Cantabria no se plantea el uso de pasaporte COVID en hostelería y ocio

Cantabria no se plantea solicitar el uso del pasaporte COVID para acceder a los locales de ocio y hostelería. Sanidad descarta por el momento esta medida propuesta por otras comunidades, entre ellas la vecina Euskadi, ante el incremento de contagios.

Pese a que la incidencia está en aumento (69 casos a 14 días), la realidad es que todavía se encuentra en riesgo bajo, según el nuevo semáforo COVID nacional que está preparando el Ministerio con las comunidades, mientras que por la hospitalización, la región cántabra se sitúa en el parámetro más positivo, denominado 'circulación controlada', con un 0,8% de ocupación de camas convencionales y un 0,7% de UCI.

Así pues, la Consejería que dirige Miguel Rodríguez (PSOE) no aboga por aplicar nuevas restricciones, como sí plantea su homóloga vasca, Gotzone Sagardui, en los municipios vascos con incidencia del virus disparada. Así, por un lado, el Gobierno vasco ha recomendado este miércoles a la población no juntarse en el domicilio y, siempre que se pueda, llevar esos encuentros al exterior o, de lo contrario, posponerlos. Se trata de “directrices” para las localidades que superen los 150 puntos de incidencia, que en el caso de Cantabria, el único municipio mayor de 5.000 habitantes en esa situación es Castro Urdiales, con 208.

Por otra parte, respecto al pasaporte COVID, el Ejecutivo encabezado por Íñigo Urkullu ha solicitado autorización judicial para aplicarlo en locales de ocio nocturno, en conciertos y restaurantes de más de 50 comensales y a personas vacunables, es decir, de más de 12 años.

Los encontronazos con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han motivado esta petición, algo que en Cantabria también se ha dado en numerosas ocasiones. De hecho, el Gobierno autonómico ya planteó en julio la utilización del pasaporte COVID para evitar el cierre del interior de la hostelería, pero la Justicia tumbó la clausura de los interiores, de manera que finalmente no fue necesario su uso.

Ahora, aunque la Consejería no se muestra partidaria de su uso, el presidente, Miguel Ángel Revilla, ha deslizado este miércoles la idea de que el Ejecutivo central debería impulsar, a través de una ley, la utilización de la herramienta. En este sentido, ha abogado por articular “fórmulas” para que se vacune toda la población, “voluntariamente, si se puede, y sino obligatoriamente”. “Si se toman medidas restrictivas a su libertad de movimiento, acabarán haciéndolo”, ha expresado.