La escuela andaluza se examina de 1º de pandemia: efectos secundarios de la Covid-19 en las aulas

Hay pocas cosas más complejas y delicadas para una administración (y para una familia) que el inicio de un curso académico. El volumen de la población escolar de Andalucía complica aún más la planificación de la vuelta al cole: 1,8 millones de alumnos (la suma de toda la población empadronada en Aragón y Cantabria); alrededor de 126.500 docentes y más de 7.000 centros escolares. La organización del curso 2020-2021, que arranca el 10 de septiembre, está siendo caótica porque las normas sanitarias de seguridad contra la Covid-19 han desbaratado el normal funcionamiento de las escuelas.

Padres y profesores exigen respuestas concretas a escenarios inéditos y, desde hace dos meses, la Consejería de Educación redacta casi compulsivamente soluciones a la carta, guías o directrices orientativas, porque en última instancia la toma de decisiones pedagógicas y organizativas es de las escuelas. Y cada escuela tiene unas características propias.

Hay mucho nerviosismo en la comunidad escolar ante la posibilidad de que un niño se contagie y propague el virus por el aula entre el resto de alumnos y profesores. La Junta ha incrementado la plantilla en 4.984 maestros de apoyo, que llegarán al 57% de las escuelas, ha ordenado a los centros diseñar un protocolo Covid (unas instrucciones de cómo actuar contra el virus) y liberar a un docente para que se coordine con el centro de salud más próximo. Los centros recibirán mascarillas y lotes de jabón hidroalcohólico, todos los maestros se harán el test rápido antes de que empiecen las clases y recibirán formación específica sobre cómo actuar en caso de que haya un contagio. Pero el vértigo sigue ahí. Hay demasiados niños por aula y demasiado poco espacio para garantizar la distancia de seguridad, el antídoto más eficaz contra el virus hasta la fecha.

Muchos docentes se han pasado el verano protestando enérgicamente a través de las redes sociales, denunciando la falta de recursos humanos y materiales para garantizar la seguridad en las aulas que el Gobierno andaluz está publicitando. De una parte, están los vídeos musicalizados con colegios blancos y niños limpios que parecen salidos de una película futurista, con los que la Junta promociona una vuelta al cole segura. De otra parte, la oposición de izquierdas esgrime un discurso catastrofista y explota el miedo y las inseguridades de las familias y los maestros.

Responsabilidad compartida

La preocupación de los padres se acrecienta a medida que se acerca el primer día de clase. La Consejería de Educación lleva desde julio reuniéndose con los sindicatos de profesores. El departamento de Javier Imbroda también ha sufrido el vértigo de la responsabilidad ante lo que se avecina, hasta el punto de reclamar al Ministerio de Educación una solución específica para un ámbito competencial que es exclusivo de las comunidades autónomas desde los años ochenta.

Uno de los efectos secundarios más raros de este virus ha sido la repentina pérdida de memoria de algunos políticos sobre el reparto competencial de la enseñanza. La política educativa es cosa de la Junta de Andalucía; la responsabilidad de los colegios de Infantil y Primaria (seguridad, limpieza) depende de los ayuntamientos; los institutos de Secundaria y enseñanzas postobligatorias pertenecen al ámbito de la Consejería de Educación. Para garantizar la higiene, seguridad, limpieza y distancia social entre alumnos de 3 a 13 años, debe existir diálogo entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos. Los consistorios pueden ofrecer espacios municipales disponibles a la Junta como alternativa a para aquellas escuelas de Infantil y Primaria sin espacio físico para desdoblar los grupos.

317 dudas resueltas

Esta amnesia repentina sobre qué responsabilidad tiene cada uno en el inicio del curso escolar también ha afectado a muchos profesores. Desde julio, el departamento de Imbroda ha enviado a los colegios varias instrucciones para aclarar a los equipos directivos de las escuelas cómo organizar este curso tan raro, afectado por la pandemia. Las instrucciones no tienen un rango normativo sólido, como el de una orden o un decreto. Son indicaciones genéricas que distribuye la Consejería de Educación para aclarar dudas a los profesores y los padres, para tratar de aplacar el ambiente de nerviosismo e incertidumbre reinante.

Algunas responden a situaciones inéditas que va a provocar el coronavirus en las aulas, por ejemplo, qué hacer en caso de que se confirme un positivo en un grupo de Primaria. ¿Se confina ese grupo o todo el colegio? Pero otras instrucciones no son sino recordatorios de la normativa vigente, no hacen sino recordar a los docentes hasta dónde llega su responsabilidad dentro del aula. Una de las respuestas más llamativas fue la que aseguraba que un posible contagio en la escuela “en ningún caso será achacable al centro”. La propia Junta reconoció después que, ante la denuncia de un padre, el centro escolar sería responsable civil subsidiario, en tanto que la titularidad es de la propia Consejería de Educación. Más extraño aún fue preguntar qué pasaría si una familia decidiera no llevar a su hijo a la escuela por temor a un contagio, sin ningún documento médico que lo justifique (una patología previa serviría de justificante clínico, pero dependería del médico de cabecera, no del maestro). Educación respondió que se aplicaría el protocolo de absentismo escolar, como dicta la normativa, y algunos medios interpretaron que la Administración estaba “amenazando” a las familias.

Una ley pionera

El virus ha provocado miedo y el miedo ha hecho olvidar a muchos que Andalucía fue la primera comunidad que se dotó de una Ley de Educación autonómica (LEA; 2007), que emanaba de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006); y que existen unos reglamentos orgánicos de centros, los famosos ROC, que dotan a las escuelas andaluzas de uno de los mayores márgenes de autonomía organizativa y pedagógica del país. La LEA está en vigor y, 13 años después, sigue siendo un lienzo en blanco para el profesorado que apueste por la innovación y la experimentación pedagógica.

Por supuesto, nada de esto tiene sentido a las puertas de un curso en el que la mayor preocupación es que se produzca un contagio masivo de alumnos y profesores que obligue a cerrar las escuelas. Pero sí es significativo. A principios de agosto, Educación hizo público un documento con 91 preguntas y respuestas para aclarar las dudas más comunes de la comunidad educativa sobre el curso escolar de la Covid. Era un compendio de las 317 preguntas que profesores, equipos directivos y asociaciones de padres de alumnos habían hecho llegar a la Administración. Algunas de esas dudas, a las que tuvo acceso este periódico, demostraban una absoluta falta de conocimiento sobre la normativa en vigor, el funcionamiento de los centros y la competencias del profesorado.

El virus no ha cambiado la ley. Ha obligado a adaptar ciertas normas a la compleja realidad de la pandemia, pero los equipos directivos y los docentes disponen de un concepto clave para afrontar esta situación: autonomía pedagógica y organizativa. Los docentes no tienen conocimientos ni competencias médicas, ni se les presupone ni se les exige, pero tienen potestad para reorganizar las asignaturas, las metodologías, las evaluaciones, las clases, los grupos, los espacios de los que disponen. Todos los actores de la enseñanza consultados coinciden en que la pandemia ha sobrepasado al equipo de Imbroda, pero también subrayan que las costuras del sistema educativo andaluz ya estaban muy prietas (elevada tasa de fracaso escolar, absentismo, brecha social entre alumnos, segregación por distritos escolares, escasa inversión por alumno, deficiente formación del profesorado... En una cosa dan la razón al consejero: “La educación es una responsabilidad compartida” por la Administración, los maestros y las familias. Antes y después de la pandemia.

Poder en las aulas

¿Qué pueden hacer los colegios? ¿Cómo pueden prepararse para un curso en el que la principal debilidad ante el virus es la principal debilidad de la escuela andaluza? La ratio. Aulas con un límite legal de 25 alumnos en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, que en los centros de las principales ciudades llegan a 28, 33 y 38 estudiantes por aula (apurando un margen del 10% que permite la normativa).

Ante la Covid-19, la Consejería de Educación les ha garantizado por escrito más margen de maniobra para flexibilizar el currículum y los horarios, para subdividir grupos de alumnos, agrupar o fusionar las asignaturas de un mismo ámbito de conocimiento, alternar clases presenciales, semipresenciales y a distancia, trabajar por proyectos, evaluar por competencias...

Tres fórmulas para organizar el aula

La última circular de Educación incluye tres modelos de organización curricular flexible para el alumnado de 3º y 4º de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial. No son más que propuestas orientativas, porque la potestad para diseñar la mejor fórmula para impartir clases sigue siendo de los institutos (con ciertos límites, por ejemplo, la presencialidad es obligatoria para los alumnos de 3º de ESO en al menos dos tercios del horario lectivo).

Las tres fórmulas que ofrece la Junta son la “docencia sincrónica”: clases presenciales para una parte del alumnado y el resto conectado desde su domicilio al mismo tiempo; “docencia semipresencial para grupo completo”: combinar sesiones lectivas presenciales para todo el grupo (de obligada asistencia) con lecciones telemáticas. Esta fórmula no incluye las dos horas semanales de Educación Física y otra de una materia de libre configuración, que seguirán siendo presenciales.

Por último, la “docencia semipresencial con asistencia parcial del alumnado”: es la propuesta más polémica y que más han discutido los sindicatos de profesores. Se trata de una asistencia presencial de “sólo la mitad del grupo-clase, con alternancia” de estudiantes. Unos irían a la escuela los días pares y el resto los días impares, por ejemplo, facilitando así la distancia de seguridad dentro del aula. Este modelo sí precisa de una autorización expresa de la Consejería de Educación, pero algunas fuentes consultadas muestran dudas al respecto: los padres de un niño podrían exigir su educación presencial en todo momento y teóricamente la ley le ampara.

Muchos centros escolares de Andalucía ya ejercían esta autonomía pedagógica y organizativa antes del coronavirus. Estos días, hay escuelas que han innovado en su protocolo Covid -un documento obligatorio para todos, que deben conocer los padres de sus alumnos-, con propuestas interesantes, como organizar cursos de educación emocional para explicar a los chavales qué demonios está pasando y por qué todo el mundo está nervioso y crispado.

Esta hipertensión en el aire no es exclusiva de Andalucía, aunque aquí el diálogo entre la Consejería de Educación y la comunidad educativa no ha servido para aliviar el ambiente. Los sindicatos de profesores con representación en la mesa sectorial siguen denunciando falta de maestros de apoyo en las aulas para bajar la ratio de alumnos por clase y garantizar la distancia de seguridad. El departamento de Imbroda ha sondeado a la Consejería de Hacienda y está dispuesto a contratar a 800 más -por ahora el aumento de plantilla sólo lo notará el 57% de las escuelas, las de mayor tamaño-, pero los sindicatos han puesto la línea roja en 2.000 contrataciones más. La Confederación de Padres de Alumnos de la Escuela Pública en Andalucía (Codapa) ha anunciado movilizaciones.

La escuela andaluza es un multiorganismo vivo y complejo, lo que pasa en una escuela en Almería no tiene por qué afectar igual a un instituto en Málaga. Así era, al menos, hasta que llegó la pandemia.