Las residencias de ancianos en Andalucía llevan meses sin cobrar
Uno de los sectores en el que muchos auguraban un gran futuro está haciendo aguas. La crisis en sus diferentes formas está haciendo mella en las residencias y los Centros de Día de Andalucía que se están quedando vacíos. En la región hay 21.000 plazas distribuidas en 403 centros, cuando en 2004, según datos facilitados por la Junta de Andalucía, el total de plazas residenciales financiadas por parte de la Administración era de 9.560 (2.545 en residencias propias y 7.015 en concertadas) repartidas en 110 centros. El crecimiento en las concertadas fue exponencial: en sólo cuatro años (entre 2004 y 2008) las plazas financiadas subieron a 14.891 (el doble), mientras las propias se quedaban en 3.098 (sólo 553 más). Las posibilidades de negocio que muchos vieron estaban claras. Ahora, el sector cae en picado por la falta de financiación pública y la situación económica de las familias andaluzas.
Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) aseguran que el 20% de las plazas en las residencias están desocupadas y el 40% tendrán que reciclarse para convertirse en lugares de alojamiento y manutención, ya que no pueden hacer frente a los gastos que supone “mantener personal especializado”.
Los grandes problemas del sector “son los impagos de la Junta y el déficit tarifario”, explican sus representantes. “El Gobierno adeuda las cuotas de las plazas desde hace varios meses”, asegura Alicia Azaña, presidenta de Aesta. Esta situación está provocando, apostilla García Torres,de Faecta, “que muramos de inanición”. “El retraso en los pagos acumula cuatro meses y no podemos hacer una previsión de fondos porque no sabemos cuándo nos van a pagar ni cuánto”, señala. El precio que hasta ahora ha abonado la Junta, según los responsables de los centros, tampoco se corresponde con la realidad. “El coste real de los servicios que se prestan es de 70 euros y las tarifas que la Junta paga están en torno a los 50 euros, además desde 2011 con bajadas”, explica la presidenta de Aeste.
Además denuncias que las plazas no se están cubriendo. “Cuando una persona fallece, no la reponen; los expedientes están parados desde agosto”, dice Maribel Cotija, miembro de la Secretaría Técnica de Lares Andalucía (Federación de Residencias y Servicios de atención a los mayores –sector solidario-). Toda esta situación ha llevado a que las residencias y los centros de día se estén quedando vacíos con el consiguiente despido de trabajadores. Sólo el sector socio sanitario de Faecta Andalucía, este año cuenta con 6.500 empleados, 800 menos que en 2012.
Más recortes en el horizonte
El panorama se presenta aún más oscuro debido a que el pago de las plazas, en buena parte financiadas en su totalidad o cofinanciadas por la Administración andaluza, podría sufrir un importante recorte. La Junta lleva varios meses trabajando en un borrador, que ya ha hecho llegar a los diferentes colectivos, en el que se plantea una reducción en el pago de tarifas del 12% y una disminución en la ratio de trabajadores por paciente. Esto, dicen los representantes, no sólo rebajaría la calidad de la atención a los mayores (hasta la fecha hay un cuidador cada dos dependientes –un 0,5- y se quiere bajar al 0,4), sino que también daría una cobertura legal a despidos masivos de trabajadores.
La Junta de Andalucía, por su parte, explica que las reducciones de las cuantías del Gobierno central para las comunidades autónomas les han llevado a tomar estas medidas “para cumplir los objetivos exigidos en materia de reducción del déficit público marcados”. El Gobierno andaluz, sin embargo, según asegura la consejera Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha prometido públicamente que no se bajarán los ratios de trabajadores, aunque el resto de las propuestas continúan sobre la mesa “ya que se trata de un proceso de negociación abierto”.
La paga del abuelo “para ir tirando”
La otra cara de la quiebra de las residencias y los recortes la ofrecen las familias. Las familias están sacando a sus mayores de este tipo de establecimientos porque, según Alicia Azaña, secretaria general de Aeste, “la gente no tiene dinero para mantener a sus familiares en las residencias”. “Algunos sólo tienen como único ingreso la paga del abuelo o del dependiente, -apunta- así que deciden cuidarlos ellos. Al perder el trabajo tienen más tiempo y menos ingresos, y la solución a los problemas económicos que muchos encuentran pasa por llevarlos a sus casas”.
Es la razón que llevó a Rosa Martínez, de Granada, a sacar a su madre de una residencia. “No teníamos que pagarlo todo, porque la plaza estaba concertada con la Ley de la Dependencia, pero el dinero que se nos abonaba nos da para ir tirando”. Con tres hijos y el padre en paro desde hace dos años, “el futuro no es muy bueno”, se lamenta, “porque mi marido tiene 55 años y ya no va a encontrar otro trabajo, vivimos con la ayuda de 400 euros y la paga de mi madre”. La pregunta que se hacen en esta casa cada día es qué pasará cuando uno de los dos recursos se termine.
Pese a la situación de Rosa, ella puede sentirse afortunada, porque su madre no necesita grandes cuidados. “El problema está”, explica María del Mar García Torres, presidenta del sector sociosanitario de Faecta (organización que representa al cooperativismo de trabajo en Andalucía), “en las familias que tienen a su cargo a grandes dependientes que no pueden ser cuidados en el hogar porque necesitan una atención especializada o en aquellos casos en los que las familias no están preparadas para asumir esa carga”.
