Cuatro 'narcobuzos' admiten que iban a distribuir 72 kilos de cocaína que llegó a Asturias en un buque procedente de Perú

La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) alertó a las autoridades militares de Panamá, en febrero de 2020, sobre la existencia de una carga de cocaína que iba a bordo de un buque, procedente de Puerto Callao en Perú, que iba a hacer una escala en el Fondeadero panameño de Balboa, con destino al puerto asturiano de Avilés.

El objetivo era establecer un dispositivo de vigilancia para realizar un seguimiento, en una entrega controlada, para capturar a los miembros de la red de narcotráfico en el momento de la descarga de la droga.

La operación policial culminó, el 12 de marzo de 2020, con la detención en Asturias de cuatro hombres, tres de ellos peruanos y un albanés, con edades comprendidas entre 33 y 45 años, como presuntos integrantes de una organización criminal internacional a la que se atribuye la introducción de 72 kilos de cocaína en el Principado.

Una rebaja sustancial en las penas

Tres años y ocho meses después de su arresto, los cuatro hombres se han sentado este jueves en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo. La Fiscalía imputaba a los cuatro su autoría en sendos delitos de tráfico de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud por su notoria importancia y su pertenencia a organización criminal y a uno de ellos le añadía además un delito de atentado.

A su llegada a la sede judicial, los cuatro procesados afrontaban una petición fiscal que oscilaba entre 10 y 19 años de cárcel y el pago individual de una multa de diez millones de euros. Cuando abandonaron el edificio llevaban ya encima una condena en firme de seis años y medio de cárcel. La Fiscalía retiró la petición de multa, al no poder acreditar ni la cantidad total -al haber sido pesada la droga con envoltorios- ni su grado de pureza, según confirmaron las defensas.

¿Se reconoce usted autor de los hechos imputados?”, fue preguntando la presidenta del tribunal a cada acusado. Con su respuesta afirmativa se sellaba el acuerdo que rebajaba las penas iniciales de la Fiscalía que oscilaban entre 10 y 19 años de prisión

Una rebaja sustancial en las penas que había sido acordada, momentos antes de iniciarse el juicio, entre la Fiscalía y los abogados defensores Tomás Torre, Manuel García García-Rendueles, Ana Isabel Gallardo y Ana Cristina Alonso González.

“¿Se reconoce usted autor de los hechos imputados?”, fue preguntando uno a uno la presidenta del tribunal, la magistrada Covadonga Vázquez. Y la respuesta fue escueta en los cuatro casos: “Sí”. Ninguno de los acusados quiso añadir más explicaciones. La Fiscalía y las defensas tampoco formularon preguntas.

Según el relato fiscal, que han asumido los acusados, los cuatro procesados integraban un grupo que se dedicaba a introducir en España grandes cantidades de sustancias estupefacientes para su posterior distribución por todo el territorio nacional. Todos ellos formaban parte de un entramado “perfectamente organizado y jerarquizado”, en el que cada uno realizaba una función concreta con el fin de distribuir con rapidez la cocaína.

El grupo lo lideraba un marino mercante de nacionalidad peruana, a quien la Fiscalía situaba como máximo responsable de la operación. Para ello contaba con la ayuda del procesado albanés que se encargaba de realizar labores de apoyo, de sufragar los gastos y de dar seguridad en los desplazamientos además de tener encomendada la tarea de transportar por España las sustancias estupefacientes para su distribución.

 Los otros dos acusados, buzos militares con amplio conocimiento en operaciones subacuáticas, estaban situados en un escalón inferior y ellos tenían encomendada la tarea de recuperar la cocaína.

La acusación pública sostiene que, en febrero de 2020, el presunto cabecilla, desde Perú, inició las gestiones junto con los miembros de su grupo para introducir en la caja de mar del lado de estribor del buque dos bolsas de lona que contenían alrededor de 30 paquetes de cocaína que se introdujeron, según la Fiscalía, a unos 35 ó 45 pies de profundidad.

El buque tenría como origen el Puerto Callao de Lima (Perú) y como destino el Puerto de Avilés e iba a hacer, al menos, una escala en el Fondeadero de Balboa (Panamá). Posteriormente, según la Fiscalía, con el fin de preparar la logística necesaria para recuperar la droga del buque, el presunto cabecilla viajó en avión desde Perú hasta París. Realizó una escala en Ámsterdam y desde ahí a España. Posteriormente se desplazó hasta Cataluña, donde se reunió con el segundo de a bordo de la organización.

Los dos acusados llevaron a cabo los preparativos necesarios para buscar alojamiento al resto de los miembros del grupo y proveerse de medios de transporte con los que desplazarse. En concreto, en el mes de febrero de 2020 alquilaron a través de Internet una vivienda vacacional en Avilés y dos vehículos, un Volkswagen Caddy y un Audi A-8. A su vez, se encargaron de adquirir los medios materiales necesarios para realizar la operación, como equipamientos para la práctica del buceo, con aletas, gafas, bombonas, pesas de lastre, cuchillos y trajes de neopreno.

Seguidamente, el líder ordenó a los dos buzos militares que viajaran a España y ambos cogieron un vuelo procedente de Lima con destino a Madrid el 5 de marzo. Ese día, los cuatro presuntos miembros de la red se reunieron en la capital de España y juntos se dirigieron hasta Avilés para esperar la llegada del buque, lo que finalmente se produjo el 10 de marzo.

El 'chivatazo' de la DEA a las autoridades militares panameñas

Los cuatro ignoraban entonces que las autoridades militares de Panamá habían recibido el aviso de la existencia de la carga ilegal en el buque a través de la Agencia Antidroga de EEUU (DEA) y a su vez esa información había sido transmitida a la Fiscalía Superior de Drogas de Panamá para llevar a cabo una actividad encubierta, hacer un seguimiento de la ruta para una entrega controlada e identificar así a los responsables del alijo.

Los agentes prepararon una entrega controlada. Retiraron los paquetes de cocaína ocultos en la caja de mar del casco de estribor y los reemplazaron por otros similares, en los que se introdujo una sustancia inocua para la salud e incorporaron un GPS

La idea era retirar los paquetes de cocaína ocultas en las dos bolsas dentro de la caja de mar del casco de estribor y reemplazarlos por otros de similares características, en los que se introdujo una sustancia inocua para la salud. A su vez, incorporaron un dispositivo con sistema de posicionamiento global (GPS) para conocer su ubicación en todo momento.

La Fiscalía ha relatado que la operación se llevó a cabo el 15 de febrero por parte de buzos profesionales del Servicio Nacional Aeronaval de la República de Panamá, con la coordinación de la Fiscalía Superior de Drogas. Una vez que se sacaron las bolsas a la superficie, fueron custodiadas hasta que se entregaron en el Laboratorio de Sustancias Controladas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá.

Tras el análisis de las sustancias aprehendidas, el laboratorio emitió un informe pericial, al día siguiente, que confirmó que los paquetes intervenidos contenían cocaína y arrojaban un peso bruto de 72,14 kilos.

Con el fin de identificar y detener en España a las personas que iban a recoger la droga, el Fiscal Superior de la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas de la República de Panamá solicitó una entrega vigilada.

El fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional autorizó la entrega vigilada por medio de un decreto, dictado el 21 de febrero, y encomendó la investigación a la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDyCO).

El dispositivo de vigilancia

La Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado estableció, entre el 6 y el 12 de marzo, un dispositivo de vigilancia en las proximidades de la vivienda de Avilés donde ya estaban alojados los acusados.

Los controles policiales permitieron constatar que, en la noche del 11 de marzo, los procesados habían salido de la vivienda a bordo del Volkswagen y se habían dirigido hasta la zona conocida como Playa Pekes en Zeluán, próxima a la playa de San Balandrán, en Avilés.

Una vez ahí, el cabecilla y los dos buzos militares se habían bajado del coche y permanecían en el lugar, mientras el conductor del vehículo continuaba su marcha.

El presunto cabecilla dio la orden de iniciar la operación de descarga del cargamento, tras adoptar medidas de seguridad, y mientras él y otro acusado se encargaban de recuperar el alijo, otro procesado vigilaba desde tierra para no ser sorprendidos

La Fiscalía asegura que, gracias a estas vigilancias, se sabe que el presunto cabecilla dio la orden de iniciar la operación, tras adoptar varias medidas de seguridad, y decidió que él y el albanés fueran los encargados de recuperar el cargamento, mientras que otro de los acusados se encargaba de las funciones de apoyo en tierra, así como de vigilancia para evitar ser sorprendidos mientras llevaban a cabo la descarga.

Con equipos de buceo para recuperar el alijo en el mar

En la madrugada del 12 de marzo, los acusados acudieron a la playa para recuperar el alijo equipados con equipos de buceo, se introdujeron en el mar y accedieron hasta el barco, donde recogieron del interior de la caja de mar del buque las bolsas de deporte que contenían los paquetes con las sustancias sustituidas.

A continuación, regresaron buceando a la playa, donde fueron sorprendidos por los agentes, que procedieron a su detención. También fue arrestado al acusado que en ese momento realizaba las labores de vigilancia en la orilla contraria a la que se encontraban sus dos compañeros.

El cuarto acusado fue localizado en las inmediaciones de la vivienda y fue arrestado tras protagonizar una persecución policial por la autovía AI-81, en dirección Gijón. Una vez en la autovía, detuvo de manera brusca la marcha, salió del vehículo con dos bolsas de mano y, tras saltar la barrera de seguridad, echó a correr en dirección al embalse de Trasona. A continuación, saltó una valla metálica, provocándose un corte en la palma de su mano izquierda y fue finalmente alcanzado unos metros más adelante por los agentes.

Los cuatro acusados, con su reconocimiento de los hechos, han aceptado varias condiciones implícitas en el acuerdo. El líder de la banda y uno de los buzos cumplirán su condena en España, donde se encuentran en prisión provisional desde hace tres años y ocho meses, mientras que el segundo será expulsado a Perú y no podrá regresar a España en cinco años ya que en caso de que vuelva durante ese plazo deberá cumplir el resto de la pena.

La misma medida se aplicará en el caso del acusado de nacionalidad albanesa, que había permanecido 14 meses en prisión provisional y que ahora será trasladado a un centro de internamiento de extranjeros a la espera de que se ejecute la orden de expulsión.

La presidenta del tribunal ha confirmado esta misma mañana las condenas 'in voce' que se verán reflejadas en la sentencia que ha sido declarada firme, una vez que la Fiscalía y las defensas han ratificado que no van a recurrir el fallo.