Vox cuela la “violencia intrafamiliar” en el dictamen de la comisión para la recuperación andaluza presidida gracias a PP y Cs

Entre las más de 500 medidas del dictamen de la comisión para la recuperación económica y social creada por el Parlamento de Andalucía que se han conocido este lunes, hay muchas ya en marcha o que no dejan de ser declaración de intenciones, pero también se ha colado la “violencia intrafamiliar” en el documento firmado por el presidente del grupo de trabajo, el diputado de Vox Manuel Gavira. De hecho, que el PP y Ciudadanos impusieran a Vox para la presidencia fue lo que provocó que PSOE y Adelante Andalucía plantaran esta comisión cuyo dictamen, pendiente de enmiendas hasta el viernes, propone “reconducir los remanentes que se produjeren a la investigación del coronavirus y a paliar la situación económica y social provocada por la pandemia”.

Bajo el epígrafe -eso sí- Desarrollo del Pacto de Estado de Violencia de Género y el Pacto de Andalucía contra la Violencia de Género, se incluyen cinco medidas, entre las que figura la citada y otras en las que igualmente se reitera esa terminología, como “desarrollar los protocolos de movilidad laboral a favor de todas las víctimas de violencia intrafamiliar” o “fomentar la contratación de mujeres y otras víctimas de violencia intrafamiliar”.

En primer lugar, incide en una denominación que ha sido rechazada incluso por los partidos del Gobierno de Andalucía, PP y Ciudadanos, a los que Vox sirve de muleta. Pero en segundo lugar, deja entrever también que van a sobrar fondos en el combate de esta lacra social. Y también la premisa de Vox contra la supuesta “ideologización” de las asociaciones que lucha por la igualdad de género, por lo que el mismo documento se apunta como otra de las medidas que las “subvenciones dirigidas a solventar situaciones de violencia intrafamiliar se dirijan directamente a las víctimas”.

Es más, el autor del dictamen, elaborado a partir de las aportaciones de los tres grupos que han participado en la comisión y las decenas de comparecientes entre agentes sociales y económicos sobre todo, se anticipa a la polémica. Por ello, indica en su introducción que “lejos de cualquier consideración sobre lo acertado o no de la terminología utilizada, se deben atajar todas las situaciones de violencia, y muy especialmente la que se genera en el ámbito intrafamiliar (concepto utilizado, sin ir más lejos en los planes del infancia del anterior Gobierno de Andalucía)”, o sea, con el PSOE.

En busca de la “eficacia”

El propio Manuel Gavira ha reiterado este argumento, pero olvidando que no es que se niegue la existencia de la violencia intrafamiliar -por eso precisamente se usa en su contexto con esos planes de protección de la infancia- sino que hay otro problema llamado violencia de género que Vox pretende diluir. En el mismo texto se remarca que “deben abordarse las medidas legislativas que protejan de la violencia que se genera en el ámbito familiar, a todos y cada uno de sus integrantes, poniendo el énfasis en proteger a los más débiles (menores, ancianos, deficientes, discapacitados, personas dependientes psicológicamente y por supuesto a mujeres y hombres) buscando la eficacia que hasta ahora no se ha conseguido”.

“En el dictamen hago alusión a los que los menores solicitan (...). Sería absurdo que no contemplásemos otro tipo de violencias”, ha expuesto el diputado de Vox. “Casos hay a diarios. Si al Gobierno de Andalucía le rechina, que a los socialistas ya hemos visto que no porque la han usado, tendría la piel bastante fina, y estarían excluyendo a otro tipo de víctimas”, ha insistido. En su opinión, lo que ha hecho es trasladar “lo que demanda la sociedad civil”, en alusión a los comparecientes en la comisión, que han hablado de “un incremento de los casos con el confinamiento”.

El sello de Vox se ve en otros detalles del dictamen, que una vez aprobado el viernes en la comisión, será debatido en pleno en septiembre. Como cuando alude a medidas “mientras se mantenga la actual organización territorial” -conocido es su rechazo a las autonomías- o la apuesta por un plan de natalidad en Andalucía y las referencias a la tauromaquia, uno de sus caballos de batalla. Se propone una reforma en su fiscalidad, una mejora en su difusión desde la RTVA, una apuesta por su promoción, “especialmente entre lo más jóvenes”, e incluso “una reforma legal que garantice la continuidad” de esta tradición. “Impulsar , diseñar, promover e instaurar un plan de turismo cinegético y un plan de turismo taurino” son otras medidas.

Pero también el frente contra la inmigración y los supuestos contagios de COVID-19 que traen cuando en realidad dan positivo menos del 5% de los que llegan en patera. En esta línea, el dictamen recoge como otra de las medidas que hay que poner en marcha para esa recuperación económica y social de Andalucía, el establecimiento de “una frontera de protección microbiológica”.

Hay más. No lo dice directamente, pero la ideología de Vox se ve proyectada sobre determinados gastos sanitarios que han criticado repetidas veces, como las operaciones para cambio de sexo. “El actual sistema sanitario dispara el gasto público y facilita el despilfarro en instalaciones o servicios algunos de los cuales no tienen demanda real efectiva”, subraya del documento, sin concretar cuáles son. Para continuar: “Esta realidad, que no se compadece con una responsable aplicación del dinero de todos, adquiere en nuestros días de crisis y sacrificios una relevancia especial. Debe pues, estudiarse pormenorizadamente la aplicación de los gastos y suprimir aquellos que no respondan a estrictos criterios sanitarios con eficacia y eficiencia”.

Por lo demás, el documento, dividido en los bloques de sanidad, políticas sociales, reactivación de la economía y medidas estatales, incide en cuestiones muy generales y sobre todo en exigir más fondos del Gobierno de España. Se propone por ejemplo reducir el tramo autonómico de IRPF, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y las plusvalías municipales, entre otros, a la vez que incrementar gasto público, por ejemplo con más sanitarios y docentes. Preguntado por cómo casa esto en un contexto de caída de la economía, Manuel Gavira ha confiado en que “las auditorías” encargadas por la Junta de Andalucía sobre “la administración paralela” permitirán dejar ver “de dónde obtener esos fondos”.