Castro, 'la Marbella del Norte', 20 años después: el primer municipio cántabro que restringe la vivienda en suelo rústico

El Ayuntamiento de Castro fue famoso durante los años del ladrillo por un nivel de polémicas urbanísticas que lo llevó a ser bautizado como 'La Marbella del norte'. Ese mismo municipio se convierte, veinte años después, en el primero de Cantabria que pone coto a la urbanización en suelo rústico ordinario y echa el freno a la Ley del Suelo autonómica que ha favorecido así la construcción de viviendas en este tipo de suelo, provocando un aumento de las segundas residencias de uso turístico.

La Ley del Suelo, impulsada por el PP con apoyo del PRC en 2022 y modificada en 2024, liberalizó la construcción en suelo rústico ordinario. La medida fue vendida como una fórmula contra la despoblación, para fijar habitantes mediante “áreas de desarrollo rural”. Pero el efecto, en parte, está siendo la tramitación de vivienda de segundo uso, los alojamientos turísticos y las piscinas. Y aunque el PRC avanzó recientemente una propuesta para frenar este uso en zonas rurales, el PP ha rechazado la idea.

El Ayuntamiento de Castro, una coalición del PSOE y la formación local CastroVerde, se ha amparado en un resquicio de autonomía que deja la Ley del Suelo, que permite a los consistorios para limitar la construcción total o parcial en suelo rústico ordinario, mediante la aprobación definitiva de una ordenanza municipal, que entra ahora en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

En la práctica, Castro con 9.500 hectáreas de superficie, regresa al sistema previo a la Ley del Suelo, en el que la figura que manda su Plan General de Ordenación (PGOU), que data de 1996 y que impide la construcción en suelo rústico en un municipio que dispone de alrededor de 8.000 hectáreas de suelo rústico protegido y solo 115 hectáreas de suelo rústico ordinario, siendo estas últimas hectáreas donde se ha podido urbanizar en los cuatro años previos, según cálculos de la concejalía de Urbanismo de Castro.

La iniciativa de crear un decreto que impida el uso del suelo rústico ordinario provino de CastroVerde, el socio del gobierno municipal del PSOE, en 2024. Dos años después, la ordenanza es una realidad, en un municipio donde solo alrededor del 10% del suelo rústico carece de protección. “En Castro, la Ley del Suelo no iba a tener mucha incidencia”, reconoce el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor (Castro Verde).

La ordenanza solo recibió dos alegaciones, pero además el concejal de Urbanismo también es consciente de que Castro ya cuenta con un PGOU con unas condiciones restrictivas sobre los usos del suelo, pero también tiene claro el mensaje que buscaba trasladar con la limitación: “Que se entienda que es un tipo de suelo donde no se puede urbanizar porque queríamos dar protección ecológica y de servicios a la ciudadanía, como el agua”, en un extenso municipio como Castro, con nueve juntas vecinales diseminadas, marcado por el urbanismo desaforado durante años.

“El Ayuntamiento cuenta ahora con más técnicos y herramientas que, en los años dos mil, no tenía. Siempre he defendido que Castro tuvo un crecimiento que no pudo asumir, el Ayuntamiento no tenía los recursos”, dice Amor, en política desde 2011.

En Castro, la memoria histórica urbanística es un tema sensible. A partir de 2008, hubo un estallido de casos vinculados a la corrupción urbanística tras la explosión de la burbuja de la construcción: fueron imputados y en varios casos condenados alcaldes, concejales, funcionarios y políticos de diversas siglas. El entonces titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2, Luis Acayro Sánchez, instruyó una veintena de causas por corrupción en el municipio. Diez años después, todavía quedaban 110 imputados en siete causas pendientes de juicio o sentencia. En 2025, Acayro fue inhabilitado por el Tribunal Supremo para la carrera judicial. Hoy, al menos los casos más emblemáticos por su alto impacto, como los casos 'Sobresueldos' o 'Proconor', estan cerrados.

El municipio donde hace dos décadas se normalizaron los juicios por delitos por prevaricación administrativa y urbanística, era ya entonces uno de los municipios más turísticos de Cantabria. Pero solo en verano de 2025, recibió más de 30.400 visitantes, 4.000 más que el verano anterior, convirtiéndose, en uno de los “más concurridos”, según el Gobierno autonómico. Hace años que tiene la categoría autonómica de de 'Zona de Gran Influencia Turística', que permite a los comercios de más de 300 metros cuadrados abrir cuando quieran.

“Vista la importancia de preservar el territorio frente a la expansión urbana descontrolada, la especulación y la degradación ambiental, se justifica la regulación del suelo rústico con figuras de protección”, reza el preámbulo de la ordenanza.

“Aumentar la oferta”

El municipio —como ocurre en el resto del país— afronta un panorama con el alquiler y la compra de vivienda complicado, que ya solicitó con poco éxito al Gobierno de Cantabria ser declarado como zona tensionada, para limitar las rentas a grandes propietarios y subidas al alquiler, pero el consejero de Urbanismo, Roberto Media, rechazó frontalmente la idea: “La solución no pasa por declarar zonas tensionadas, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad”, dijo antes de pedir un estudio a la Universidad de Cantabria que lo avalase.

La propuesta de zona tensionada, planteada por el Grupo Municipal Podemos, buscaba, en parte, responder a una realidad que se suma al decreto que impide la construcción en suelo rústico: “Castro tiene poco suelo rústico, pero es relativo, tiene unos 100 kilómetros cuadrados”, advierte Alberto Martínez, concejal de Podemos en el ayuntamiento.

Con la nueva ordenanza sobre suelo rústico, si llegan solicitudes de tramitación de viviendas en Castro sobre suelo rústico ordinario, con autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que es el organismo autonómico que regula las peticiones de edificar, entre otras materias, serán frenadas en este Ayuntamiento que, durante los cuatro años de vigencia de la Ley, solo ha recibido “dos o tres solicitudes”.