Una jueza tampoco ve delito de odio en mensajes que instaban a “abrir la cabeza con bates” a Pablo Iglesias en Santander

La jueza encargada de pronunciarse sobre una querella interpuesta por el periodista y director de El Faradio, Óscar Allende, -que fue agredido y amenazado por un grupo de ultraderecha en el mitin que ofreció Pablo Iglesias el pasado mes de octubre en el Palacio de Festivales de Santander-, tampoco ve delito de odio en los mensajes de WhatsApp que adjuntó en la misma, y en los que se instaba a “llevar bates y abrir la cabeza” al líder de la formación morada. 

De esta forma, tal y como recoge el auto consultado por eldiario.es, la magistrada “comparte las manifestaciones realizadas por el Ministerio Fiscal”, que calificó de “gratuitos o meras tonterías” comentarios como “¡Que parezca un accidente!”, “rojos al paredón”, “tortas al coletas”, “todos con una docena de huevos a dejarle el pelo guapo” o “llevamos tijeras de podar y le cortamos la coleta roñosa esa que tiene”, entre otros.

A pesar de ello, asegura que “no se trata de la organización de una concentración de carácter violento o delictivo” por lo que inadmite los delitos de odio por motivos ideológicos, de reunión o manifestación ilícita y de coacciones. Se ampara en que “son reiterados los mensajes en los que se insta guardar respeto (lo haremos con dignidad y respeto... violencia no... y sí mucha presencia), llegando incluso a expulsar a varios integrantes del grupo por desatender estas indicaciones”. 

No obstante, en las capturas de pantalla se citaban para “dar la bienvenida a ese perro” -en referencia a Pablo Iglesias-, se incitaba a mandar a “todos los rojos de uno en uno al paredón” y se cuestionaba “si va a haber hostias a rojos o no”. Todo ello previo a un acto que se saldó con insultos y agresiones de grupos fascistas a periodistas y simpatizantes de Podemos que acudieron al mismo.

Delito leve

Por otro lado, al igual que el fiscal, la jueza admite y tramita la querella como “delito leve” en relación a las lesiones y amenazas que recibió Allende, sobre las que presentó informe médico. Además de él, una periodista de Europa Press recibió golpes y fue zarandeada mientras realizaba su trabajo y su causa fue archivada por “falta de autor conocido”, a pesar de los numerosos vídeos e imágenes que recogen lo ocurrido y que muestran los rostros de buena parte de la treintena de personas de ideología de ultraderecha que allí se congregaron. 

Ante este panorama, la Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión (Libres) exigió la “dimisión inmediata” del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), al que acusaban de “no facilitar información” al juzgado que investigaba la denuncia. Posteriormente, la formación municipalista Santander Sí Puede exigió la dimisión o el cese de Ruiz por su “doble vara de medir” para aplicar la Ley Mordaza, por aplicarla con activistas sociales y no sancionar a “miembros de la ultraderecha que amenazan, insultan y agreden”.