La Fiscalía incoó 220 diligencias por delitos contra la libertad sexual, un 3% menos

La Fiscalía de Cantabria incoó a lo largo del año pasado un total de 220 diligencias previas por delitos contra la libertad sexual, que suponen un ligero descenso respecto a las 227 iniciadas el ejercicio anterior.

Esa caída, del 3%, continúa la tendencia iniciada en 2019 con una bajada del 16,4% respecto a las 262 actuaciones empezadas en 2018, según la última memoria del ministerio público, correspondiente a 2020, cuando presentó 25 escritos de acusación por estos hechos, dos menos en términos interanuales.

Casi la mitad de estos últimos fueron por abuso sexual -en concreto 11, cifra seguida por 4 de exhibicionismo, 3 de agresión y otros tantos de este mismo delito cometidos contra menores, entre los que también hubo 2 abusos-

Por su parte, casi ocho de cada diez de los 220 procedimientos promovidos por los fiscales en este ámbito se correspondieron con agresiones y abusos sexuales (el 79,5%). En concreto, 66 causas de agresión, 58 de abuso y 51 de abuso a menores.

También hubo una docena de denuncias por agresiones sexuales a menores, una decena por acoso sexual y otra decena de pornografía infantil, además de ocho de exhibicionismo y uno, según el informe fiscal, de prostitución, en un año marcado por la pandemia del coronavirus y las restricciones sanitarias.

A este último respecto, la Fiscalía señala, entre las consecuencias de la Covid-19, el hecho de que se haya “multiplicado exponencialmente” el traslado de mujeres de los clubs de alterne y prostíbulos a los 'pisos relax', del que se ha venido dando cuenta en anteriores informes.

Así, tras el cierre de esos locales, debido a sendas resoluciones de la Consejería de Sanidad dictadas en junio y septiembre de 2020, la Fiscalía calcula que en Cantabria se superaron los 300 pisos a lo largo del año pasado, según la información recabada en una reunión en materia de extranjería y teniendo en cuenta que calcular una cifra “exacta” resulta “imposible” por la “inestabilidad y temporalidad” de estos pisos.

Aún así, organismos colaboradores con el ministerio público, como Nueva Vida, detectó durante todo el ejercicio “un número más que preocupante” de pisos nuevos, que ascenderían a 120, en los que, además, por primera vez, se tuvo la constancia de la presencia de varones ejerciendo la prostitución.

Esta ONG estima que el alquiler de estos pisos se ha ofertado “en muchas ocasiones” en la página 'Airbnb' y que “los propietarios tienen perfecto conocimiento del uso que se está haciendo de las viviendas”.

“Esta situación, unida al silencio de los vecinos, que callan por miedo a las consecuencias de denunciar, está generando en los proxenetas una sensación de total impunidad”, alerta la Fiscalía en su memoria anual.

Por su parte, durante las inspecciones realizadas a clubs por parte de la Policía Nacional e Inspección de Trabajo, no consta que se haya detectado ninguna víctima de trata, aunque alguna de las mujeres encontradas sí solicitó ayuda y fue derivada a las ONG citada.

De su lado, la Dirección General de Igualdad y de la Mujer del Gobierno regional desarrolló un plan de contingencia para atender las necesidades derivadas del confinamiento del primer estado de alarma por el Covid, habilitando distintos recursos de atención, información y también habitacionales.

En esta línea, se hizo una reserva de apartamentos para 200 noches, así como un servicio de catering para que las mujeres que se viesen obligadas a abandonar los clubs en los que residieran contaran con una alternativa habitacional. Sin embargo, no hubo que recurrir a esos apartamentos, porque solo seis fueron atendidas durante el confinamiento por la dirección general.

Esto se explica porque aunque los clubs dejaron de funcionar “aparentemente” como tales en virtud de la resolución del Gobierno, muchas mujeres que residían en ellos siguieron permaneciendo allí, desde donde habrían podido seguir recibiendo clientes que contactaban con ellas por teléfono.