Jefes del Servicio de Formación insisten en que cumplieron con la legalidad de los procedimientos
Dos jefes del Servicio Formación para el Empleo en Jaén y en Málaga han insistido este lunes en que cumplieron con la legalidad de los procedimientos a la hora de la selección, ejecución, seguimiento y revisión de las cuentas justificativas en el desarrollo de los cursos de formación en sus respectivas provincias. Como la semana pasada ya hicieron alguno de sus homólogos, han defendido su labor como órganos gestores pese a las supuestas irregularidades en los expedientes de las que fueron advertidos en 2013 a través de los informes especiales de los interventores provinciales.
José Luis Valentín Martos, cuyo testimonio ha sido valorado por los grupos en el sentido de que ha permanecido en el cargo durante gran parte del proceso que se investiga (de 2006 a la actualidad), ha comentado que en la provincia de Jaén se siguió “la legalidad de los procedimientos”, se visitaron todos los cursos y su “adecuada ejecución”, in situ y en tiempo real, sin que actualmente tenga en su servicio expedientes de reintegro pendientes. “No entendemos que se diga que tienen 15 millones por justificar”. Incluso ha afirmado haber solicitado facturas “para un mejor control” y enviado informes a la Intervención General “para la implementación de las recomendaciones” del interventor.
“Nosotros decimos lo que dice la ley”, señalando no querer entrar “en ”peleas entre jefes de servicio e interventores“. ”Es muy paradójico que tengamos que estar explicando lo que dice la ley, no sé lo que está ocurriendo“, ha insistido. Acerca de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, cuestionado por IU, ha indicado que ”había situaciones que mejorar, como es lógico“ en los 39 expedientes revisados. ”La norma la hemos aplicado muy estrictamente“, ha insistido.
Ha defendido la fiscalización previa favorable en todo el proceso desde la concesión de los cursos y el principio de autorización para el control de los mismos, habiendo comprobado su ejecución. “La costumbre también es a veces una ley”, ha comentado, reconociendo su envío de “los originales” a la Intevención “siempre que lo requería” y el hecho de que incluso “nos excedimos de lo que dice la norma”, advirtiendo de los gastos realizados y “aportando las evidencias”. Ha repetido que exitía una “opinión indubitada” de que los pagos se hicieran aunque faltara algún mes por justificar, insistiendo en que los alumnos hicieron los cursos y que eso viene “en la trazabilidad de los documentos aportados” por su servicio.
El portavoz del grupo popular ha repasado las “deficiencias” que refiere la Intervención General en sus informes de actuación de febrero de 2014 y 2016 en cuanto a que no se han dado cumplimiento a las recomendaciones. Valentín le ha respondido que “no sé por qué recogen otra opinión”, insistiendo en la correción de los procedimientos que se llevaron a cabo para la celebración de los cursos de formación. Acerca de cómo podría haber detectado un entramado de empresas, ha dicho que se tiene que baremar las solicitudes. “No puedo prejuzgar a nadie y achacarle que 'usted pertenece a un entramado'. Una vez estuvieron unas personas de un grupo aquí presente y se fueron diciendo 'aquí no hay chicha'. Es lo que le puedo decir”.
Por su parte, María Isabel Almendro Flores, jefa del Servicio de Formación para el Empleo en Málaga entre 2001 y 2014, quien ha querido destacar que la gestión de las subvenciones que se investigan estaban sometidas a fiscalización previa y a numerosos controles finacieros en su mayoría favorables, siendo incluso control financiero permanente en 2012. Sobre la concesión, el interventor de Málaga no reflejó ninguna incidencia, ha comentado, y ha repetido que en ese aspecto su servicio cumplió en todo momento “los requisitos establecidos” y “conforme a la normativa vigente”, teniendo constancia de atendían a “lo que reflejaban los expedientes administrativos”.
Esta responsable ha recordado la existencia de reuniones de coordinación para la mejora del funcionamiento en su servicio, a lo largo de los 10.500 cursos impartidos, si bien no ha podido precisar las mejoras, cuestionada por IU, requeridas por las informes de la Intervención. Ha aludido a una sobreprogramación de cursos en 2010 con los mismos recursos humanos, que habría podido incidir en algún tipo de reducción del seguimiento de visitas 'in situ' a los cursos pero “siempre cumpliendo con la normativa vigente”.
Almendro ha descrito el sistema de seguimiento y control de las acciones formativas, el cumplimiento de los requisitos exigidos. “En nuestro ánimo ha sido siempre visitar el cien por cien de los cursos”, ha comentado.
