El ponente del juicio de los ERE anima al PP a promover una ley si no quiere jueces en política
El presidente y ponente del juicio de la rama política del caso ERE, Pedro Izquierdo, secretario general de Justicia en la Junta entre 2008 y 2014, se ha defendido este jueves por primera vez de escritos de proposición de recusación presentados por el PP y por Manos Limpias, insistiendo en que no ha planteado su abstención del conocimiento del procedimiento porque no concurre causa legal para ello. En la defensa de su decisión, más allá de lo que finalmente se resuelva, la ha dado un consejo al PP en el sentido de que, si no quiere jueces en la gestión política, podría proponer si quisiera un cambio normativo que limite esa posibilidad.
“Si la entidad recusante -en alusión al PP- considera que no resulta conveniente la participación de magistrados y magistradas en órganos de gestión del servicio público esencial de Justicia siempre podrá promover, y tiene capacidad para ello, la correspondiente modificación legislativa que limite lo que hasta ahora se ha permitido”, dice Izquierdo.
A ese respecto, el magistrado considera no obstante que el PP “debe ser consciente que ello podrá suponer privar a la Justicia de la experiencia de profesionales que mejor pueden conocer los problemas y aportar soluciones, y todo ello en un contexto realista, en cuanto transciende de los simples informes, y, por su proximidad e inmediatez a la gestión diaria, de forma más efectiva”, dice Izquierdo en un momento de su informe de 37 páginas, dirigido la Sala a la que corresponda conocer de los incidentes de recusación, tras serle asignada la causa en un doble sorteo, uno público, y otro ya en la sede de la Sección. Seis exaltos cargos de la Junta (entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo) se han opuesto a la recusación.
Con ese hilo argumental, Izquierdo reconoce que “es cierto que mi continuidad en el tribunal conociendo del procedimiento va a suponer el tener que afrontar por mi parte un reto de abstracción de todo lo sucedido que, aunque vencible, pudiera pensarse que de no lograrlo podría implicar un riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada, no sólo respecto a las pretensiones de los recusantes sino también en cuanto a las planteadas por los encausados y encausadas”. Pese a ello dice tener la “percepción subjetiva” de “poder ejercer de forma responsable mis obligaciones profesionales como presidente de la Sala y ponente.
“Ningún conocimiento del objeto del litigio”
Izquierdo asegura que no ha tenido “ningún conocimiento del objeto del litigio que no fuera el general que pudiera tener el sector de la población interesada en estar informada, por lo que no he podido formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”.
“Al tiempo de ser nombrado, ni conocía ni tenía relación de ningún tipo con los encausados o encausadas”, y apunta que su nombramiento por parte del Consejo de Gobierno “sólo pudo estar motivado por mi trayectoria profesional y por el interés, que se me indicó, que accediera a la Secretaría General de Justicia una persona que pudiera aportar su experiencia técnica en esta materia”.
El magistrado hace una “mención especial” a la alegación de una de las recusantes a “una supuesta afinidad ideológica” con los encausados, a lo que responde que “teniendo desde luego convicciones de todo tipo, como todos los magistrados y magistradas, no considero que mi decisión de aportar fuera de la jurisdicción mi experiencia profesional para la mejora del servicio público de Justicia (...) me inhabilite para el posterior desempeño de mi trabajo ordinario en la jurisdicción sino concurren las causas de abstención y recusación legalmente previstas”. Considera “significativo” que “ninguna referencia se aporta relativa a posibles manifestaciones públicas que hubiera podido efectuar de mis convicciones o creencias susceptibles de inquietar a los recusantes”.
Sobre su trabajo en la Consejería dice que “la magnitud de la responsabilidad de la Secretaría General para la Justicia (...) dejaba escaso margen para dispersar en otras cuestiones ajenas mi atención, entre la que desde luego nunca estuvo las que se refieren en las presentes actuaciones, no teniendo por tanto, como antes se ha indicado, ningún conocimiento que no fuera el general de una persona interesada en estar informada”.
Izquierdo repasa todas y cada una de las competencias como secretario general, referidas a la administración de la Administración de Justicia, advirtiendo de que “nunca” ha intervenido en otros ámbitos competenciales de consulta o decisión ajenos a ella, “ni formado tampoco parte de otros órganos colegiados de gobierno”.
“En una estructura jerarquizada no suele ser frecuente, al menos no lo ha sido respecto al desempeño de mi actividad, la relación directa ni con los que se encuentran en un ámbito superior y distinto de responsabilidad”, señala sobre su “relación de subordinación” que había planteado el PP. Añade “con pudor” que “la razón única” de incorporarse a la Junta de manera temporal “no fue otra que tratar de mejorar la Administración de Justicia aportando mi experiencia profesional”.
Tras su elección, reconoce también que “no sólo se ha visto ya perturbado el sosiego y tranquilidad con la que como ponente debería haber comenzado a abordar el estudio de las actuaciones para su posterior enjuiciamiento con la Sala, sino también, el que como consecuencia de la forma de cuestionar mi inclusión en el Tribunal, se ha visto éste también afectado, al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio”.
Sin relación íntima
“Ni me une ni me ha unido ninguna relación con las partes personadas que pueda llegar a calificarse como íntima, ni considero que pueda entenderse que como consecuencia de mi nombramiento y renovación en la Secretaría General para la Justicia tenga que tener un especial sentimiento de agradecimiento por la relación de confianza que se dice me ha vinculado con algunos de los encausados por estas circunstancias”, añade.
Una curiosidad de su informe, cuando habla del supuesto conocimiento de los encausados, cuenta la “paradoja” de que mantuvo una relación profesional con una persona vinculada con una de las entidades recusantes por haber estado desempeñando esta última las funciones correspondientes al Decanato de los Juzgados de Sevilla en el año 1992 en el que se llevó a efecto mi incorporación al Juzgado de lo Penal número 7 procedente de mi anterior destino en el Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid“. Sin nombrarlo, se refiere a Juan Ignacio Zoido, expresidente del PP-A y ministro del Interior, ”a quien tengo que agradecer, sin que de ello se derivara tampoco una amistad íntima, todas la atenciones que tuvo conmigo para facilitarme mi incorporación a dicho jugado y a esta ciudad para mi desconocidos“.
“Mi permanencia en la Secretaría General para la Justicia, en Justicia no en otras responsabilidades, ha tenido lugar bajo el mandato de dos Presidentes y una Presidenta de la Junta de Andalucía, y dos Consejeras y tres Consejeros, por lo que no parece corresponderse con lo antes expuesto y me permite poder pensar que la razón de mi nombramiento, y continuidad en la Secretaría General para la Justicia, obedeció a razones estrictamente profesionales”. “Me siento orgulloso de haber servido a la Justicia desde la administración de la Administración de Justicia”, insiste.
