La lucha de varias familias malagueñas por recibir clases online durante la pandemia: “Mi hija es discriminada por ser vulnerable”

Desde hace un par de semanas, Enrique Espejo se planta un rato cada mañana ante la Delegación de Educación en Málaga. Lleva dos carteles sobre pecho y espalda que se pueden leer desde los coches: “Colegio Público Tartessos. Nuestros hijos vulnerables sin recibir su derecho a la formación y enseñanza. ¡Solución ya!”. Su hija de nueve años padece una enfermedad crónica, por lo que el colegio y la delegación admiten que reciba educación online. Sin embargo, no ponen los medios para que eso ocurra. Delegación dice que corresponde al centro y el centro replica que no tiene recursos. El resultado es que la niña y su hermano, además de otros ocho niños del colegio en situación similar, llevan desde septiembre sin clases. “Sólo pedimos que pongan un ordenador en el aula”, protesta el padre.

Mariola Moya es la madre de María (nombre ficticio). Por teléfono, explica un largo periplo ante la administración que empieza el 7 de septiembre, antes incluso de que arrancara el curso escolar. Aquella tarde el equipo directivo contó a los padres qué medidas de seguridad habían diseñado. No la convencieron. Hay 25 niños en la clase de María. “No hay distancia de seguridad, las mesas son dobles (de modo que quedan unos frente a otros) y en el recreo la burbuja es con dos grupos”, detalla la mujer. Decidieron que la niña seguiría en casa, igual que su hermano, porque entienden que llevarlo al colegio aumenta el riesgo de exposición de toda la familia.

Una vez tomada la decisión, se movilizaron para que se le reconociera el derecho a la atención domiciliaria. Para que eso ocurra es necesaria prescripción médica, pero la pediatra se remitió a las recomendaciones de la Asociación española de Pediatría: los niños que sufran la enfermedad de María y estén estables deben incorporarse a los centros escolares “siguiendo de forma rigurosa las medidas de higiene y protección adecuadas”.

En resumen: no hay prescripción médica que especifique que María no debe asistir, y sí un documento médico que advierte de que la niña puede incorporarse si se siguen las medidas de forma rigurosa. Para sus padres, esto no ocurre.

Atención telemática... sin ordenadores

El 9 de noviembre, mes y medio después de recibir la solicitud para la atención domiciliaria, la Delegación denegó la atención domiciliaria a María. “La atención domiciliaria a los alumnos solicitantes ha sido denegada por el Servicio de Ordenación Educativa en base a los informes médicos presentados, puesto que no eran determinantes”, explican fuentes de la Delegación.

Sin embargo, según aseguran tanto Mariola Moya como Silvia Montañés, madre de otra niña de once años en situación similar, los padres obtuvieron la promesa de que no se iniciarían expedientes por absentismo escolar. “La directora nos comunicó que no lo harían porque no se cumplía ninguna medida de seguridad como distancia social o ratio”, relata Montañés. Sin embargo, no consiguieron que constase por escrito.

Además, les avanzaron una solución: la atención telemática, sin concretar cómo se realizaría. Según explicó la Delegación en una carta, es el colegio el que debe valorar qué medidas adopta para garantizar el derecho a la educación online de la niña. “La directora nos informó de que podrían dar clase telemática y no presencial, pero que no tenían medios humanos o materiales, y que hablaría con la inspección y la Delegación de Educación”, cuenta Montañés.

El 4 de diciembre, casi tres meses después de que comenzara el curso, el colegio detalló el plan a los padres de María: una profesora enviará las tareas de matemáticas el lunes (una hora), resolverá dudas y corregirá el miércoles (hora y media) y volverá a remitir tareas de todas las asignaturas el viernes (una hora). No corregirá las asignaturas bilingües porque no sabe francés y el resto de profesores no “dispone de horas” para corregir.

La Delegación explica que el centro ha ofrecido asistencia telemática “dentro de sus capacidades” y admite implícitamente que éstas pueden no ser suficientes: “La Delegación Territorial de Educación está estudiando nuevas medidas y trabajando para dotar al centro de más recursos”. Por su parte, la dirección del colegio se remite a lo que diga Delegación.

“Mis hijos son discriminados por ser vulnerables”

“Teniendo en cuenta que es un centro bilingüe de francés y que hay al menos tres asignaturas con gran carga lectiva a las que no va a poder ayudarles esta profesora, no creo que con esas pocas horas de atención puedan atenderlos de las ocho asignaturas”. Para Mariola, profesora de secundaria, la única alternativa eficaz sería la docencia sincrónica, similar a la que se realiza a partir de tercero de ESO: “Un ordenador en el aula, con una cámara que solo enfocaría al profesor y que los niños puedan ser atendidos por videoconferencia”. Esto se completaría con una classroom en la que se irían subiendo las tareas.

Hasta ahora, se ha venido enterando de las tareas de clase porque se las remite la madre de una compañera de sus hijos. No accedió a los libros, que teóricamente no se pueden sacar del centro, hasta octubre. Cree que la administración está cercenando el derecho a la educación de sus hijos. “Mi hija es discriminada respecto al resto de compañeros por ser vulnerable”, insiste la mujer.

Este miércoles, después de que la niña recibiera su primera atención telemática durante media hora, ha vuelto a escribir a Delegación: “Lo peor del asunto es que su atención ha sido usando su propio móvil, el de la profesora, la mujer estaba con una mano escribiendo en la pizarra y en la otra tenía que tener el móvil. Yo sigo pensando que esta no puede ser la solución que llevan meses buscando varios altos cargos de la Delegación de Educación. Me niego a pensar que tras esas reuniones esta sea la solución. Confío en que haya algo más”.

La última semana se cerraron en Andalucía dos de los 7099 centros educativos y 133 aulas de 78.024. Algo menos del 2% de los centros tuvieron casos de coronavirus registrados en la primera semana de diciembre, según las cifras oficiales, que han mejorado en el último mes en paralelo a la evolución de los indicadores de transmisión. La semana del 6 de noviembre, coincidiendo con el pico de la segunda ola, el porcentaje de centros afectados alcanzó el 5,3%.

El caso de estas familias ilustra las dificultades del sistema para dar respuesta a una situación que afecta presumiblemente a miles de niños y niñas en Andalucía. “Así llevamos tres meses, viendo cómo se pasan la pelota de un lado a otro y tomándonos el pelo a las nueve familias”, se queja Silvia Montañés. Mariola Moya advierte de que seguirán reclamando para garantizar el derecho a la educación de sus hijos. “Solo pedimos que atiendan a estos niños como a los demás”.