietaria de Comarex y responsable de la promoción de Cármenes del Mar.

Si en ese ámbito no hay novedades, sí que las hay al respecto de las responsabilidades de promotores y constructores. El Tribunal Supremo acaba de ratificar las condenas previas y las ha hecho firmes obligando a los responsables a tener que arreglar los daños provocados en las viviendas y a asegurar el terreno. Algo que sucede semanas después de que los vecinos hayan pedido que se les abra un nuevo acceso por carretera porque el que hay, está en serio peligro de derrumbe.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Almuñécar que dirige el Partido Popular junto a Ciudadanos y Más Almuñécar, ha mostrado interés en poder llevar a cabo esta solución, pese a que históricamente se ha escudado en sus problemas económicos para poder ayudar a los vecinos de la macrourbanización. En cualquier caso, el concejal de Urbanismo, Javier García, se muestra satisfecho por la resolución del caso tras la decisión del Supremo: “Nada nos haría más felices que la sentencia se llevara a cabo con medidas de contención y de restablecer las viviendas han estado afectadas”.

“En el Ayuntamiento estamos siempre de mano de los vecinos, yo mismo me he reunido con ellos varias veces y estamos estudiando soluciones, pero ahora mismo no tenemos capacidad económica”, matiza el edil. Por su parte, fuentes de la Junta de Andalucía, que es responsable subsidiaria del terreno, aclaran que “no tenemos competencias, aunque brindamos nuestra colaboración a los vecinos por si necesitan asesoramiento”. Unos vecinos que siguen rezando para que alguien solucione sus problemas y para que la lluvia o el cerro den una tregua.