La Audiencia de Cantabria juzga a diez acusados de adquirir con préstamos fraudulentos viviendas que alquilaban sin pagar las cuotas

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a partir de esta semana a diez personas acusadas de participar en una trama que adquiría, con préstamos hipotecarios obtenidos de forma fraudulenta, viviendas que luego alquilaban, dejando de pagar las cuotas de los préstamos a los pocos meses de la firma.

La organización estaba liderada por una mujer que se encargaba de buscar los pisos y simulaba ser intermediaria inmobiliaria, y participa su hijo y los supuestos compradores, que tenían dificultades económicas. En las operaciones de compraventa “inflaban” los precios. La Fiscalía les atribuye doce compraventas por las que obtuvieron 1,3 millones de euros y siete créditos personales, por los que recibieron 194.000 euros.

La vista oral por este delito de estafa agravada, falsificación y receptación arrancará este martes, 13 de octubre, a partir de las 10.00 horas en la Sección Primera, y está previsto que se prolongue toda la semana y también los lunes 19 y 26 y los días 28, 29 y 30 de octubre y 4, 5 y 6 de noviembre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Según el escrito del ministerio público, recogido por Europa Press, los procesados constituyeron durante los años 2017 y 2018 “una agrupación estable de personas que tenía como finalidad enriquecerse injustamente mediante la obtención de créditos hipotecarios y personales de entidades bancarias”.

La organización estaba liderada por una mujer que presuntamente se encargaba de buscar los pisos, presentarse ante los vendedores como intermediaria inmobiliaria, guiar a los supuestos compradores -- también acusados-- en todo el proceso de compra, elaborar la documentación falsa presentada a las entidades bancarias para la obtención de los créditos y administrar los beneficios.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el Banco Santander califica los hechos como delitos de estafa, falsedad y blanqueo de capitales. A madre e hijo, “al ser quienes encabezan la organización”, les imputa los tres delitos y pide para cada uno de ellos diez años de prisión y 3.600 euros de multa. El Banco Santander una indemnización de 526.000 euros.

Para la obtención de esos créditos los acusados “aportaban documentación de apariencia veraz”, si bien “no era más que una imitación de nóminas, contratos laborales o informes de vida laboral”, entre otros documentos, que elaboraba la principal acusada.

Esos documentos generaban “una imagen de solvencia que no se correspondía con la realidad, lo que provocaba que las entidades bancarias les concedieran una financiación, con el consiguiente desplazamiento patrimonial que nunca les hubiesen concedido de haber contado con sus datos reales”.

Se inflaba el precio

En las operaciones inmobiliarias formalizaban contratos de compraventa en los que “se inflaba el precio de venta”, haciendo constar en escritura pública una cifra, pero pagando en realidad a los 5 vendedores una cantidad inferior que la financiación obtenida, con lo que se quedaban con la diferencia.

Los vendedores aceptaban que apareciese un precio inflado en el contrato “por la necesidad de vender sus inmuebles”, según la Fiscalía, que añade que “eran totalmente desconocedores de las maniobras urdidas por la trama”.

Tras adquirir los inmuebles, los destinaban a alquiler y a los pocos meses dejaban de abonar las cuotas del crédito, “quedando las entidades bancarias con la única opción de proceder a la ejecución hipotecaria, con un inmueble sobrevalorado y un resultado incierto”.

La organización estaba dirigida por la principal acusada, que controlaba todas las operaciones, mantenía el dominio efectivo de las viviendas adquiridas y distribuía el beneficio obtenido. Colaboraba con ella su hijo, quien tenía “pleno conocimiento de la actividad ilegal de su madre” por ser el encargado de recibir la mayor parte del beneficio en sus cuentas bancarias, actuando como tesorero.

Una vez llegaba el dinero a su cuenta, este acusado aprovisionaba las cuentas del resto de miembros de la trama en pago de los servicios prestados, generando así “un flujo de dinero circular”. El resto de acusados son personas “en situaciones de dificultad económica que aceptaban figurar como compradores y solicitar los préstamos hipotecarios o personales con pleno conocimiento de que iban a obtener un beneficio ilícito”.

El escrito de la fiscalía recoge doce operaciones de compraventa de viviendas por las que obtuvieron 1,3 millones de euros, y siete créditos personales, por los que recibieron 194.000 euros. Los hechos son calificados por el ministerio público como delito de constitución y pertenencia a grupo criminal, que imputa a todos; delitos de falsedad y estafa agravada, que imputa a la principal acusada y a los ocho acusados que actuaban de compradores; y delito de receptación, que atribuye al hijo de aquella.

La pena solicitada para la acusada de dirigir la trama asciende a diez años de prisión, 8.640 euros de multa y quince años de inhabilitación para desempeñar profesión de intermediación inmobiliaria y financiera.

Para su hijo, pide cuatro años de prisión; para tres de los compradores, que colaboraban de forma frecuente con la principal implicada, reclama seis años de cárcel y 3.960 euros para cada uno; y para los cinco compradores restantes, cinco años de prisión y 3.600 euros de multa.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública interesa que todos ellos indemnicen a las entidades bancarias perjudicadas en las cantidades que se determinen en sentencia.

Para los demás, la acusación particular reclama cuatro años de prisión y 1.800 euros de multa.