Consignas, mentiras y propaganda

En la carrera por darle una interpretación exclusivamente política, o politizada, a la crisis del coronavirus muchos observan las cifras diarias de muertos, infectados y recuperados como la consecuencia exclusiva de la gestión del gobierno de turno y no como el resultado de un gran número de factores, muchos de los cuales pertenecen al ámbito científico y, por lo tanto, de difícil comprensión para la mayoría.

Esta semana Paul Villeneuve, profesor de Epidemiología Ambiental y Ocupacional en la universidad canadiense de Carleton, afirmaba en un artículo que “es casi imposible tratar de ajustar la influencia de todos estos factores porque las interacciones entre estas variables son muy complejas”. Villeneuve se refería específicamente al estudio de la Universidad de Harvard que sugiere que la polución podría aumentar las tasas de mortalidad entre las personas con la enfermedad. Pero su reflexión domina todo el debate científico e ilustra lo complejo que es el terreno de las pruebas en contraste con la ligereza insoportable con la que se visten muchos opinólogos estos días.

Este escenario incomoda especialmente a los políticos populistas, acostumbrados a arrojar simplezas para explicar problemas que exigen soluciones complejas, argumentos más elaborados y mayor responsabilidad ante la ciudadanía. La batalla de los bulos que ha desplegado la ultra derecha española es la reacción lógica ante su incapacidad para hacer política responsable en tiempos de emergencia mundial. No saben y no pueden, porque si lo hicieran estarían poniendo en riesgo su propia razón de ser, su cuota de mercado. La desinformación se viste de estrategia para cuestionar la ciencia, los científicos y los datos. Como explicaba Noam Chomsky en una reciente entrevista: “viven del engaño. Se va metiendo en la cabeza de la gente. Y dicen: ”¿Por qué vamos a creérnoslo? ¿Por qué vamos a creer las noticias? Solo son fake news“.

El virólogo Jonas Schmidt-Chanasit, del Instituto Bernhard-Nocht de Hamburgo, reconocía la semana pasada en un reportaje publicado en el El País, en el que se analizaba qué ha hecho bien Alemania para que su cifra de muertos sea muy inferior a la de otros grandes países sin que la población haya estado confinada totalmente y sin colapsos en los hospitales, que “el 80% ha sido suerte y el resto buena gestión”. Lo mismo ocurre en el estado de California, donde muchos factores estructurales como la naturaleza tecnológica de su tejido empresarial, la tradición del teletrabajo o el ineficaz transporte público han actuado inesperadamente como diques de contención en la propagación del virus. Son declaraciones o explicaciones que no encajan en ese relato apocalíptico que se centra en buscar culpables sin prestar demasiada atención a las soluciones y al contexto. Es una cuestión de prioridades para no renunciar a la agenda política propia; y ésta es, posiblemente, una de las grandes tragedias que vive hoy España y que condicionará, me temo, su futuro. Estos días circula insistentemente por las redes sociales el vídeo del periodista Javier Ruiz el día que se despidió de su audiencia en “Las Mañanas de Cuatro” en junio de 2018: “Hay una guerra ahí fuera entre los hechos y las consignas, entre la información y la propaganda, entre los datos y las mentiras”. Palabras premonitorias que el tiempo ha confirmado y esta crisis ha agravado.

Los factores estructurales, que corresponden a las circunstancias específicas de cada país, no exoneran a los gobernantes de su responsabilidad en la gestión de la crisis; ellos son, al fin y al cabo, los únicos que tienen la capacidad para tomar las decisiones que han alterado la vida y el futuro de millones de ciudadanos en todo el mundo. Pero, a diferencia de la crisis económica de 2008, donde los países ricos soportaron mejor el golpe financiero y se recuperaron más rápidamente, el virus no se ha distinguido precisamente por ensañarse con los más débiles. Grecia y Portugal, zarandeados con dureza hace una década, son puestos hoy como ejemplo de gestión ejemplar frente al coronavirus. Francia y Reino Unido sufren la pandemia con la misma virulencia que Italia o España. No hay patrón que pueda establecer un modelo de conducta porque, en todos los casos, hay factores endógenos que influyen tanto como el acierto o la inoperancia de los gobernantes.

En España, donde las comunidades autónomas tienen las competencias en sanidad desde hace décadas, el fuego cruzado entre los partidos políticos para repartirse culpas y reproches resulta un espectáculo obsceno porque todos son responsables del sistema de salud que está soportando el avance de la pandemia. Lo es todavía más el intento de analizar el comportamiento del virus como un problema territorial y, por lo tanto, atribuible a un color político. Como explicaba hace unos días la periodista María Zuil en un interesante reportaje en El Confidencial, “esto no va de países y regiones sino de brotes”. Cada país tiene su zona cero que ha intentando aislar con mayor o menor fortuna. Al analizar los datos a partir de esos brotes la realidad ofrece nuevos ángulos: pese a la buena gestión del gobierno portugués, la zona de Europa donde más casos se concentran es en el norte del país, que registra el 60% de los portugueses infectados, con más de 13.000 casos. La Rioja es la región europea que más casos acumula por cada millar de habitantes, debido a las altas cifras del conjunto de España y a su menor densidad demográfica respecto a la media nacional.

Es evidente que las cifras pueden retorcerse, interpretarse o analizarse de manera sesgada para adaptarlas a nuestro relato o hacerlas encajar en nuestros prejuicios. Incluso se pueden manipular u ocultar durante un tiempo, pero dada la magnitud de la tragedia y la rapidez con la que evolucionan estos datos, tarde o temprano nos enfrentaremos a ellos sin filtros ni lecturas políticas posibles. Esas cifras serán la foto de un país nuevamente desgarrado que necesitará el esfuerzo colectivo de sus ciudadanos para recomponerlo. Con la crispación actual el panorama es desolador. Y es aquí donde la gestión política sí que debe ser fiscalizada con rigor y exigencia, porque de ella dependerá que millones de ciudadanos no se queden en la cuneta, como ocurrió en la crisis de 2008.

Es el momento de agilizar al máximo la burocracia para que el acceso a las ayudas sea rápido y efectivo. Se pone como ejemplo estos días a Canadá, que ha optado por una administración digital de las ayudas que evite a los ciudadanos engorrosos y largos trámites en momentos de gran incertidumbre. Canadá, dentro de un paquete multimillonario de rescate a ciudadanos, estudiantes, propietarios y empresas, ha destinado una ayuda de 2.000 dólares canadienses mensuales (1.318€) durante seis meses a todos los trabajadores que hayan perdido su empleo por el coronavirus o que hayan visto mermados sus ingresos por debajo de los 1.000 dólares mensuales. Según Estadísticas Canadá, más de 3 millones de trabajadores han engrosado las listas del desempleo o han visto reducida su jornada laboral desde que el gobierno decretó las primeras medidas para contener la epidemia a mediados de marzo (muy similares a las de España salvo el confinamiento obligatorio). El trámite para acceder a estas ayudas se puede realizar a través del portal creado por la administración canadiense y se cumplimenta en apenas dos minutos. El gobierno de Trudeau ha optado ahora por no poner demasiados problemas en la concesión de estas ayudas y reclamarlas más adelante, cuando se recupere cierta estabilidad, si comprueba que se otorgaron a quien no las merecía. Es decir; conceder ahora y preguntar después.

El grado de digitalización de la administración española, según la consultora británica Apolitical, está en los mismos niveles que la canadiense y por encima de la media mundial. No existe excusa, por lo tanto, para articular en estos momentos de emergencia la misma respuesta ágil y eficaz que transmita a los ciudadanos la certeza de una administración cercana y útil. La política tiene que desempeñar ahora un papel determinante que no puede ser sustituido por la suerte o por factores exógenos. El país que salga de esta crisis será el resultado exclusivo de la determinación de sus políticos por priorizar a los ciudadanos.