Exalumno de un curso: “Tengo un título de productos cárnicos y no sé ni hacer un chorizo”
El primer y único exalumno de un curso de formación para desempleados de la Junta de Andalucía que pasará por la comisión de investigación, Javier Martín, ha ofrecido este lunes a los diputados que la integran el testimonio de la frustración de un hombre que esperaba tener una oportunidad para encontrar trabajo con una mayor cualificación y que se topó con que no aprendió “nada”, lo usaron “como a un peón” y, si estaba en paro en 2009, hoy continúa igual.
En concreto, este exalumno, que ya tuvo que declarar en la comisaría en el marco de las investigaciones por el supuesto fraude con estas subvenciones de la Junta de Andalucía, realizó en 2010 un curso de especialidades cárnicas en Alhaurín El Grande (Málaga), promovido por Juan Enrique Zumaquero, con un total de 744 horas de duración y con un compromiso de contratación del 70%. El curso se hizo en la fábrica de Embutidos Moreno Plaza del citado municipio, tanto las prácticas como la teoría.
Ha detallado que la teoría les era impartida a la veintena de alumnos que pasaron por el curso -hubo rotaciones- era en “un espacio no habilitado para ello”, en sillas de colegio “para niños de primaria” donde no cabían y “sin ni siquiera aire acondicionado”. En todo caso, el grueso de las horas fueron prácticas, y el exalumno ha explicado que no aprendieron nada, pese a que recibieron un título de manipulación de alimentos de mayor riesgo, otro de seguridad laboral y el de elaborador de productos cárnicos, “pero todo regalado” porque tampoco tenían más exigencias. “Hacíamos trabajo sucio: lavar cestas, colgar chorizos, cargas palés, cortar tocino… nada de elaborar embutidos”, ha descrito. “No soy capaz ni de elaborar un chorizo”.
Después del curso, en el que lo trataron como “a un idiota” y dejándole una sensación de “perplejidad”, le hicieron un contrato de media jornada que le duró “ocho días” porque lo “echaron” cuando comenzó a publicar en su blog sus vivencias con el curso. Durante ese tiempo de contrato, “como otros” exalumnos de los que contrataron “in extremis” porque le cumplía el plazo de seis meses que tenía para la inserción del 70%, hicieron tareas en una vivienda para el promotor del curso: “Fui a su casa a cambiarle los bajantes porque soy fontanero. Igual que otro que era albañil le tiró unos tabiques”.
Javier Martín ha reconocido que cuando lo cuenta, todos le preguntan que por qué no lo denunció, pero para eso hace falta “tiempo, dinero y ganas” y él sólo tenía de esto último, pero sí lo puso en conocimiento de un funcionario de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo por correo electrónico en 2011, cuyo envío y respuesta ha mostrado a los diputados. Incluso después de su escrito “esta persona continuó recibiendo subvenciones para formación”. De hecho, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) centró sus sospechas sobre unos 250.000 euros de subvenciones en este caso y cuya investigación está en poder de los juzgados.
Inspecciones sobre aviso
Se ha preguntado por ello que por qué la Junta de Andalucía no verificaba la calidad de unos cursos pagados con dinero público. “Cuando venía la inspectora de la Junta de Andalucía lo sabíamos de antemano. Nos juntábamos los 15 en la sala más grande y hacíamos como que mirábamos a las mujeres envasando. Y la inspectora hacía su papel diciendo que 'si había algo mal que se lo dijéramos', pero sabíamos que si levantabas la voz te iban a echar y no entrabas en ese 70% que podía trabajar luego”.
Todo esto lo ha relatado en su exposición y a preguntas de los diputados de la oposición. Sin embargo, la diputada del PSOE-A, Marisa Bustinduy, le ha recriminado que en su blog haya dicho cosas que no son verdad, pese a que Javier Martín ha comentado que no tiene ninguna demanda de los aludidos. De todas maneras, la diputada le ha recordado que la comisión de investigación “no está para titulares de prensa” y, tras echarle en cara que haya ido a programas de televisión a hablar de esto, le ha apuntado que es “un alumno muy poco representativo del más de un millón de personas que ha hecho cursos de la Junta de Andalucía y que han sabido aprovecharlos y les han proporcionado un puesto de trabajo estable”. Por eso, no sin lamentar “enormemente” lo que a él “le ha tocado vivir”, ha insistido en que su caso “no responde a la generalidad”.
El cara a cara con la socialista ha sido duro, especialmente cuando la parlamentaria le ha apuntado que “debió haberlo denunciado porque ir a la fiscalía no cuesta dinero”, a lo que él le ha contestado que por qué no fue la persona que está en nómina de la Junta de Andalucía con la que se puso en contacto. Igual que cuando Marisa Bustinduy le ha preguntado que por qué no se lo decía a la inspectora en lugar de quedarse “callado”. Javier Martín le ha replicado: “Usted no sabe lo que es que le falte pan a sus hijos o tener que ir a los servicios sociales a pedir un poco de arroz”. Finalmente, la diputada le ha recordado que “si este empresario lo ha hecho mal, la Junta de Andalucía le reclamará el dinero” de las subvenciones, como le “consta” que se está haciendo.
En el turno de las conclusiones, la oposición ha acusado a los socialistas de “hostigar” al compareciente después de que éste terminara con una reflexión dirigida a Marisa Bustinduy en la que ha llegado a decir: “Estamos en un país de chorizos y la culpa es nuestra por votarles”, a lo que Julio Díaz, presidente de la comisión de investigación, se ha apresurado en darla por concluida porque se le descontrolaba la sala.
