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Las opiniones que aquí se expresan son las de quienes firman los artículos y no responden necesariamente a las de la redacción del diario.

68 escaños

En el caso de la vida parlamentaria, hemos visto cómo el President Mas esquivaba la comisión de investigación de la familia Pujol; cómo el PP en las Corts valencianas bloqueaba durante casi diez años la reapertura de la comisión sobre la tragedia del Metro de Valencia; o también, en nuestra tierra, cómo el órgano parlamentario que investigaba el caso PlaZa ha sido incapaz de determinar las responsabilidades políticas, cuando los tribunales ya apuntan hacia cuáles eran las penales. Ese es el grado de parasitismo y esclerotización al que han llegado nuestros parlamentos.

También hemos visto que una ciudadanía participativa capaz de impulsar el cambio político y, al mismo tiempo, mantenerse vigilante sobre sus representantes, es el primer requisito para que los parlamentos puedan constituirse de modo efectivo como sede de soberanía y contrapoder democrático. En Valencia se ha reabierto el caso del Metro de Valencia; en Islandia y en Grecia, una comisión internacional sin cuotas políticas y designada por el Parlamento está llevando a cabo un estudio minucioso de la deuda del país -y ha descubierto así que hasta 53.000 millones de la deuda griega podrían tener un origen ilegítimo-. Han hecho falta nuevas mayorías para que las cámaras puedan recuperar su capacidad política para legislar, sí, pero también para vigilar.

Ese es el modelo que queremos en Podemos para Aragón y sus Cortes. La ciudadanía ha apostado de manera clara por fuerzas de cambio en esta nueva legislatura. La siguiente tarea debería ser construir una institución fuerte y abierta, y desarrollar unas normas nuevas -o renovar las que existen- para un tiempo político nuevo. Nos gusta decir que la ciudadanía debería ser el diputado número 68. Con ese fin, transformar nuestra vida política y parlamentaria, es precisa la siempre postergada reforma del reglamento de las Cortes.

Este modo de entender la reforma ha dado lugar a desencuentros con organizaciones a las que nos sentimos cercanas. Desde Podemos, nos vamos a abstener ante una propuesta de reforma ad hoc del reglamento para modificar el umbral de escaños que da derecho a un grupo parlamentario. Claro que estamos de acuerdo en que el parlamento más fragmentado de la historia de Aragón ha de dar cabida a todas las voces con garantías -a los sendos 30.000 votantes de CHA e IU, pero también a los 340.000 abstencionistas y los 22.000 votos nulos y en blanco- y, por eso, hemos insistido en, por ahora, apoyar una ampliación de los tiempos de intervención del Grupo Mixto.

Y, después de debatir, puede que estemos de acuerdo en muchas más cosas. Quizá también en adaptar la constitución de los grupos parlamentarios a la situación actual, fragmentada y con un sistema electoral injusto. Pero, ¿por qué ese empeño en forzar un apoyo sin debate y mediante una negociación de despachos? ¿Por qué priorizar esta modificación del reglamento, que beneficia a los partidos, frente a otras que benefician directamente a la ciudadanía y a su participación política? Por ejemplo, que las comisiones de investigación puedan estar constituidas por personas ajenas a los partidos o que se dé un mayor grado de apertura y agilidad de la Cámara ante la ciudadanía para dar satisfacción a su petición de transparencia y participación. No queremos estrenarnos apoyando una reforma puntual para satisfacer las necesidades de parte, sea esta parte más o menos afín dentro del arco parlamentario.

Se ha dicho que esta reforma no supondría ningún gasto a las arcas públicas, pero no es cierto: Que CHA constituya grupo propio costaría, para empezar, casi 200.000 euros a todos los aragoneses y aragonesas -lo que le costó confeccionar y enviar las cartas de propaganda electoral que llegan a los hogares, dinero que se le devolvería en caso de conformar grupo parlamentario propio-. Se puede decir más alto pero no más claro: Un mal cálculo de la inversión electoral no debería ser pagado con dinero público. Podemos, pese a sus altas expectativas electorales, realizó una campaña extremadamente austera y ese es uno de los motivos por los que actualmente debe cero euros a los bancos. Solo se debe a la gente, literalmente, y es por ella por quien impulsará y modificará leyes.

La sociedad percibe, con razón, que los políticos, sus privilegios y la corrupción son el segundo problema en Aragón y en el Estado. Cuando sacamos a la palestra el decálogo de medidas de urgencia ciudadana de los diálogos de investidura, estamos definiendo un cerco a los responsables políticos de la crisis y la corrrupción. Del mismo modo, una cuestión como la reforma del reglamento de las Cortes de Aragón, debería ir encaminada en el mismo sentido: la renovación de la función institucional. Si pensamos en lo que ha ocurrido u ocurre en los parlamentos islandés, griego o valenciano, sabremos que a eso es a lo que le tienen miedo nuestras viejas y tristes élites y que ahí reside la esperanza de convertir el desencanto en fuerza de cambio político real.

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28 de julio de 2015 - 09:11 h

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