“A un hostal”: el caso de una desahuciada malagueña y sus tres hijos que muestra las costuras del sistema de protección social

Al filo del mediodía del martes, un operario del ayuntamiento de Málaga ha terminado de meter las cosas de Rosa Padilla en una camioneta. Una bolsa amarilla cargada de medicinas. Una caja con los papeles que dan cuenta de su vida. Bolsas de ropa. Después, ha cerrado la puerta, ya con Rosa y sus tres hijos dentro (José Manuel, 22 años, con una discapacidad reconocida del 88% por una diplejía espástica; Rosa, 19; y Yanavah, 13) y los ha llevado a un hostal en otro barrio, lejos donde han hecho su vida en los últimos tres años.

Padilla y sus tres hijos han sido desahuciados después de no haber pagado el alquiler de su vivienda. Desde primera hora de la mañana, la mujer y sus tres hijos esperaban la visita de la comisión judicial. El juzgado de primera instancia 9 de Málaga había fijado para este martes a las diez el desahucio de su vivienda, después de dos aplazamientos en junio y en octubre. La mujer tenía una ayuda del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), pero dice que con sus ingresos actuales, 570 euros, no puede hacer frente al resto de la renta. Dejó de pagar hace un año. “O pago el alquiler o comemos”, explica.

El martes, el propietario ha rechazado retrasar el lanzamiento, y tampoco ha llegado la llamada salvadora del juzgado. Poco antes de las once, Padilla recibía otra llamada con malas noticias para ella. Eduardo Zorrilla, concejal y portavoz municipal de Adelante Málaga ha intentado mediar, pero finalmente le ha informado desde la calle de que no había solución. Tenía que abandonar la vivienda. “¿Dónde nos vamos?”, preguntaba una de sus hijas. “A un hostal”.

Según asegura, una trabajadora de servicios sociales le ha dicho después que del hostal deberá marcharse el viernes, porque las habitaciones están reservadas por el puente festivo.

Fibromialgia diagnosticada, pero no invalidante

Cuenta Rosa Padilla que su vida se la torció la crisis. Hasta entonces tenía una agencia de publicidad, Espora Comunicación, y había conseguido sacar adelante a sus hijos, el mayor de ellos con una diplejía de nacimiento. El brusco descenso de clientes le hizo cerrar la agencia, y coincidió con los primeros síntomas de la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. La mujer tiene un listado inacabable de medicamentos prescritos por el médico. Toma unas 15 pastillas diarias y lleva un parche de morfina.

Un documento de la Seguridad Social recoge su cuadro clínico: fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Cefalea bascular tipo migraña. Ansiedad y depresión. Es una patología crónica con brotes que causan una “limitación temporal”, pero el documento, de noviembre de 2018, dice que Padilla no presenta “reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral”.

Es decir: la Seguridad Social cree que Rosa Padilla no está incapacitada para trabajar. Ella no trabaja desde hace dos años. “Voy con parches de morfina, y pastillas, completamente drogada”, dice. “Me dieron un 19% de incapacidad. El Estado me dice que puedo trabajar temporalmente. Te enfrentas a la incredulidad de la gente y del sistema”.

La Organización Mundial de la Salud reconoce el síndrome de fibromialgia como enfermedad reumática desde 1992. Produce un dolor crónico musculoesquelético general y una alteración del sistema de control del dolor, pero su diagnóstico es complicado porque no hay pruebas analíticas o de imagen que corroboren la enfermedad. La Seguridad Social suele alegar que el dolor no es base suficiente para declarar la invalidez, pero en los últimos años ha habido sentencias que han reconocido la incapacidad permanente a enfermos de fibromialgia. No es el caso de Padilla, que dice que no tiene dinero para pleitear en los juzgados.

Padilla es también víctima de violencia de género, y muestra una sentencia que condena a su expareja al pago de una pensión alimenticia, que este no cumpliría. A todo esto, se añade un hijo con una grave discapacidad. No recibe la ayuda de dependencia porque, según asegura, es incompatible con la prestación familiar que recibe, de 570 euros, por ocuparse de asistir a su hijo.

Sin viviendas de alquiler social

Rosa Padilla lleva años solicitando una vivienda protegida. Es víctima de violencia de género, con menores y con un hijo con discapacidad a cargo. Está en la lista de familias en riesgo de exclusión social demandantes de una vivienda pública.  

Para este tipo de situaciones el ayuntamiento de Málaga aprobó un plan de emergencia social para ayuda al alquiler durante el periodo 2015-2018, dotado con más de 8,5 millones de euros, y que ha prorrogado para el periodo 2019-2020. Son ayudas directas que se abonan directamente a los propietarios que arriendan su casa, por el 100% del alquiler el primer semestre hasta llegar al 50% el sexto semestre, cuando se acaba la ayuda. Hasta final de 2018 se beneficiaron 491 familias de 2.877 solicitantes. Es decir, el 17%.

Las cifras de 2019 no son mejores. A 10 de octubre el ayuntamiento había recibido 537 solicitudes de familias en situación o riesgo de exclusión acreditada por los propios servicios municipales, pero sólo ha podido alojar y dar la ayuda a 107. De cada cinco familias con derecho a la ayuda, sólo una encuentran un alquiler. Los propios técnicos han constatado las dificultades para integrar viviendas en el plan y se ha aumentado la cuantía máxima a 550 euros mensuales.

Málaga es una ciudad donde los pisos en alquiler se han encarecido notablemente en los últimos años. Según Idealista, el precio medio por metro cuadrados es de 10,4 euros, el máximo histórico, y el 5,5% más que hace un año. 

Eduardo Zorrilla, concejal de Adelante Málaga, cree que en Málaga hay una “emergencia social” por las dificultades de acceso a la vivienda, con 20.000 personas inscritas en el registro de demandantes, 1.800 de ellas en situación o riesgo de exclusión social. El concejal denuncia que el problema deriva de un parque público de viviendas “casi insignificante”, y se acentúa por la proliferación de alojamientos turísticos que reduce la oferta y aumenta la renta de alquiler, lo que provoca que los planes de ayuda sean “ineficaces”.

“Las tres administraciones deben poner en marcha planes urgentes para promover miles de viviendas en alquiler a precios asequibles, y aprobar medidas de control y regulación de los precios del alquiler”.

“Nadie te explica las cosas tal y como son”

A las diez de la mañana, en la casa de la calle Manuel Altolaguirre hay cajas preparadas, bolsas y cintas de embalar, pero todo está por recoger. Hay enciclopedias, libros, fotos sujetas de una cuerda por pequeñas pinzas y unas bolas para celebrar la Navidad. Cuando la Policía mete prisa, ella, sus hijos y algunos amigos empiezan a bajar lo necesario. Hasta última hora, Padilla tenía la esperanza de que se quedaría, pero por si acaso, tenía preparados unos bocadillos. Ella, sus hijos y su perra Gaya llevaban tres años aquí, y el de este martes es el cuarto desahucio que sufren.

“Gasto casi doscientos euros en medicación al mes, más suministros más dar de comer. ¿Qué hago?”, se pregunta la mujer, que dice: “Nadie te explica las cosas tal y como son”. Mientras media decena de policías esperaban para cambiar la cerradura (“no somos terroristas”, ha gritado una activista), una trabajadora de servicios sociales le ha dicho a Rosa que la solución del hostal será transitoria hasta que encuentren una “alternativa habitacional de emergencia”, aunque más tarde le han dicho que debe marcharse el viernes. Poco después de las once ha empezado a bajar sus pertenencias más necesarias. Lo demás lo sacarán este miércoles para llevarlo a un trastero que el ayuntamiento ha puesto a su disposición.