Las universidades privadas se instalan en Asturias: el año que marca un cambio de modelo

Asturias se encamina este recién estrenado 2026 hacia un giro histórico en su sistema universitario. Por primera vez, la comunidad autónoma tendrá universidades privadas.

En los últimos meses, varios proyectos de universidades privadas iniciaron los trámites para establecerse en el Principado. Dos de ellos —la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad Alfonso X el Sabio— ya han obtenido autorización para adscribir centros en Avilés y Oviedo. Un tercero, vinculado a la Universidad Europea, permanece en una fase preliminar. Además, esta misma semana el Ayuntamiento de Oviedo ha dado luz verde al alquiler de 14.000 metros del antiguo centro comercial, Calatrava donde este mes comenzarán las obras para adecuar en el espacio a las necesidades de la entidad educativa.

Durante décadas, la Universidad de Oviedo ha sido la única institución universitaria de la región. Su presencia ha cumplido una doble función: formar capital humano y ejercer como herramienta de cohesión territorial, con campus repartidos entre Oviedo, Gijón y Mieres. A diferencia de otras comunidades, Asturias optó por un sistema exclusivamente público, en parte por razones históricas y en parte por su estructura demográfica. La entrada de universidades privadas forma parte de una tendencia estatal más amplia: la expansión de centros privados en un mercado universitario cada vez más competitivo. En este contexto, Asturias dejará de ser una excepción y pasa así a integrarse en un modelo mixto cuya eficacia y equidad siguen siendo objeto de discusión.

Dos años hasta el permiso final

En otoño de 2025, el Gobierno del Principado autorizó la adscripción de dos centros universitarios privados: un centro de la Universidad Antonio de Nebrija en Avilés y otro de la Universidad Alfonso X el Sabio en Oviedo, con posible ubicación en el complejo del Calatrava. Estas autorizaciones constituyen un paso previo, no definitivo. La normativa concede a los promotores un plazo de hasta dos años para solicitar el permiso final para impartir titulaciones oficiales, condicionado al cumplimiento de requisitos académicos, de infraestructuras y de personal docente. No obstante, la decisión política ya está tomada: el Principado ha optado por permitir la entrada de operadores privados en el sistema universitario asturiano, algo que hasta ahora no había sucedido.

La implantación de universidades privadas ha evidenciado una falta de consenso dentro del propio Gobierno autonómico formado por PSOE e IU. Desde Izquierda Unida, el consejero Ovidio Zapico ha expresado su oposición, alertando de los riesgos que supone para el sistema público y cuestionando la necesidad de estas iniciativas en una comunidad con descenso de población universitaria potencial. En paralelo, el sindicato CCOO presentó un recurso contencioso-administrativo contra estas autorizaciones, al considerar que vulneran el espíritu de la normativa autonómica y priorizan intereses privados frente a la planificación pública. El conflicto jurídico añade incertidumbre a un proceso que, por ahora, avanza más en el plano político que en el académico.

Expediente académico frente a capacidad económica

Más allá de la controversia inmediata, el debate central gira en torno a la planificación universitaria. Asturias no solo pierde población, sino que envejece a un ritmo superior a la media estatal. En ese contexto, la pregunta clave es si existe una demanda real que justifique la apertura de nuevos centros universitarios. Las universidades privadas tienden a concentrar su oferta en titulaciones de alta demanda y elevado coste económico, especialmente en los ámbitos biosanitario y tecnológico. Esto introduce un factor de segmentación social: el acceso a determinados estudios deja de depender únicamente del expediente académico y pasa a estar condicionado por la capacidad económica. Para una comunidad con salarios medios por debajo de la media nacional, este modelo plantea interrogantes sobre la equidad y el papel de la universidad como mecanismo de movilidad social.

Uno de los efectos más debatidos tras conocerse este cambio de modelo es el impacto que estas universidades podrían tener sobre la Universidad de Oviedo. Lejos de complementar necesariamente su oferta, los nuevos centros podrían competir por recursos estratégicos: profesorado cualificado, estudiantes con mejores expedientes y financiación indirecta. En lugar de reforzar el sistema público mediante inversión y planificación, la entrada de operadores privados podría contribuir a una mayor fragmentación del mapa universitario, sin resolver los problemas estructurales de financiación que arrastra la universidad pública.

Condiciones e impacto

La llegada de universidades privadas a Asturias no es solo una cuestión administrativa. Supone una decisión de modelo con efectos a largo plazo sobre el acceso a la educación superior, la cohesión social y el papel de lo público. El proceso está aún abierto y sujeto a recursos y autorizaciones finales. Pero el debate ya no es si llegarán universidades privadas, sino bajo qué condiciones y con qué impacto. En una comunidad marcada por el declive demográfico, la respuesta a esas preguntas será determinante para el futuro del sistema universitario asturiano.

Al mismo tiempo, el Principado ha anunciado que la gratuidad del primer año de matrícula en la Universidad de Oviedo se amplia a todos los años de la carrera y a los másters. La medida tampoco convence a sus socios en el gobierno, que defienden que estas medidas deben de ligarse siempre a la renta.