“Podemos está demostrando que más que un partido de Gobierno es un partido de poder”

Eva Díaz Tezanos (Puente San Miguel, 1964) recibe a eldiario.es en su despacho. Acaba de llegar de un acto con la Guardia Civil en el que ha hecho entrega de un dron para ayudar en la vigilancia y lucha contra los incendios forestales. Al término de la entrevista tiene menos de una hora para comer y acudir a las mesas sectoriales de Política Social y Medio Ambiente que ella misma preside y que se celebran a las 15.00 y 17.00 horas, respectivamente. Es habitual que a lo largo de la semana su agenda esté repleta. Además de asumir la vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, es la consejera de Política Social, Medio Ambiente, Investigación y Universidades, así como presidenta del consejo de administración de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan), una concentración de responsabilidades nunca antes vista en un miembro del Ejecutivo cántabro y que se entiende como una forma de ganar protagonismo ante el mediático Miguel Ángel Revilla, compañero de Gobierno pero rival en las urnas.

Licenciada en Derecho, su carrera ha estado vinculada a la política desde que en 1995 asumiera por primera vez un cargo público como concejala del Ayuntamiento de Reocín. En 2012 alcanzó la secretaría general del PSOE de Cantabria con el objetivo de integrar a las distintas 'familias' socialistas y remontar en las citas electorales, donde el partido ha perdido fuerza progresivamente. Al frente del Gobierno tiende la mano a todas las formaciones, incluso a Podemos, pese a que “a nadie se le escapa que su objetivo es el Partido Socialista”.

¿Cree que los ciudadanos están notando el cambio que prometieron a su llegada al poder o han rebajado las expectativas después de los primeros seis meses de Gobierno?

Creo que lo están notando claramente. Han sido seis meses de gobierno muy intensos y, sobre todo, en los que hemos intentado cumplir los compromisos que figuran en el acuerdo que firmamos con nuestro socio, con el PRC. Hoy existe en Cantabria un Plan de Emergencia Social, que era uno de los primeros compromisos. Además, estamos trabajando en lo importante, que es la creación de empleo, la mayor preocupación de los ciudadanos. 

La emergencia social ha centrado sus intervenciones en estos primeros meses. Sin embargo, la oposición cuestiona la velocidad en la que se están tomando las decisiones y denuncia una merma en la Ley de Dependencia. ¿Ha habido un retroceso en esta materia?

En este caso, el Partido Popular hace una auténtica labor de demagogia. Este Gobierno se ha encontrado la Dependencia totalmente desmantelada. Si por algo se puede caracterizar el anterior Ejecutivo del PP es por los recortes, por los copagos y por unos retrasos muy importantes en su aplicación. Lo que ha hecho este Gobierno en estos seis meses es justamente lo contrario, empezando por dotarla con una mayor cuantía presupuestaria. Los datos están ahí. Hoy hay más personas beneficiándose de la Ley de Dependencia, hoy existen más plazas tanto en centro asistenciales como en centro de día y, desde luego, hay un compromiso claro para volver a estar en los puestos de cabeza como estábamos en el año 2011.

Uno de los indicadores más útiles para medir la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos es la tasa de desempleo, pero el mercado de trabajo sigue sufriendo un grave deterioro mes tras mes. ¿Les preocupa no ser capaces de revertir esta tendencia?

Sin duda. Después de cuatro años de políticas del Partido Popular se han dado pasos atrás importantes en el mercado laboral. La economía de Cantabria estaba mucho mejor en 2011 y, sobre todo, estaba mejor que las comunidades autónomas que tenemos en nuestro entorno. Una de las consecuencias de las políticas del PP es que hemos perdido una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto y que hoy los cántabros tienen una renta per cápita que está un 10% por debajo de la media española. Además, nos han llevado a una comunidad autónoma que no tiene un proyecto de región, que se ha perdido empleo en sectores clave para nosotros, como es el sector industrial.

Cantabria tiene fortalezas importantes y debemos ser capaces de ponerlas en valor. Hay que definir claramente los ejes. La apuesta por lo público no es solo como algo prestador de servicios para los ciudadanos, con la educación, la sanidad o la dependencia, sino sobre todo como una fuente generadora de empleo, de riqueza y de bienestar. Nuestra apuesta también va hacia la innovación, el desarrollo y la investigación. 

Debemos ser optimistas, porque las nuevas políticas que estamos poniendo en marcha van a dar frutos. Algo importante para ello es que hemos recuperado el diálogo social. Para salir de una situación como la que estábamos, no lo hace solo un Gobierno, sino que lo tiene que hacer de la mano de los agentes económicos y sociales. 

¿Cuándo esperan ver resultados?

Fruto de las políticas que se han llevado a cabo en los años anteriores, ha crecido la desigualdad de una manera exponencial. Yo insisto mucho en que la desigualdad lastra el crecimiento económico. Mientras no seamos capaces de revertir esa tasa de pobreza y exclusión social, que supera en estos momentos el 27%, y mientras no seamos capaces de crear empleo, difícilmente vamos a salir de esta situación. 

La industria cántabra sigue desangrándose sin que haya una solución a la vista. ¿Cree que volveremos a ver abiertas fábricas tan emblemáticas como Sniace o Greyco? ¿Hay algún avance al respecto?

Estamos trabajando desde el Gobierno para que Sniace abra sus puertas. En ese sentido, soy optimista. Creo que puede ser una realidad dentro de poco. Ahora mismo, estamos a la espera de que salga a Bolsa esa ampliación de capital de la empresa, que es un primer paso. Al mismo tiempo, el Gobierno de Cantabria está trabajando en el ámbito económico, industrial y medioambiental para poner todo lo que esté en nuestra mano.

Con respecto a Greyco, lo mismo. En estos momentos se está definiendo un proyecto industrial que comenzará a funcionar con los trabajadores de la empresa, de la mano de un equipo directivo, mientras Sodercan está buscando un inversor.

Como usted decía, Sniace está a punto de llevar a cabo el proceso de ampliación de capital y, sin embargo, se ha alimentado un debate público sobre el uso o la recalificación de los terrenos adyacentes a la fábrica, que se supone que era el plan B. ¿No le parece contradictorio?

Sniace tiene unos terrenos en los que parece que estarían dispuestos a que se utilizaran para la implantación de otro tipo de industrias y el Gobierno de Cantabria está en la mejor disposición de poder ayudar. Teniendo en cuenta que Torrelavega está situada estratégicamente dentro de la comunidad autónoma y que Cantabria está estratégicamente situada en la Cornisa Cantábrica, creo que tenemos que ser capaces de aprovechar esa ubicación geográfica para convertirnos en un gran centro logístico del norte. 

En el caso de Sniace, el Gobierno ha insistido en que no va a participar en esa ampliación de capital, pero en Greyco sí está previsto hacer una aportación económica. ¿Cuál es la diferencia?

Sí, eso está aprobado en un Consejo de Administración de Sodercan. En Greyco se hará una inversión de 750.000 euros en una primera fase y de un millón de euros en una segunda. Es una empresa participada por la Sociedad de Desarrollo Regional. Siempre tenemos en cuenta el límite que nos marca Europa, porque se consideraría que es una competencia desleal a otras empresas. En el caso de Sniace, el Gobierno ya ha dicho que no va a hacer ninguna aportación económica. Sí va a hacer lo que está haciendo con esa deuda que tiene la empresa por el canon de saneamiento, que estamos dispuestos a pactar un aplazamiento de esos pagos. O para facilitar que esos terrenos puedan convertirse en una especie de polígono industrial.

¿La participación pública en este tipo de empresas no puede llevarnos a repetir experiencias fallidas como GFB o Nestor Martin?

En Greyco hubo un fondo de inversiones que quería entrar en la empresa y, justamente por eso, no ha cuajado ni ha cristalizado. El Gobierno de Cantabria es cauto y desde Sodercan se trabaja en estos temas con expertos para que, cuando se busca un inversor para una empresa, sea un inversor que tenga capital y venga aquí no a especular, sino a invertir para sacar adelante un negocio y ampliar el empleo. Afortunadamente, hoy en Sodercan se toman cada una de las decisiones en el Consejo de Administración, del que forman parte no solo los miembros del Gobierno, sino la CEOE, UGT y Comisiones Obreras, la Universidad de Cantabria, la Cámara de Comercio y Liberbank. Esto no ocurría hace unos meses, porque el Consejo de Administración de Sodercan no se reunía y las decisiones las tomaban los responsables políticos. 

El presidente anunció a finales de año que había media docena de empresas que tienen interés en instalarse en Cantabria. ¿Cómo van esas gestiones y cuándo podremos conocer algún proyecto concreto?

Ahora mismo no lo sé. Supongo que el presidente tendrá contactos. Lo que sí puedo decir es que desde el Gobierno de Cantabria estamos trabajando permanentemente y teniendo reuniones con empresas. En esto, creo que es muy importante la prudencia y la discreción. Sobre todo, porque muchas veces se trata de empresas importantes, empresas que cotizan en Bolsa, y es mejor dar una buena noticia a los ciudadanos cuando eso sea una realidad que generar falsas expectativas. Lo hemos visto en Greyco, por ejemplo, que estuvimos hablando unos cuantos meses de un inversor [Urdaneta Capital] que después no cristalizó. 

Otra de sus prioridades es la paralización del megacontrato de Valdecilla. A la vista de los informes jurídicos de los que disponen, ¿da por imposible la reversión de ese acuerdo?

Los informes tanto de la Consejería de Sanidad como de los Servicios Jurídicos Generales vienen a decir que el contrato jurídicamente está bien, pero esto no significa que sea bueno para los ciudadanos. He insistido y seguiré insistiendo en que este no es el modelo del PSOE ni del Gobierno de Cantabria, que es la privatización de Valdecilla a través de un contrato nocivo para los intereses de la comunidad autónoma y sus ciudadanos. Nadie entiende que una obra que costaba 100 millones de euros, el PP nos haya embarcado para finalizarla en una actuación a 20 años por la que vamos a pagar casi 900 millones de euros. 

Además, ya estamos viendo cómo la ejecución de ese contrato de colaboración público-privada está poniendo de manifiesto que se ha perdido empleo, que las condiciones laborales de muchos de los que allí trabajan son peores, y todo eso repercute en la calidad del servicio que reciben los pacientes. Muchas veces son los profesionales sanitarios los que palían las dificultades de su día a día en el hospital con su gran trabajo.

Lo que estamos haciendo es elaborar unos estudios económicos para saber realmente lo que nos hubiera supuesto ir por el método tradicional para la finalización de las obras y lo que nos supone con el método del Partido Popular. Cuando tengamos estos datos, que creo que será en breves días, los daremos a conocer y veremos si hay una lesividad a la comunidad autónoma. En cualquier caso, el Partido Popular lo dejó atado y bien atado. 

Es su segunda experiencia de gestión en el Ejecutivo. ¿Es muy diferente gobernar con minoría parlamentaria?

No, yo creo que es una legislatura de mucho diálogo, de mucha participación. Yo estuve ocho años como consejera de Educación y he participado en otro Gobierno de coalición, pero he gobernado de la misma manera que lo estoy haciendo ahora. A mí me resulta fácil estar en contacto con el resto de grupos políticos y con el resto de actores de la sociedad de Cantabria. Este Gobierno, en su totalidad, ha puesto de manifiesto dos cosas claras: que han cambiado las prioridades y que ha cambiado la forma de hacer política. Esto era algo que esperaban los ciudadanos, así que el balance es positivo.

Han tenido que tomar algunas decisiones que no tenían programadas como consecuencia de esta minoría parlamentaria y la situación se podría repetir si no suman el apoyo de ningún grupo al convenio de basuras que quieren firmar con la Diputación de Gipuzkoa. ¿La aportación económica justifica una decisión que podría tener consecuencias medioambientales para Cantabria? 

He dicho desde el primer momento que este preacuerdo que hemos firmado por tres meses está enmarcado en un principio de solidaridad y de colaboración interregional. Es importante que no perdamos de vista este argumento. Dijimos que sí por eso. Además, da la casualidad que MARE, que es la empresa pública encargada de los residuos, el Partido Popular la ha dejado con casi cinco millones de euros de pérdidas, producto de una pésima gestión. El PP llevó a cabo durante la pasada legislatura un Expediente de Regulación de Empleo. Por lo tanto, en una situación complicada para los trabajadores, este preacuerdo que ahora hemos firmado va a ser positivo económicamente para la empresa, porque vamos a poder ingresar casi tres millones y medio de euros, que nos van a ayudar a sanear sus cuentas y a estabilizar el empleo. Yo soy partidaria de este acuerdo y lo he defendido.

En cuanto a la vida útil del vertedero, que es un poco el argumento que se puede utilizar medioambientalmente, según nos dicen auditores externos, está en estos momentos en el 2030. Con el acuerdo cuatro años podría ser previsible la reducción en 24 meses, es decir, hasta 2028. Pero con el nuevo Plan de Residuos que vamos a poner en marcha, creo que vamos a tener vertedero para rato. Va a cambiar notablemente todo lo que tiene que ver con la reutilización, el reciclaje y el vertido de residuos por parte de los ciudadanos y las empresas de Cantabria.

¿Por qué ha habido un cambio de criterio en cuanto a si este acuerdo se va a votar o no en el Parlamento?

No es que haya habido un cambio de criterio. Lo que he dicho en el Parlamento es que voy a convocar a todos los grupos parlamentarios. Pediré nuevamente una comparecencia cuando se cierre esta negociación para explicar las bases del acuerdo. Y los grupos se van a manifestar ahí. En función de esa comparecencia, si no se ve un apoyo mayoritario de la Cámara, obviamente, el Gobierno no seguirá adelante. La comparecencia es informativa. Luego hay otros mecanismos para que los grupos parlamentarios, si los quieren utilizar, lo hagan para que haya una votación.

Entonces, ¿no habrá votación?

En la comparecencia, no. Será en los términos que están establecidos. Si hay otra votación explícita como consecuencia de otra iniciativa parlamentaria, se votará, pero repito que si los grupos parlamentarios manifiestan que no están de acuerdo con este convenio, el Gobierno no seguirá adelante.

Han tenido que convocar en varias ocasiones la mesa de seguimiento del pacto de Gobierno. ¿El desgaste de la obligada negociación parlamentaria está deteriorando las relaciones en el bipartito PRC-PSOE?

El acuerdo de Gobierno funciona bien. Tenemos muy claro, tanto el presidente como yo, cuáles eran las prioridades cuando firmamos el pacto. Y las estamos afrontando con un diálogo permanente y constante sobre las políticas que tenemos que poner en marcha y las decisiones que tenemos que tomar. En este sentido, el pacto de Gobierno va bien. Tenemos claro lo que nos une.

¿Siente que las críticas de Podemos desde la tribuna del Parlamento son más afiladas hacia la gestión socialista que a la regionalista?

A nadie se le escapa que el objetivo del Grupo Parlamentario de Podemos es el Partido Socialista. En cualquier caso, esto es el día a día de la dinámica parlamentaria y el PSOE va a estar tendiendo la mano a aquellos grupos políticos que quieran colaborar con la acción del Gobierno. Ofrecemos siempre toda la información, con absoluta transparencia, para que puedan aportar y sumarse. No va a haber ningún problema.