El director de la Biblioteca Menéndez Pelayo pasará a depender del Ayuntamiento y cobrará 70.000 euros

La plaza actualmente vacante de director de la Biblioteca Menéndez Pelayo pasará a depender del Ayuntamiento de Santander, por acuerdo de cesión con el Gobierno de Cantabria, y su titular cobrará por ejercerla 70.000 euros.

Este es uno de los puntos del acuerdo que este martes publica el Boletín Oficial entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, propietario de la Biblioteca tras la donación efectuada por el propio Menéndez Pelayo.

Para llevarlo a efecto, el Ayuntamiento deberá convocar la plaza dentro de su Oferta Pública de Empleo y adaptar la Relación de Puestos de Trabajo. Se establece un plazo máximo de dos años para encontrar un titular. Mientras esto ocurre, el Gobierno de Cantabria asumirá interinamente estas funciones con personal propio.

El último director titular de la institución fue Xavier Agenjo, quien ocupó la plaza durante cinco años a partir de la toma de posesión en 1996.  Desde entonces ha habido directores facultativos con nombramiento provisional, interinos o en funciones, la última de las cuales fue hasta el año pasado Rosa María Fernández Lera.

Por las condiciones testamentarias del legado de Menéndez Pelayo a la ciudad, la plaza de director titular no era fácil de cubrir. El director tenía que ser elegido por oposición entre candidatos que pertenecieran al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y además ha de dominar al menos cinco idiomas: griego, latín, francés y otras dos lenguas modernas.

Convenios

El convenio con el Gobierno de Cantabria se suma al firmado en enero de 2018 con el Ministerio en los cuales se encuadran una serie de medidas para restaurar el edificio, acondicionar su entorno y promocionar los fondos, de los mejores que hay en el país.

En virtud de estos estos acuerdos, el Estado se encarga de financiar y contratar las

obras de rehabilitación integral del edificio; el Ayuntamiento de contratar la redacción del correspondiente proyecto de ejecución, la dirección facultativa y los gastos de traslado y almacenaje de los libros; y el Gobierno se encargará de la digitalización anual de fondos bibliográficos, registro bibliográfico, restauración y promoción de actividades divulgativas, cada una de estas funciones dotada con 10.000 euros anuales.