La lucha contra la violencia de género teje una red de protección contra el machismo

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraban el pasado mes de junio un aumento del 4,5 por ciento en las denuncias de casos de violencia de género. Este problema ha ido a peor en Cantabria y es que mientras que en 2011 eran un 10% las mujeres que sufrían violencia machista, en 2015 ese porcentaje subió hasta 12,5%.

Las denuncias ante estos casos han aumentado y, según los expertos, este hecho tiene relación directa con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un “instrumento vertebrador” de la actuación de los poderes públicos para acabar con la violencia contra la mujer por el mero hecho de serlo.

Esta estrategia constituye uno de los ejes fundamentales del proyecto político del Gobierno de España para hacer frente a esta lacra social y un plan de acción estable y duradero hasta 2016, porque, según insisten sus promotores, “la violencia de género no es un problema de mujeres, sino de toda la sociedad y esta debe de involucrarse y buscar una solución”.

La elaboración de la Estrategia Nacional parte de dos premisas. Por un lado, unifica en un mismo documento las distintas medidas que permiten avanzar en la eliminación de la violencia contra la mujer en general y la de género en particular. Por el otro lado, el cumplimiento del ordenamiento jurídico que contempla la elaboración por parte del Ejecutivo central de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención.

Este plan va más allá de lo previsto e incluye acciones que buscan dar la mejor respuesta institucional -asistencial, de protección y de apoyo- a las mujeres que han sufrido violencia de género. Estas acciones inciden en la atención a los menores y a las mujeres especialmente vulnerables, mejorando la formación de agentes, aumentando la evaluación de las políticas públicas y del conocimiento sobre la violencia contra la mujer visibilizando las distintas formas de violencia.

Su aplicación en Cantabria

Las fuerzas de seguridad, los centros de salud y las asociaciones de ayuda a las mujeres trabajan en Cantabria de forma coordinada para enfrentarse a la violencia de género.

En el caso de la Guardia Civil, este cuerpo dispone de una red de alerta y respuesta “inmediata” ante los incidentes que pudieran afectar a cualquier víctima de violencia de género, la cual está formada por el Centro Operativo de Servicios, donde se atienden las 24 horas del día todas las llamadas telefónicas de emergencias efectuadas por los ciudadanos en el teléfono 062.

También se reciben en este centro las comunicaciones efectuadas al teléfono de emergencias 112, así como las efectuadas a través de otros canales de comunicación y que puedan ser competencia de la Guardia Civil. De ser necesario, actúa el Equipo Mujer-Menor (EMUME), con formación específica y adecuada sobre la materia. 

Además, la Policía Judicial cuenta con dos secciones dedicadas a las víctimas de maltrato dentro de la Unidad Familia Mujer (UFAM), antes llamada Servicio de Atención a la Familia, “donde se engloban dos subgrupos, uno que recoge las denuncias y otro que lleva el seguimiento de la víctima y el agresor en el caso de que se concediese una orden de alejamiento”, explica Arancha Renedo, inspectora responsable de UFAM Investigación.

Seguimiento del caso

En el momento en que la víctima llama para denunciar malos tratos, antes de registrar la denuncia se le informa de los derechos que tiene como víctima, entre los que está la posibilidad de ser asistida gratuitamente por un letrado en las dependencias policiales.

“A veces vienen ya con abogado particular o de momento no lo quieren y lo pedirán en el juzgado”, cuenta Renedo, pero si las víctimas se acogen a su derecho, desde UFAM hablan con el Colegio de Abogados y solicitan uno. Ese abogado permanecerá con las víctimas que lo deseen hasta el final del procedimiento.

Las víctimas también son informadas sobre la posibilidad de solicitar la orden de protección allí, pero sólo pueden solicitarla, porque la concesión de la misma depende del juzgado que instruya el caso. “Nosotros somos el puente entre la víctima y el juzgado, es el juez el que valora si efectivamente hay que conceder la orden de protección o no”, recalca Renedo.

Una vez recogida la declaración de la víctima, lo que prima es su protección: “Cada vez que hay una denuncia por violencia de género nosotros tenemos que hacer una valoración policial de riesgo para tomar las medidas oportunas”, según la inspectora. En el caso de que haya un riesgo extremo y haya que sacar inmediatamente a la víctima del entorno del agresor se gestiona el recurso de la casa de emergencia, una vivienda con una dirección secreta donde hay trabajadoras sociales y asistentes que estarían con ella. De manera provisional, tanto la víctima como las personas a su cargo, en el caso de haberlas, residirían en esta casa de emergencia.

Protección a la víctima

En lo referente al agresor, tras su detención hay dos opciones. Si se trata de violencia de género, de lunes a viernes se le remite al Juzgado específico que hay en Santander. En caso de que sea fin de semana o festivo, el caso pasa al Juzgado de Guardia y son ellos los que estiman si es oportuno conceder una orden de alejamiento o no. Una vez que se concede la orden de alejamiento, y en ocasiones sin concederse pero entendiendo que hay un riesgo, se realizan labores de seguimiento, tanto de la víctima como del agresor.

También el Servicio Cántabro de Salud tiene un protocolo especial para tratar los casos de violencia de género. Entre los recursos de los que dispone están los profesionales sociosanitarios, que se encargan de atender y prestar apoyo a las víctimas de maltrato, además de dar asistencia social y psicológica. También disponen de Unidades de Salud Mental que abordan la intervención psicológica a mujeres víctimas de violencia.

“El enfoque de la violencia de género es multidisciplinar”, según Pilar Ajo, técnica superior del Programa de Salud de la Mujer. Y es que entran en juego más organismos aparte de Sanidad, como la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Centro de Atención Integral, abogados o forenses, en caso de que haya un parte de lesiones. “La parte de Sanidad sería fundamentalmente una detección del caso y tratar a la mujer de los problemas sanitarios que tenga”, explica.

Más allá de las instituciones

Por otro lado, también la sociedad civil colabora en la lucha contra la violencia de género y asociaciones como el Espacio Mujeres de Torrelavega llevan a cabo servicios de información, orientación, asesoramiento y apoyo para la promoción personal, social y laboral de la mujer. “Ofrecemos un servicio de información y atención a las mujeres para realizar un itinerario personal que facilite la superación de problemas de índole social y especialmente se trabaja con víctimas de violencia de género”, cuentan desde esta organización.

Además, cuentan con un servicio de orientación laboral consistente en la realización de diseños de itinerarios personalizados y elaboración del currículum vitae, información de bolsas de trabajo y webs de empleo. También realizan un servicio de información, asesoramiento y orientación tanto individual como grupal a asociaciones de mujeres para el desarrollo de actividades y solicitud de subvenciones que favorezcan el tejido asociativo.