Ceruti defenderá que la comisión de basuras sea abierta aunque ello suponga que el PP rompa la coalición
Ciudadanos está decidido a que la Comisión Especial que fiscalice políticamente la ejecución de la contrata de recogida de residuos sea pública y transparente, aunque ello le cueste la ruptura de la coalición con el Partido Popular, con quien gobierna en el Ayuntamiento de Santander. La alcaldesa Gema Igual esclareció este lunes por qué la propuesta de su socio de gobierno le parecía insuficiente: la que defienden los populares es la apertura de una comisión a puerta cerrada, con secreto en las deliberaciones y un listado de comparecientes que deje fuera a quien no sea funcionario o empleado público municipal. Javier Ceruti, portavoz de Ciudadanos, ha anunciado este lunes que no apoyará la propuesta “ultrasecreta” de comisión que plantea su socio de gobierno, propuesta que ha valorado de forma “muy negativa”.
A día de hoy, los populares no tienen votos suficientes para regular esta comisión como él quiere, a expensas de que se pronuncien otros grupos, como el PRC, que guarda silencio y ha registrado una moción en la que pide el reembolso a cada ciudadano de 40 euros por los siete millones de euros en que se calcula el quebranto por la deficiente ejecución de la contrata entre los años 2013 hasta hoy.
Ceruti tuvo palabras muy duras con su socio de gobierno al que reprocha que hable de transparencia y al tiempo “querer guardar en una caja bajo siete llaves no cuadra”. “Tiene pinta de que lo que quieren es tapar” porque “hay una voluntad de que esto sea secreto”, ha señalado el portavoz de Cs y del equipo de Gobierno. Ciudadanos quiere “luz y taquígrafos” para saber “qué ha pasado” y “por qué ha fallado el contrato” y se ha incumplido. Por eso, en su opinión, “no tiene sentido la mordaza que se quiere imponer” por parte de los populares.
Ciudadanos defiende una comisión abierta, y como la mayoría de partidos de la oposición, quiere que haya “luz y taquígrafos para que se sepa lo que ha pasado”, ha insistido Ceruti, quien ha cuestionado que “el secretismo sea el mejor camino para que no vuelva a pasar” lo que ha sucedido, una serie de incumplimientos que han llevado a iniciar la resolución del contrato con la adjudicataria del servicio, la UTE formada por Ascán y Geaser.
Otro motivo para hacer abierta la comisión es dar respuesta a las alegaciones de Ascán a la resolución del contrato, en el matiz de que durante cinco años no se le hizo ningún requerimiento al contratista. Que se hable de deficiente gestión, con 21 sanciones de por medio, y no se haya requerido durante cinco años a la empresa es, según Ceruti, un planteamiento de Ascán que requiere un respuesta y dicha respuesta solo puede encontrarse en una comisión especial.
Por otra parte, ante las afirmaciones del contratista cuestionando la dificultad de cumplir el contrato y su rentabilidad, Ceruti ha observado que “nadie le obligó” a firmarlo.
El concejal ha dicho que “de repente” ha visto estos días barrenderos en la calle y una máquina de vapor que sabe que no funciona, apuntando la “intención de parecer que se hace quizá más de lo que se hace”. Cuestionado al respecto, ha considerado “ilusorio” pensar que, cuando faltan tres años para que finalice el contrato, la adjudicataria vaya a invertir en “todo lo que no compró” y en personal. “Milagros los ha habido...”, ha comentado.
Debate jurídico
Ceruti considera que jurídicamente una comisión especial no tiene por qué regularse como una comisión informativa ordinaria, que es el argumento del PP, y que el Pleno de la Corporación es soberano para establecer las reglas por las que se rija. De fondo, defiende una modificación del reglamento del propio Pleno y crear un Observatorio de la Contratación, como ha propuesto Unidas por Santander.
Ceruti ha señalado que el reglamento del Pleno “tiende al oscurantismo” y no contempla la creación de comisiones de investigación, por lo que se aplicaría el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que establece “por defecto” que éstas no sean públicas. Sin embargo, el Pleno puede modificar el Reglamento y podría constituir una comisión especial, en opinión de Cs. “Como abogado, sé que se puede argumentar blanco o negro y aquí hay una voluntad de que la comisión sea secreta”, ha reiterado Ceruti, para quien también es necesario modificar el Reglamento del Pleno “a la mayor brevedad” y constituir el Observatorio de la Contratación, tal como propuso Unidas por Santander (UxS) y aprobó la Corporación.
“Es necesario que sea posible seguirla (la comisión) por todo el mundo y eso no es posible con una comisión secreta”, ha señalado Ceruti, que ha explicado que por eso no habrá una postura consensuada al respecto del equipo de Gobierno. Y es que para Cs, es “innegociable” que la comisión, además de abierta, sea pública. Y aunque algunas iniciativas tienen propuestas en común -como la petición de que la comisión sea pública por parte de socialistas y Ciudadanos- también existen divergencias, como las relativas a los comparecientes. “Si todos quisiéramos lo mismo, habríamos presentado una moción conjunta”, ha señalado Ceruti.
En el caso de su socio de Gobierno, el concejal “deduce” de su propuesta que “quiere una comisión lo menos investigadora posible”, frente a la intención de Cs de convocar “a gente con conocimiento directo de lo ocurrido” como técnicos y funcionarios.
GFB y Ecomasa
En la moción de Ciudadanos al pleno no se hace constar expresamente en la propuesta de resolución cómo ha de ser la comisión, pero sí lo hace en la exposición de motivos y lo hace con contundencia: compara el caso de la recogida en Santander con los escándalos de GFB y Ecomasa y reclama el esclarecimiento de lo ocurrido.
Tras proponer “constituir unacomisión especial en los dos meses siguientes a la aprobación del pleno ordinario en el que se presenta”, Ciudadanos considera que “GFB o Ecomasa han sido ejemplos, a nivel regional, de mala gestión de fondos públicos en proyectos empresariales privados. En ambos casos se manejó una cifra en torno a los 30 millones de euros dinero público. En el caso del contrato de basuras de Santander la cifra de dinero público que está yendo al sumidero, ya que no está siendo destinado a su objetivo final, la limpieza, es de cerca de 180 millones de euros”.
En el caso del contrato de basuras de Santander la cifra de dinero público que está yendo al sumidero, ya que no está siendo destinado a su objetivo final, la limpieza, es de cerca de 180 millones de euros
Para el socio de gobierno del PP, GFB y Ecomasa (un caso judicializado que protagonizó el Gobierno del PP cuando era presidente Ignacio Diego) “justifican sobradamente que vayamos más allá de los expedientes sancionadores. Es necesario que conozcamos qué se ha hecho mal, quiénes son los responsables, y en su caso, como ocurrió con los dos proyectos fallidos aludidos, hacer llegar a la justicia las consideraciones penales que pudieran deducirse de este análisis, si es que las hubiera”.
PSOE
El Grupo Socialista de Santander defenderá en el Pleno del próximo jueves el carácter público de la Comisión Especial para la investigación del contrato de las basuras frente a las “maniobras” del PP que, según el PSOE, “pretende despachar las irregularidades a puerta cerrada en una comisión secreta”.
El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha argumentado que “si el contrato de las basuras es público, afecta a un servicio público esencial, acumula incumplimientos y un déficit de siete millones de euros para las arcas públicas y se financia con el dinero público que aportan los santanderinos con el pago de sus impuestos, la Comisión Especial puede y debe ser pública”.
Si el contrato de las basuras es público, afecta a un servicio público esencial, acumula incumplimientos y un déficit de siete millones de euros y se financia con el dinero público, la Comisión Especial puede y debe ser pública
Asimismo, ha aseverado que “las irregularidades son muy graves”, y ha recordado que el propio portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Ciudadanos), “ha apuntado públicamente la posible comisión de delitos en el transcurso del contrato con mucha más información” de la que tiene la oposición.
Por estos motivos, ha lamentado las “maniobras” del PP para “despachar las irregularidades a puerta cerrada y en una comisión secreta”. Además, ha criticado la interpretación “libre, sesgada y errónea” que hace el PP de los reglamentos.
En este sentido, ha subrayado que “si otras ciudades españolas pueden celebrar comisiones públicas para la investigación de asuntos concretos es porque las leyes en España atribuyen al Pleno la competencia de regular los reglamentos de los órganos complementarios, como es el caso de esta Comisión Especial, y como propone el PSOE en sus mociones”.
Por lo tanto, Fernández ha insistido en que “será la voluntad política” del Pleno del Ayuntamiento de Santander, “donde el PP está en clara minoría con 11 de los 27 concejales”, la que determine “el carácter público” de la Comisión Especial o, por el contrario, “cerrado y secreto, como pretende la alcaldesa”.
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