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El Ayuntamiento de Torremolinos, condenado por humillar a la secretaria municipal que puso reparos a privatizar el agua

Una sentencia condena al ayuntamiento de Torremolinos, que bajo el mandato del PP sancionó sin causa a una funcionaria

El juez determina que se instruyó un expediente disciplinario plagado de "agravios, humillaciones y actos atentatorios contra la dignidad personal y profesional" de la mujer, que ahora deberá ser indemnizada con 30.000 euros

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Pedro Fernández Montes, exalcalde de Torremolinos, en una imagen de archivo

Un juzgado ha condenado al ayuntamiento de Torremolinos a pagar casi 30.000 euros a la exsecretaria municipal, al considerar que ejerció sobre ella "humillaciones" y "agravios" durante desde el año 2009. Por aquellas fechas, el exalcalde Pedro Fernández Montes (PP) abrió expediente a la funcionaria porque esta puso reparos a la privatización de la empresa que gestionaba el agua. Comenzó entonces un calvario para la exsecretaria, que fue sancionada con 20 meses de suspensión por hechos "falsos y distorsionados" y se sintió víctima de un "procedimiento inquisitorial".

La sentencia del juzgado contencioso-administrativo 6 de Málaga, a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía y adelantada ayer por Sur, deja claro que el ayuntamiento (personificado en el exalcalde y sus concejales) actuó "para evitar la actuación objetiva de la funcionaria", que había puesto reparos legales a la venta del 95% de las acciones de la empresa pública de aguas. Como no se plegó a los deseos del entonces regidor, la exsecretaria municipal fue objeto de un expediente disciplinario plagado de "agravios, humillaciones y actos atentatorios contra la dignidad personal y profesional" de la mujer, según la sentencia.

El juez concluye que la funcionaria sufrió un "rosario de agravios" por el entonces alcalde, que además trató de "pisotear la dignidad profesional" de la exsecretaria divulgando la sanción tanto como pudo en los medios de comunicación. El juez tiene claro que el motivo de la marginación y el posterior escarnio fue la oposición de la funcionaria a dilapidar el patrimonio público. "Causa sonrojo a este juez, a la vista del grueso expediente de contratación pública unido en la profusa documental (…) el palmario interés del alcalde Pedro Fernández Montes en sacar a la entonces Secretaria General de sus funciones a la vista de la operación de venta de activos de la empresa municipal de aguas", deja por escrito el juez. Para evitar su actuación "objetiva" se adoptaron las sanciones en un acuerdo plenario "express", con el apoyo de todo el grupo popular.

"Cúmulo de tropelías"

La resolución deja claro que el alcalde y sus concejales actuaron con ánimo punitivo, absoluta parcialidad y desprecio por las funciones de la exsecretaria municipal. El juez explica que la funcionaria sufrió un "cúmulo de tropelías y agravios", y destaca la "prepotencia" del alcalde, que recurrió una sentencia que anulaba la sanción que había impuesto a la exsecretaria, "pese a la evidencia de lo allí razonado". Además, después de sancionarla por vía administrativa, Pedro Fernández Montes llegó a someter la sanción a la votación del Pleno, de modo que, aunque había sido repuesta por orden judicial, no pudo tomar posesión de su puesto nuevamente.

El grupo popular, unido en torno a la entonces férrea disciplina de Fernández Montes, votó a favor de la sanción. Se da la circunstancia de que hasta la llegada de esta secretaria, el ayuntamiento nombraba secretarios accidentales, una anomalía que recuperó cuando ella se marchó. Durante mucho tiempo, el municipio no cubría la plaza con funcionarios habilitados, que son aquellos que han superado unas oposiciones a nivel estatal, sino que seleccionaba los candidatos para el puesto. Según la ley, los alcaldes son, además, competentes para imponer sanciones leves a los habilitados, una prerrogativa criticada entre los secretarios judiciales e interventores, por los abusos y coacciones a las que puede abrir la puerta.

"Todo este conjunto de abusos de las funciones públicas otorgadas a un regidor" supone una "evidente extralimitación" de las funciones públicas y la causa del daño personal y profesional que se causó a la funcionaria, que estuvo de baja por incapacidad 202 días. La resolución, fechada el pasado 9 de marzo, condena al ayuntamiento a pagar 29.805,16 euros a la exsecretaria municipal, por las consecuencias que este trato tuvo en su salud "psicológica y psiquiátrica".

Fernández Montes: veinticuatro años de polémica alcaldía

La sentencia ratifica judicialmente una forma de gobernar bien conocida en Torremolinos. Durante veinticuatro años, el popular Pedro Fernández Montes mandó en el municipio con mano de hierro,  dádivas prebendas sucesivas mayorías absolutas. Dejó dudas, nunca aclaradas judicialmente, respecto a la legalidad de algunos convenios urbanísticos, y fueron sonadas sus broncas con la oposición, que denunció reiteradamente sus intentos de silenciarla y degradarla.

El día en que se constituyó la corporación resultante de las municipales de 2015 hubo abucheos a su gestión. Fernández Montes amenazó a sus críticos, mayoría en el Salón, con hacer intervenir a la Policía para desalojarlos. La sentencia le señala ahora por instar "desmanes" contra sus propios funcionarios.

Sin embargo, tampoco sale bien parada su mayor adversaria dentro del Partido Popular de Torremolinos. Pedro Fernández Montes sigue dirigiendo la agrupación local, pero no controla el grupo municipal. Allí la portavoz es Margarita del Cid, que mantiene un enfrentamiento con Fernández Montes a cuenta de quién será el candidato en las próximas municipales.

Del Cid, número dos del PP malagueño, fue denunciada ante la dirección nacional del PP por  gastar en cenas y un máster parte de la asignación al Grupo Popular en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que preside. Pese a ello, su candidatura fue ratificada por el comité provincial del PP hace dos semanas. Del Cid era concejala cuando todo el grupo popular votó a favor de la injusta sanción a la exsecretaria municipal.

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