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El grupo parlamentario andaluz de Podemos ante el juez por el despido de un errejonista

Teresa Rodríguez flanqueada por Carmen Lizárraga (izquierda) y Esperanza Gómez este miércoles.

Olga Granado

El Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla ha fijado para el 5 de septiembre juicio contra el grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía tras admitir a trámite la denuncia que presentó Antonio Castellano, enlace de la oficina del grupo parlamentario en Huelva que fue despedido por burofax y sin negociación previa. Su salida se produjo justo después de que tomara posesión la nueva ejecutiva tras las primarias que revalidaron a Teresa Rodríguez como coordinadora general del partido en Andalucía y dejaron un papel testimonial para los errejonistas.

Precisamente Antonio Castellano formaba parte de ese núcleo crítico que mayoritariamente se posicionó con las candidaturas lideradas por Begoña Gutiérrez o por la también diputada Carmen Lizárraga. En concreto, él iba en la lista de la primera, también secretaria general de Podemos en Sevilla.

El suyo fue el único despido por esta vía en las oficinas parlamentarias que Podemos tiene repartidas por las ocho provincias y donde había recalado por un acuerdo entre el parlamentario Jesús Romero, hombre de la máxima confianza de Teresa Rodríguez, y la secretaria general de Podemos en Huelva, la errejonista Pepa Gallardo, igualmente en la candidatura de Begoña Gutiérrez y que todavía espera que la comisión de garantías se pronuncie después de que le hayan cambiado la cerradura de la sede y no tenga acceso a la misma, lo que también ilustra las tensiones entre uno y otro bando.

De este modo, Antonio Castellano era enlace con el exsecretario Político, David Benavides, cargo que tras las primarias pasó a ocupar la mano derecha de Teresa Rodríguez, el también diputado Jesús Rodríguez. En cualquier caso, el burofax que recibió lo firmaba el grupo parlamentario, mientras que la posterior carta de despido que necesitaba para pedir el desempleo tenía estampada la rúbrica de Teresa Rodríguez. Su denuncia iba contra su empleador, el grupo parlamentario, y es contra quien procede el juzgado.

El que fuera asesor técnico de esta oficina -que era la categoría en la que figuraba- ha comentado que le dolió especialmente la manera en que se le despidió y el hecho de que desde el partido se comentara luego que “él sabe perfectamente los motivos”. En declaraciones a eldiario.es/andalucia subraya que todavía está esperando que se los expliquen. Es más, los críticos de Podemos en Andalucía sostienen que el despido se debió a la “purga” de errejonistas que comenzó tras las primarias. Y recuerdan también que Carmen Lizárraga y Esperanza Gómez -que fue en la lista de la primera para las primarias- quedaron relegadas del grupo parlamentario recientemente con la nueva reorganización. Desde el grupo parlamentario no han querido hacer ninguna valoración de este auto, si bien han recordado que hubo dos despidos más: el de otro técnico en la oficina parlamentaria de Huelva y uno más en Córdoba.

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