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El Gobierno retoma una autopista eléctrica que pone en alerta al Pirineo

Juncker y Hoyer flanquean a los presidentes de Francia, España y Portugal, en el palacio de La Moncloa. EFE

Mientras el Pirineo aragonés sigue siendo un paso casi infranqueable para personas y mercancías, los Gobiernos de España y Francia, bendecidos por el maná económico de la Comisión Europea, han pactado sin apenas publicidad una autopista eléctrica en un espacio de gran valor ambiental. Los alcaldes de la zona desconocen cualquier detalle de la conexión, que unirá Sabiñánigo con Marsillon, una pequeña comuna pegada a Pau. Apenas saben que consiste en una línea de alta tensión (400 kV) de 80 kilómetros que tendrá un coste estimado cercano a los 1.200 millones de euros y que surcará enclaves muy sensibles. El Gobierno autonómico asegura que se trata de una línea soterrada y respetuosa con el medio ambiente, pero los colectivos conservacionistas y la izquierda recelan y piden todos los detalles de una operación que consideran lesiva para el territorio y más especulativa que vertebradora.

El acuerdo para esta inversión fue alcanzado en la denominada cumbre para las interconexiones energéticas entre España, Francia y Portugal celebrada el 4 de marzo en Madrid con la presencia de los presidentes de los tres países, así como del máximo mandatario de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y del responsable del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer. El anuncio apenas tuvo publicidad pese a la presencia de Mariano Rajoy, François Hollande y Passos Coelho, al tratarse de una de las inversiones públicas más fuertes de la última década en una Europa en crisis, y a que uno de sus principales mentores ha sido el español Miguel Arias Cañete desde su tribuna como comisario de Energía de la Unión.

Más preguntas que respuestas

La línea eléctrica por Aragón inquieta a los alcaldes del Alto Gállego y de la Jacetania, que tienen más preguntas que respuestas. Saben que forma parte de un paquete más amplio de infraestructuras energéticas financiadas por Bruselas con unas cuantías exorbitantes, teóricamente con el objetivo de lograr un mercado energético común más eficiente, tanto en electricidad como en gas. Mientras otras inversiones en comunicaciones ferroviarias o por carretera siguen varadas en los despachos, mientras el Eurogrupo no perdona un euro de la deuda de los países del extrarradio y mientras los ciudadanos pagan cada vez más cara la energía en un mercado excluyente, la Comisión está dispuesta a aportar miles de millones de euros en varias líneas eléctricas y gasoductos de los que podrían beneficiarse sobre todo los productores españoles de energía dentro del denominado Plan Juncker. En concreto, el objetivo es incrementar la capacidad de intercambio eléctrico entre España y Francia hasta los 8.000 megawatios en el 2020, según una nota del Gobierno español.

Para conseguirlo, además de la línea entre Aragón y el extrarradio de Pau, se han autorizado otros proyectos en fase de estudios preliminares, uno de ellos consistente en duplicar la capacidad de la línea soterrada en el Mar Cantábrico, y otro entre la zona de Aquitania-Landas con Navarra o el País Vasco, además del mencionado entre Aragón y Marsillon. Todas estas obras se beneficiarán de los instrumentos de financiación europea más favorables, incluidos los fondos estructurales y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. La inestabilidad en el este de Europa, muchas de cuyas fuentes de energía provienen de Rusia y de otras exrepúblicas soviéticas, no ha hecho dudar a la Comisión para apoyar la mejora de las conexiones con España y Portugal. Además de la capacidad de producción de la península Ibérica, las conexiones eléctricas y gasísticas con el norte de África se han convertido en una pieza muy apetecible para una Comisión Europea que, de normal, apenas mira al sur pensando más allá del sol y playa, la siesta o el jamón.

El recuerdo de la Aragón-Cazaril

La autopista eléctrica entre Sabiñánigo y Marsillon despierta los fantasmas de un proyecto similar que quedó definitivamente abortado en 1996. La línea Aragón-Cazaril provocó un gran rechazo tanto de la población afectada por las servidumbres de paso y los riesgos de una gran línea eléctrica como de todos los partidos políticos aragoneses. En cambio, la nueva línea apenas está generando debate político en la comunidad porque la información fluye a cuentagotas. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que se trata de un proyecto distinto, más respetuoso con el medio ambiente al “haber garantizado Europa que se trata de una línea soterrada”, según fuentes del departamento de Industria. Así, tanto el PP como el PAR han apoyado su construcción, como se evidenció hace unas semanas en un pleno de las Cortes de Aragón donde ambos partidos que sustancian el Gobierno autonómico de Luisa Fernanda Rudi defendieron el interés estratégico de las conexiones con Francia. Enfrente, Izquierda Unida y Chunta, que presentó sin éxito una proposición no de ley para que los partidos formaran un frente común contra la línea, consideran muy lesivo rescatar una autopista eléctrica por Aragón. El PSOE, en una posición de momento tibia, se abstuvo en la votación.

El trazado antiguo no se ha descartado

Grupos ecologistas y una plataforma de afectados nacida en la Ribagorza, el Cinca y La Litera contra la línea Aragón-Cazaril consideran que esta nueva unión eléctrica entre Francia y Aragón es más de lo mismo. Aseguran que no se ha descartado ni siquiera el trazado antiguo y entienden que van a producirse graves afecciones. El colectivo ya ha convocado una asamblea el 27 de marzo en Capella, para diseñar una estrategia de oposición y de movilización contra cualquier interconexión eléctrica por el Pirineo y plantea la creación de una Coordinadora Transpirenaica Contra Líneas de Alta Tensión e Instalaciones Transformadoras. Recuerdan que Red Eléctrica de España no ha desechado en ningún momento que además de la Sabiñánigo-Marsillon pueda retomarse la Aragón (Monzón)-Cazaril, de la que llegaron incluso a colocarse enormes pilonas que aún siguen en pie antes de que el plan recibiera un varapalo del Tribunal Supremo español y quedara paralizado definitivamente en Francia por el entonces primer ministro Alain Juppé.

 

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16 de marzo de 2015 - 09:00 h

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