Varios vecinos de Sigüés deberán abandonar sus casas por las obras de recrecimiento de Yesa

Las obras de recrecimiento del embalse de Yesa amenazan con vaciar más todavía el Pirineo aragonés. Esta vez le toca a Sigüés, una localidad que tenía más de 700 personas censadas en la década de los 30 y que no llega a 60 en la actualidad. Diez de ellas deberán abandonar sus hogares este miércoles, 18 de octubre, a requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Sin alternativas. El motivo es la construcción del dique de cola, para lo que habrá que anegar otra parcela de un pueblo que en el pasado ya fue amputado por un proyecto faraónico que lleva en marcha casi un siglo desde su concepción original.

Tanto los vecinos afectados como Chunta Aragonesista (CHA), que ha canalizado su malestar en los últimos días, aseguran que no se les había informado de estas expropiaciones hasta la reunión que tuvo lugar el pasado 3 de octubre en el Ayuntamiento de Sigüés. El fantasma parecía haberse alejado por completo, pues el anterior encuentro para tratar el futuro de la localidad y el embalse databa de 2010, cuando se aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto de recrecimiento. En febrero de 2011 empezaron a llegar las cartas de ocupación pero los últimos pasos han pillado a todos por sorpresa.

Para CHA, “parece razonable pensar que la construcción del muro sería una de las últimas actuaciones a desarrollar, puesto que el tramo de autovía de la A-21 que cruzará el tramo inundable no está construido, pero para la CHE la ocupación y derribo de las viviendas se ha convertido en una prioridad. El entorno va a sufrir muchísimo ya que se contempla la canalización del río Escá y de todos los barrancos. A ello hay que sumar otro grave problema, y es que con la construcción del muro habrá que elevar las aguas fecales y este municipio no cuenta de momento con depuradora”.

El PAR, 37 años en el poder

Además de a la CHE, se culpa al alcalde de Sigüés, Eduardo Abadía, y sobre todo a su antecesor, Daniel Salinas, primer edil entre 1979 y 2015. Ambos, del PAR. “Esta es la herencia que dejan”, sostiene Joaquín Palacín, director general de Ordenación del Territorio. La medida afecta a un bloque de ocho viviendas y a otra casa muy próxima. “Algunos vecinos viven allí de manera habitual y otros ya fueron afectados por Yesa y deberán dejar sus casas por segunda vez. No se me ocurren calificativos”, lamenta Palacín.

Desde el Ayuntamiento señalan que se comprende la dificultad de la situación pero que se trata de un decreto de la CHE. Una de las vecinas, que prefiere mantener el anonimato, relata que “desde que se ha dado a conocer la situación ha aumentado la tensión con el alcalde, que solo nos llamó al Ayuntamiento para decirnos que se hacía y punto”. También se sienten engañados por la CHE, puesto que la anterior vez que habían mantenido un encuentro no les avisaron de que se trataría de una expropiación forzosa. El justiprecio fijado sería de unos 25.000 euros para aquellos vecinos con vivienda habitual y 21.000 para los que la tienen como segunda.

En manos de los abogados

Los diez vecinos han puesto el caso en manos de sus abogados para, al menos, tratar de retrasar la ejecución del mandato que, como se argumenta desde la CHE, procede del Ministerio de Medio Ambiente. También se descartan movilizaciones más allá de la protesta que se ha llevado a cabo a través de Chunta. Y es que la afectada más joven está cerca de los 70 años en lo que supone otro ejemplo claro de los efectos de la despoblación y el envejecimiento en la comunidad autónoma. Joaquín Palacín echa en falta que la movilización no sea mayor: “En Artieda o Mianos la oposición a Yesa fue muy clara. En Sigüés nos pidieron que diéramos voz a un silencio”.

El director general de Ordenación del Territorio juzga “muy difícil” que haya “marcha atrás a todo este sinsentido”. “Se producen situaciones de inseguridad, movimientos de tierras… y se sigue avanzando sin pensar en la seguridad de la gente. No es viable económicamente, metemos dinero para no saber si tendrá esa rentabilidad. Los que quieren regar no pueden hacerlo cuando había otras soluciones. La nueva cultura del agua ha servido para eso y hay un territorio con la espada de Damocles encima”.

Parece que Yesa “tiene que salir adelante como sea, se tendría que haber replanteado. Esperemos que no tengamos que lamentarnos por esa inseguridad. No hay cambios, siguen la obra y los mismos problemas. A corto o medio plazo las afecciones serán muy graves. Gente joven que ha apostado por vivir allí tendrá que volver a marcharse”, sostiene Palacín. El proyecto inicial de recrecimiento del embalse de Yesa , a partir del represamiento del río Aragón, contaba con un presupuesto de 113 millones de euros que ya se acerca, 30 años después, a los 500 millones.

Un macroproyecto que frecuenta los juzgados

Por el camino, cinco acciones judiciales; tres contenciosos administrativos, una querella criminal contra tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y una denuncia por destrucción de patrimonio histórico-artístico del Camino de Santiago, además del caso de los ‘Los 8 de Yesa’, que terminó con multas para los acusados. Todas las sentencias fallaron en contra de los denunciantes.

Un informe del Gobierno de Navarra exigía el pasado año la paralización de las obras y exponía en sus conclusiones que la CHE “subestima los riesgos de Yesa puesto que la confluencia de distintos factores naturales y antrópicos arrojan importantes incertidumbres sobre el estado de la seguridad del embalse y de la ladera”. Y otros de dos geólogos de la Universidad de Zaragoza, Antonio Casas y Mayte Rico, alertaban sobre la existencia de riesgo de la rotura de la presa.

La construcción de la presa de Yesa provocó el abandono de pueblos como Ruesta, Tiermas y Escó, inundó 2.400 hectáreas de tierras de labor, se expropiaron 8.528 hectáreas de los ayuntamientos de Sigüés, Urriés, Undués de Lerda y Los Pintanos y provocó el abandono obligado de todos los pueblos del valle de La Garcipollera.