Empleo o medioambiente: Barbastro se polariza ante el proyecto para una planta de biogás próxima al municipio

Barbastro, capital de la comarca aragonesa de Somontano, ha encendido un debate que polariza a sus vecinos. La propuesta de Ence Biogás para instalar una planta de biogás cerca de la ciudad ha generado una controversia que se discutirá en el próximo pleno municipal, previsto el martes 27 de mayo. El proyecto, que promete empleo y beneficios económicos, choca con las preocupaciones de quienes temen que comprometa el modelo de ciudad basado en la calidad de vida, el turismo y la producción agroalimentaria sostenible.

Ence Biogás, filial del Grupo Ence, plantea construir una planta para producir biometano a partir de residuos orgánicos como purines, estiércol y desechos agrícolas. La instalación se ubicaría cerca de la salida 62 de la A-22, a unos cinco kilómetros del centro de Barbastro, con una inversión superior a los 20 millones de euros. Según la empresa, la planta generaría 75 empleos directos durante la construcción y 25 en su operación, además de entre 50 y 75 puestos indirectos, con un impacto económico estimado de 25 millones de euros. El biometano se inyectaría a la red como alternativa al gas fósil, y el digestato, un subproducto, se comercializaría como fertilizante orgánico.

La empresa destaca que la planta operará en recintos cerrados con biofiltros y tecnologías avanzadas, siguiendo las Mejores Técnicas Disponibles establecidas por la Unión Europea. Además, subraya que la ubicación permite acceder sin atravesar el núcleo urbano y que el proyecto ofrece una solución a la gestión de residuos agroganaderos, reduciendo la contaminación por nitratos. Ence ha mantenido reuniones con el alcalde, Fernando Torres; portavoces municipales, asociaciones empresariales y vecinales para presentar el proyecto, enfatizando su compromiso con la transparencia.

Torres destaca que Barbastro “reúne condiciones idóneas para la iniciativa, como la conexión a redes de gas y la disponibilidad de materia prima”. Silvia Ramírez, concejala de Desarrollo, ha señalado que estas reuniones previas a la exposición pública buscan garantizar la transparencia en un proyecto de esta magnitud.

En cambio, el grupo municipal del PSOE ha presentado una propuesta de resolución para manifestar su oposición a la planta y solicita un informe desfavorable del ayuntamiento. Los socialistas argumentan que la instalación “afectaría negativamente la calidad de vida, la actividad económica y el equilibrio ambiental del Somontano”. Entre sus preocupaciones están la posible contaminación del aire y el agua por emisiones y olores, el aumento del tráfico pesado por el transporte de residuos y el riesgo de accidentes en las carreteras de acceso. También advierten sobre un “efecto llamada” que podría atraer granjas intensivas, incompatibles con la producción agroalimentaria sostenible que caracteriza a la comarca.

El PSOE señala que, aunque el proyecto promete 20 empleos, el impacto negativo en sectores como el turismo, la viticultura y el comercio local podría ser mayor. Además, indica que los beneficios económicos no revertirían en la comarca, ya que el biometano se comercializaría fuera. Durante el periodo de alegaciones diversas organizaciones y particulares presentaron objeciones que coinciden con estas inquietudes, según el partido.

Vox, por su parte, ha registrado una moción para exigir la paralización cautelar del proyecto y una revisión de su impacto ambiental, sanitario y económico. La portavoz, Ana Barón. ha señalado que la planta, ubicada a 20 metros del área de servicio Área 62 y a 1.200 metros del Monasterio del Pueyo, generaría olores, gases nocivos como el ácido sulfhídrico y riesgos de explosión por el manejo de metano. La formación también alerta sobre el impacto del digestato, que podría contaminar acuíferos, y el tráfico de camiones, que congestionaría las rotondas de la A-22 y la N-240.

Vox propone rechazar la instalación, instar al Gobierno de Aragón a suspender su autorización hasta realizar estudios independientes y revisar el marco normativo para proyectos de este tipo. Barón ha enfatizado que la planta amenaza la economía local, el medioambiente y el patrimonio cultural, incluyendo el Monasterio del Pueyo, un santuario con ocho siglos de historia.

Los propietarios de Área 62, un complejo con gasolinera, restaurante, zona infantil y balsa de agua potable, han expresado su oposición al proyecto. Representados por Milleras 62, argumentan que la planta, situada a solo 20 metros, “generaría olores que ahuyentarían a los clientes y un tráfico de camiones que colapsaría la rotonda de acceso a la A-22, afectando la seguridad vial. También temen la contaminación de su balsa de agua potable por partículas en suspensión y los riesgos de operar cerca de una gasolinera y un depósito de GLP”.

Milleras 62 critica que el proyecto de Ence no menciona la relevancia de Área 62, que emplea a 22 personas y atiende a miles de viajeros, incluyendo turistas y transportistas. Los propietarios advierten que la planta podría amenazar estos empleos y la viabilidad del negocio, afectando la actividad económica y social de Barbastro. Tras el cierre del periodo de alegaciones, la Dirección General de Agricultura y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental evaluarán las objeciones presentadas.

El caso de Barbastro no es único en Aragón. En Albelda, una plataforma vecinal se opone a una planta de biometano de Ecobiostar, argumentando que afectaría el turismo familiar y el Camino de Santiago. En Ricla, el ayuntamiento y empresarios han presentado alegaciones contra una planta que procesaría gallinaza y alude a impactos en el entorno. Situaciones que reflejan la dificultad de conciliar proyectos de biogás, promovidos como sostenibles, con las prioridades de las comunidades locales.