Diez años de retraso para instalar un ascensor con el que volver a pisar la calle
La escalera de este edificio del barrio cordobés de La Viñuela ve pasar cada día la historia de sus vecinos. En el primero izquierda vive un matrimonio mayor. Él, con 84 años y ella, ya con 80, enferma, no pueden bajar los diecinueve escalones que les separan de la calle. En la puerta de enfrente, vive una pareja que ya hace tiempo que cumplieron los 60 años y ella, operada de la rodilla, baja y sube las escaleras con muchas dificultades. En la planta de arriba, el segundo izquierda está ocupado por una mujer viuda, de 80 años, que vive sola; no puede subir con la compra y hace unos días se cayó en los escalones. El segundo derecha ahora está vacío; en él vivía un matrimonio también de edad y, enfermos, han acabado por irse de su piso por la falta de accesibilidad. Una planta más arriba vive otro matrimonio: él, cercano a los 80 años, enfermo y operado del corazón, se mueve con dos muletas por el piso; la calle apenas la pisa. Ella, operada de las dos caderas, se ayuda de un bastón. Y en la cuarta planta vive Dolores, de 70 años, operada de una rodilla donde lleva una prótesis y en espera de la misma operación para la otra pierna, se cayó en las escaleras hace unas semanas.
Dolores ha hecho de portavoz de sus vecinos para contar a eldiario.es/andalucia la lucha que protagonizan desde hace más de una década para que en su edificio instalen un ascensor. Es un ejemplo de la realidad que viven miles de personas -atrapadas durante años a la espera del sí definitivo de la Junta de Andalucía que subvenciona las obras- y que este miércoles llevan su reivindicación a las puertas del Palacio de San Telmo, en Sevilla, para hacérsela llegar a la presidenta, Susana Díaz.
En 2005, Dolores pagó 5.064 euros por el proyecto de un arquitecto para la instalación del ascensor y por la licencia de obra para llevarla a cabo. Como ella, el resto de sus ocho vecinos. “Todos somos trabajadores. Mi sueldo no me da para arreglar mi piso, pero ahorré para pagar el ascensor”, cuenta. Y diez años después, su edificio sigue sin elevador, después de decenas de idas y venidas de la delegación provincial de la Junta en busca de respuesta durante todo este tiempo, acompañada incluso a veces en taxi por uno de sus vecinos enfermos. “Los vecinos hemos pagado, hemos cumplido todos los requisitos”, denuncia. Y añade con desesperación que llevan años tras la firma del último papel, el convenio de obra con la Junta, que dicen haber solicitado una y otra vez: “No nos lo han querido dar para firmarlo por no comprometerse”.
Como el caso de Dolores y sus vecinos hay cientos sólo en Córdoba. Miles en Andalucía. La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba se puso al mando del problema hace meses y ha creado una plataforma de afectados. “Hay personas con problemas de movilidad a las que se les está condenando a no poder salir de su casa y a ver la ciudad desde la ventana”, explican desde la federación. Sus números dicen que en la capital y la provincia de Córdoba hay 485 comunidades de propietarios a la espera de ascensor, unas 15.000 familias; 44 de esas comunidades ya tienen el convenio de obra firmado con la Junta de Andalucía. El resto, ya cuenta con los proyectos arquitectónicos y las licencias de obras pagadas para cumplir los requisitos pedidos.
En toda Andalucía, las cifras suben hasta las 4.000 comunidades de propietarios afectadas por las mismas causas, según datos de Al-Zahara. La mayoría de ellas viven en barrios con un parque de viviendas que se construyeron sin plantearse la instalación de ascensores. Y, pasado el tiempo, quisieron ponerlo con las ayudas de la Junta, que en un principio cubrían entre el 75% y el 90% del gasto de la construcción.
Inclusión en los presupuestos de 2016
De unos meses a esta parte, las protestas de los vecinos se han hecho más fuertes. La indignación es máxima. Han protagonizado varias concentraciones ante la Delegación del Gobierno en Córdoba y han escrito una carta dirigida en octubre a su máxima responsable, de la que aún esperan contestación. Hace dos semanas, mantuvieron un encuentro con los parlamentarios andaluces por Córdoba para exponerles su problema; acudieron representantes de PP, IU, Podemos y Ciudadanos; el PSOE no hizo acto de presencia.
Y ahora han decidido llevar su protesta hasta Sevilla, donde han solicitado una reunión con Susana Díaz. Su objetivo es que se ponga fecha para iniciar las obras de instalación de ascensores de los proyectos ya aprobados y que, en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016 que aún están por aprobar, se incluyan las partidas necesarias para el resto de comunidades de propietarios afectadas y se agilicen los trámites.
Ante los movimientos vecinales, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, anunció a finales de octubre una partida de ocho millones de euros en los próximos presupuestos autonómicos para atender las ayudas ya comprometidas para la instalación de ascensores en edificios residenciales con aquellas comunidades de vecinos que llegaron a firmar con la Junta los correspondientes convenios de obra.
Pero los vecinos quieren que ese presupuesto se amplíe y un compromiso para que se reactiven los trámites del conjunto de las comunidades de vecinos afectadas, que llevan años esperando un ascensor, para que puedan por fin subir a sus casas sin utilizar la escalera.
