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Cantabria reduce las reuniones sociales a un máximo de seis personas por grupo

Personas paseando con mascarilla en Santander.

Laro García


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El Gobierno de Cantabria ha limitado la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 00.00 y 06.00 horas y la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en relaciones a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público. Así se recoge en sendos decretos publicados en la mañana de este lunes en un Boletín Oficial de Cantabria (BOC) extraordinario.

Ambas disposiciones son efectivas desde su publicación en el BOC y se mantendrán vigentes hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto aprobado este pasado domingo por el Gobierno de España para contener la propagación de infecciones causadas por la COVID-19.

Además, se establece que las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho de reunión constitucionalmente reconocido podrá limitarse, condicionarse o prohibirse cuando no se garantice la distancia personal necesaria para impedir los contagios.

En estas limitaciones no se incluyen las actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la resolución publicada por la Consejería de Sanidad el 18 de junio de 2020 y por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en Cantabria durante el período de nueva normalidad.

Así lo ha adelantado el propio presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), en una rueda de prensa tras participar en una nueva Conferencia de Presidentes, que aunque estaba centrada en el desarrollo de los fondos europeos para la reconstrucción, se ha celebrado tan solo una pocas horas después de la declaración del estado de alarma que provoca el establecimiento de estas nuevas medidas restrictivas para la población.

Preguntado al respecto, Revilla ha defendido la aplicación del estado de alarma para “aportar seguridad jurídica” a las decisiones que se han de tomar desde las administraciones públicas para frenar la expansión del virus, a pesar de que la semana pasada se había mostrado reacio tanto al propio estado de alarma como al establecimiento de un toque de queda en la comunidad, como finalmente se ha impuesto.

“Es un instrumento jurídico imprescindible para poder tomar medidas, porque, si no tomamos medidas, las cosas van a ir a peor”, ha reconocido el presidente cántabro, para quien la declaración del estado de alarma “no tiene un fin centralizador” de competencias, puesto que la toma de decisiones sigue estando en manos de las autonomías.

Revilla, que ha insistido en que la situación de Cantabria es mejor que la de otras comunidades, ha admitido también que la evolución de la pandemia le ha hecho cambiar de opinión rápidamente: “El virus está disparado y debemos de tener las condiciones necesarias para tomar decisiones con rapidez. El estado de alarma no limita nada, solo nos autoriza y nos da cobertura legal”, ha subrayado. 

Además, el jefe del Ejecutivo regional ha avanzado que su Gobierno dará luz verde el próximo jueves, en la habitual reunión semanal, a una cuantía económica destinada a “paliar las consecuencias” de las últimas medidas adoptadas en la comunidad que afectan a bares y restaurantes, como el cierre de estos negocios a las 23.00 horas, con la imposibilidad de aceptar nuevos clientes desde las 22.00 horas, o la limitación de aforos, al 50% en el interior, donde no se puede consumir en la barra, y al 75% en el exterior, con prohibición de fumar en las terrazas.

También se ha mostrado partidario de coordinarse con otros territorios vecinos, como Castilla y León o Asturias, aunque principalmente con Euskadi, con quien hay mayor flujo de personas, para tomar medidas similares que eviten una mayor movilidad en una situación como la actual. De momento, se descarta el posible cierre perimetral de la comunidad, con la prohibición de entradas y salidas del suelo cántabro sin justificación, pese a que el actual estado de alarma lo permite.

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