El PP defenderá ante el Gobierno de Rajoy la legalidad del derecho al realojo
El Partido Popular de Cantabria defenderá ante el Gobierno de España la modificación de la Ley del Suelo que garantiza el derecho al realojo y del retorno a afectados por actuaciones urbanísticas y que se aprobó en el Parlamento autonómico con los votos a favor de PP, Podemos y Ciudadanos, tras una negociación de varios meses que culminó con la redacción de una norma a tres manos y que contó con el visto bueno de los vecinos afectados por casos como El Pilón o Prado San Roque.
Así lo ha explicado el diputado y portavoz en materia de Urbanismo del PP, José Manuel Igual, que ha reivindicado “a ultranza” esta normativa y ha acusado al bipartito PRC-PSOE de promover su inconstitucionalidad ante el Estado porque “no quiso esta ley desde el minuto cero y, en la toma de consideración, el Gobierno dijo que no se tramitara, que no era necesaria ni urgente”.
“Me sorprende enormemente que ahora mismo, con los problemas que tiene este país, esté encima de la mesa una ley que lo único que hace es proteger al más desfavorecido”, ha subrayado Igual en declaraciones a eldiario.es. Para el también alcalde de Arnuero, la primera reacción es la de “desencanto” por la falta de información del Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla, al que ha pedido explicaciones.
“Me parece vergonzoso que le echen la culpa al Gobierno nacional, que es lo fácil, cuando ellos durante la toma en consideración votaron en contra siquiera de que se tramitase la ley, luego no hicieron enmiendas, y cuando llegamos a un acuerdo Ciudadanos, Podemos y PP, se abstuvieron porque perdían”, ha opinado Igual.
En este sentido, el diputado popular ha insistido en que “es una ley valiente, que 'surfea' la legislación estatal y, en el peor de los casos, por lo que dicen que tienen dudas, la ley quedaría igual de garantista con el vecino, con tercero de buena fe”.
Por este motivo, se ha mostrado “plenamente satisfecho y expectante” y “muy decepcionado” con los grupos que apoyan al Gobierno de Cantabria, que “no querían ni que se tramitara esta ley para defender a los vecinos, no solo de El Pilón, Prado San Roque y todo Santander, sino de toda Cantabria”.
“El Gobierno nacional no se ha dirigido para nada a nosotros, pero vamos a intentar defender esta ley. A mí me gustaría saber, que alguien me cuente, a qué viene toda esta historia. Alguien le habrá dicho al Gobierno nacional que esta ley puede tener visos de incostitucionalidad, pero en una comisión bilateral en la que están los Gobierno de España y de Cantabria, poco tenemos que decir los demás”.
Un ley audaz y novedosa
Los otros dos grupos políticos que actuaron como impulsores de esta modificación en la Ley del Suelo de Cantabria, Podemos y Ciudadanos, reconocen que han conocido las dudas del Estado respecto a la constitucionalidad de la norma “por la prensa”, por lo que ambos partidos han pedido al Gobierno autonómico que les remita más información para estudiar en detalle la controversia.
Aún con todo, desde Podemos han insistido en que seguirán “luchando por los derechos de los cántabros” y continuarán “defendiendo esta ley a capa y espada”. A su juicio, se trata de una norma “audaz, novedosa, escrupulosa con la legalidad y especialmente pensada para proteger a la ciudadanía de intereses especulativos”.
La diputada y portavoz, Verónica Ordóñez, ha señalado a través de una nota de prensa que el apartado al que hizo referencia este pasado lunes el bipartito PRC-PSOE en un comunicado es “muy amplio” y en él se recoge “un abanico importante de supuestos”.
Ordóñez ha subrayado que la mención “genérica” de este apartado les impide conocer “con exactitud” el alcance de las dudas del Estado respecto a la citada ley, pues “se habla de invasión de competencias sin especificar exactamente en qué”.
En todo caso, y al margen de cómo se articule el derecho de adquisición preferente, la parlamentaria morada ha asegurado que “esto no afectaría al realojo y retorno, un derecho que tiene cualquier persona que se vea privada de su vivienda por una actuación urbanística, ya sea el promotor la administración o no”.
No invade competencias
El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez, también ha defendido que la norma aprobada con los votos a favor de PP, Podemos y C's -los dos socios de Gobierno, PSOE y PRC, se abstuvieron durante la tramitación de la ley- “en ningún caso tiene en su espíritu la invasión de competencias impropias”.
El diputado naranja ha pedido “prudencia y cautela” hasta no conocer qué plantea el Gobierno central, puesto que el Ejecutivo autonómico tan solo tiene la notificación para poner en marcha esa comisión bilateral como paso previo al recurso ante el Tribunal Supremo.
“Lo que sí llama la atención es que sea el Gobierno de España dirigido por Mariano Rajoy el que recurra una ley impulsada, entre otros, por el Partido Popular de Cantabria para solventar una papeleta al PP del Ayuntamiento de Santander que dirigía el hoy ministro de Fomento, Íñigo de la Serna”, ha concluido Rubén Gómez.
