¿Qué han hecho los ayuntamientos andaluces para frenar los desahucios?
Los últimos datos del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativo a desahucios señalan que Andalucía se encuentra a la cabeza en ejecuciones hipotecarias, con aproximadamente el 24% del total nacional. Es, asimismo, la comunidad autónoma con mayor porcentaje de desahucios como consecuencia de esas ejecuciones hipotecarias, con el 20% de todo el país. Unos datos que, junto a la presión ciudadana y de plataformas como Stop Desahucios, han empujado a los ayuntamientos a poner en marcha una serie de medidas para luchar contra los desalojos que dejan a familias sin vivienda.
Eldiario.es/andalucia ha realizado una relación de las distintas medidas que los ayuntamientos de las capitales andaluzas han desarrollado en los últimos tiempos con la vista puesta en el drama de los desahucios. Destacan la apertura de oficinas municipales expresamente dedicadas a los desahucios, inexistentes anteriormente, que ahora se coordinan con los servicios sociales locales para evitar los desalojos y, en última instancia, que las familias afectadas por un desahucio se queden sin vivienda. Acuerdos con los colegios de abogados para asesorar jurídicamente a las personas afectadas o negociaciones con los bancos para poner a disposición de las familias sus pisos vacíos, son otras de las iniciativas que destacan entre las que los distintos ayuntamientos han puesto en marcha:
CÁDIZ: El Ayuntamiento ha puesto en marcha recientemente un protocolo de actuación firmado con el Juez Decano para tener constancia en tiempo real desde los juzgados de las órdenes de desahucio que se dicten. A través de este protocolo, los juzgados de Cádiz informarán a tiempo a la Oficina de Defensa de la Vivienda -puesta también en marcha por el ayuntamiento- sobre los casos de desahucio que se produzcan. Con ese margen de tiempo, la oficina municipal comenzará a trabajar en la mediación para buscar una solución para la familia que puede ser desalojada.
El trabajo desarrollado en este ámbito desde el Ayuntamiento de Cádiz ha contado con la participación de los jueces, asistentes sociales, movimientos en defensa de una vivienda digna y los propietarios de los pisos. Asimismo, se trabaja actualmente en la puesta en marcha del programa municipal ‘Alquiler Justo’, que consistirá en la negociación con entidades bancarias y tenedores de vivienda de la ciudad para que ofrezcan sus pisos vacíos a precios asequibles en alquiler social a familias sin otra alternativa de vivienda.
CÓRDOBA: El consistorio cordobés ha puesto en marcha la Oficina Municipal de Vivienda, que se encarga de buscar soluciones a familias afectadas por los desahucios. Asimismo, se ha establecido una coordinación con la plataforma Stop Desahucios que viene trabajando con estas familias y los servicios sociales municipales, que realizan un diagnóstico de la situación de los afectados y atienden su necesidad de vivienda con los distintos recursos disponibles.
Para ello, se está ultimando la firma de un convenio con entidades bancarias como Cajasur y La Caixa, que pondrán a disposición del ayuntamiento una bolsa de pisos vacíos para que sea la Oficina Municipal de Vivienda quien los asigne a las familias sin un techo. Un mecanismo similar se está negociando con la Sareb –‘el banco malo’, que también dispone en Córdoba de varias decenas de viviendas vacías.
Y próximamente, se va a desarrollar un plan de acción con Cruz Roja para la acogida y atención integral de familias en riesgo de exclusión residencial, con alojamiento y ayudas económicas para mudanzas o guardamuebles, además de un plan personalizado de intervención para solucionar cada caso.
GRANADA: el Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una unidad específica dedicada a la vivienda, que presta un servicio integral a personas afectadas y en situación de “exclusión residencial”. Se trata de una unidad específica de funcionarios dedicada a estas personas que complementan el trabajo desarrollado desde los servicios sociales municipales, que informan sobre las familias como paso previo para la adjudicación de vivienda protegida y alojamiento en régimen de alquiler del parque público.
Asimismo, se han ofrecido ayudas económicas para el mantenimiento o acceso a una vivienda alternativa tras un desahucio (728.935 euros en los últimos tres años) y se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento y el Decanato de los Juzgados, para tener un conocimiento anticipado de la fecha de lanzamiento de las familias afectadas por un desahucio.
Por otro lado, se ha establecido la Oficina de Mediación Hipotecaria municipal concertada con el Colegio de Abogados de Granada, cuyos letrados asesoran a las personas en riesgo de perder su casa. Y, junto a ello, de la extinta empresa municipal de vivienda de Granada, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las familias que han sido desahuciadas de su vivienda habitual, 13 viviendas en régimen de alquiler asequible.
HUELVA: desde el Ayuntamiento de Huelva se ha puesto en marcha una Oficina de Asesoramiento sobre Desahucios, acompañada desde el área social municipal, que informa y media ante familias que viven situaciones de desalojo.
Junto a ello, el consistorio de la capital onubense ha actualizado una serie de medidas fiscales que tienen que ver con los desahucios. De un lado, se suprime el impuesto de plusvalía en los casos de entrega de la vivienda en dación en pago, algo que afecta a un centenar de familias a las que el ayuntamiento les venía exigiendo el pago de ese impuesto. Esta medida se hace con carácter retroactivo, de modo que el ayuntamiento devolverá de oficio el importe de la plusvalía a las familias que ya la hayan abonado.
De otro lado, el consistorio bonificará determinadas herencias en el impuesto de plusvalía cuando se trate de la vivienda habitual tanto del fallecido como de los adquirientes. Se graduará el porcentaje de la bonificación reconocida en función del valor del inmueble, para tener en cuenta el principio de capacidad económica en sus posibles beneficiarios.
JAÉN: desde el Ayuntamiento de Jaén se ha firmado un convenio con la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y con asociaciones de vecinos para establecer servicios de intermediación y asistencia frente a situaciones de desahucios.
La creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria a nivel provincial actúa también en la capital atendiendo a los propietarios de una vivienda que constituya su domicilio habitual y que puedan verse afectados por situaciones de riesgo residencial.
Sin embargo, han sido rechazadas en pleno la creación de un servicio municipal específico para frenar los desahucios y la puesta en marcha de un plan de medidas mínimas frente a la emergencia habitacional.
MÁLAGA: el Ayuntamiento de Málaga no ejecuta desahucios por impago de alquiler en viviendas municipales y, a través del Plan de Familias en Riesgo de Exclusión Social, adjudica viviendas a familias que proceden de situaciones de desahucios y ejecuciones hipotecarias.
Se ha puesto en marcha la Oficina Municipal de Intermediación Hipotecaria, que atiende a las familias afectadas. Parte de ellas son derivadas al Colegio de Abogados en base al acuerdo suscrito con el consistorio para que atiendan los casos ya judicializados; en el resto se opera para que se evite la ejecución hipotecaria y se negocia con las entidades bancarias.
Asimismo, desde el pasado septiembre funciona la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda, un órgano que garantiza este derecho constitucional y arbitra todas las fórmulas a su alcance para evitar los desahucios en la ciudad de Málaga, que incluye un plan de alquiler de viviendas para familias con necesidad urgente.
El consistorio ha creado un censo de viviendas vacías en propiedad de bancos y promotoras en concurso de acreedores, así como un registro de viviendas para el alquiler. Y, a través del Instituto Municipal de Vivienda se han adquirido 32 viviendas que se destinan a familias en riesgo de exclusión social con alquileres sociales de entre 100 y 150 euros.
SEVILLA: el Ayuntamiento de la capital andaluza ha creado una Comisión Antidesahucios para coordinar los trabajos del área de Servicios Sociales y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Sevilla (Emvisesa), atendiendo a todos los casos de familias en riesgo de perder sus viviendas o con procedimientos de desahucios.
Existe un Plan de Urgencia para el realojo de familias en viviendas municipales en base a criterios de emergencia social y, asimismo, el ayuntamiento ha paralizado todos los procedimientos de desahucios o procesos en vía judicial por impagos de familias sin recursos que residen en régimen de alquiler en viviendas de titularidad municipal.
Actualmente se negocia un acuerdo de colaboración directa con la Administración de Justicia para que los juzgados transmitan toda la información en relación con casos de lanzamientos previstos en la ciudad para buscar un realojo con antelación. Asimismo, se han reforzado los protocolos de ayudas directas a familias para ayudas a pagos de comunidad, pago de suministros básicos, alquiler y abono de cuotas de hipotecas, para evitar desahucios por impagos.
El Ayuntamiento ha firmado, igualmente, un convenio con Endesa para que antes de realizar un corte de suministro se avise a los Servicios Sociales y puedan gestionarse ayudas para el pago. De manera similar, se está cerrando actualmente un convenio con Gas Natural.
(En el momento del cierre de esta publicación, el Ayuntamiento de Almería no había facilitado a eldiario.es/andalucia la información solicitada con más de una semana de antelación).
