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El Colegio Internacional de Abogados lanza un estatuto para que los ciudadanos puedan exigir a sus gobiernos actuar contra el cambio climático

La abogada Marjan Minnesma celebra la sentencia contra el Gobierno holandés, en 2015.

Que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades legales a sus gobiernos por no tomar acciones contra el cambio climático. Esa es la intención de un modelo de estatuto elaborado por el Colegio Internacional de Abogados (IBA, en sus siglas en inglés), la mayor organización en el mundo de profesionales del derecho internacional, colegios de abogados y sociedades de derecho, tras el estudio realizado por su comité de medio ambiente.

A través de un estatuto modelo —que recoge una lista de querellas, casos precedentes y propone 23 artículos específicos que pueden adoptar los tribunales o legislaciones— el grupo ha lanzado un elaborado análisis para que los ciudadanos tengan herramientas y puedan presentar sus casos en los tribunales y demandar pasos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La razón, explican, es que este momento es uno de los pocos recursos legales que se pueden utilizar para estimular un cambio.

"El problema es que, internacionalmente, hay muy pocos mecanismos que puedan exigir responsabilidades a los gobiernos", explica por teléfono desde Toronto el co-director del grupo de trabajo, David Estrin. "Convenios como el Acuerdo de París son muy importantes, pero no implican compromisos específicos para reducir las emisiones. Así que si un Gobierno no cumple los objetivos, no hay responsabilidades que puedan reclamarse frente a un tribunal internacional".

Estrin, que trabaja desde hace más de 40 años en derecho ambiental, señala que en el mundo legal cada vez son más los que defienden que es necesario exigir a los gobiernos que nos protejan de los peligros del cambio climático, pues se trata de la defensa de derechos básicos. Aunque, matiza, hasta hace poco la mayoría no veía esta conexión.

"Cuando empecé a trabajar con el Colegio Internacional de Abogados en los 90, este era un tema del que no se hablaba", comenta, "pero en 2012, Mary Robinson, la ex presidenta de Irlanda que fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nos planteó por primera vez qué íbamos a hacer las organizaciones legales internacionales al respecto. Ella fue una de las primeras en reconocer la relación entre el cambio climático y los derechos humanos, y en señalar que no eran solo los osos polares los que sufrirían sus consecuencias, sino también las personas".

A partir de ahí se formó un grupo de trabajo para estudiar los sistemas legales, tanto nacionales como internacionales, y se dieron cuenta de que no estaban preparados para los nuevos retos que se les plantearían. Eran cada vez los que entendían que, a pesar de los tratados y las promesas, las emisiones no se estaban reduciendo, al mismo tiempo que la ciencia acumulaba nuevas evidencias del impacto destructor del cambio climático.

"Desde 1994, todos los gobiernos han reconocido que el cambio climático es un peligro para la humanidad", comenta Estrin. "Además, en tratados como la Convención Europea de Derechos Humanos se especifica que los gobiernos están obligados a tomar medidas para evitar que se deterioren estos derechos. No se trata de que solo esperen a que ocurra algo sino que también se deben anticipar." Por ello, concluye el autor, los tribunales de los países tienen también un papel en la defensa de los ciudadanos frente al cambio climático.

Quizá el mejor ejemplo sea el de la Fundación Urgenda que, en 2013, en nombre de 900 ciudadanos holandeses, consiguió llevar a los tribunales al Gobierno de los Países Bajos argumentando que pondría en peligro los derechos humanos de sus propios ciudadanos si no recortaba para 2020 un 25% sus emisiones como había prometido. Como se analiza en el modelo, el éxito de Urgenda supuso un cambio de paradigma, pues concluyó que el Gobierno debía reducir las emisiones para proteger a los propios ciudadanos.

Según Estrin, el caso consiguió que por primera vez empezara a cuestionarse si los tribunales no tendrían un papel más activo en la lucha contra el cambio climático.

"No es que estas demandas sean necesariamente la respuesta al cambio climático pero, si los gobiernos no toman acciones, los ciudadanos deben poder cuestionar sus acciones en los tribunales para pedirles que busquen soluciones.", concluye el abogado canadiense. "Además, es más efectivo que acusar a tres o cuatro de las mayores empresas de combustibles fósiles en algún país concreto como España o Canadá. Seguramente se defenderían argumentando que no son las únicas que contribuyen al cambio climático. Pero los Estados tienen una responsabilidad con ciertos derechos hacia sus ciudadanos".

"Cuando los jueces se encuentran con la evidencia científica y con políticos que a pesar de reconocer los peligros a los que nos enfrentamos no actúan, entienden que tienen un papel en defender los derechos de los ciudadanos.", concluye Estrin. "Ellos pueden ser parte de la solución".

Esta sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquíaquí

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29 de junio de 2020 - 21:20 h

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