La Consejería de Cultura inicia el proceso para declarar Bien de Interés Local el Convento de San Ildefonso en Ajo

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria ha iniciado el procedimiento para declarar el Convento de San Ildefonso de Ajo (Bareyo), que data del siglo XVI, como Bien de Interés Local con la categoría de monumento.

La resolución fue adoptada el pasado 19 de diciembre y está firmada por la directora general de Cultura del Gobierno regional, Eva Guillermina Fernández.

Fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 29 de ese mismo mes y este martes, 27 de enero, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según se explica en la resolución, consultada por Europa Press, la decisión se ha adoptado después de que la Comisión Técnica de Patrimonio Edificado informara favorablemente del inicio de este proceso.

Historia del convento

El convento de San Ildefonso está situado en el Barrio de Camino de Ajo. Según la información aportada por el Ayuntamiento de Bareyo, fue fundado por Alonso de Camino y Carrera, diplomático y capitán de Felipe II en Flandes en tiempos del Duque de Alba.

Felipe II premió los servicios de Alonso de Camino y Carrera nombrándole Señor de las Villas de Pie de Concha, Bárcena y Cobejo. Éste encargó la traza y condiciones de la obra del convento a Diego de Sisniega, que al terminar Juan de Herrera la obra del Real Monasterio de El Escorial, a cuyas órdenes estuvo, se trasladó a Ajo para diseñar el convento.

La cantería del convento corrió por cuenta de Pedro de Navedo y Juan de San Juan y contó con la intervención de Francisco de Nates; la carpintería fue obra de Domingo de Zorlado y el retablo mayor de piedra de arena fue ensamblado por Rodrigo de los Corrales Isla, mientras que la estatua de Alonso de Camino, vestido de armadura, fue esculpida por Pedro Gómez, vecino de Frías (Burgos).

Toda la obra costó 44.000 ducados, una “enorme cantidad” para la época, según indica el Ayuntamiento.

En 1588 se entregó el convento a los Carmelitas Descalzos, que lo abandonaron poco tiempo después y pasó a los dominicos, que lo habitaron hasta 1835.

En el transcurso de casi dos siglos y medio el convento adquirió numerosas propiedades y molinos y en 1756 se construyó una hospedería para peregrinos.

En 1820, durante el Trienio Liberal, el convento sufre una primera desamortización y los frailes fueron desalojados del mismo, pero en 1823 les restituyeron sus bienes.

Sin embargo, en agosto de 1835, a consecuencia de la desamortización de Mendizábal la comunidad abandonó definitivamente el convento.

En ese momento, quedaron a favor del Estado la propiedad de la hospedería y del edificio del convento y la iglesia. Además, se quedó con ocho cuadros al óleo, 1.400 libros, el archivo que hoy se conserva en el Archivo Histórico Nacional, los ornamentos, vasos sagrados, alhajas, los muebles del refectorio y los útiles de cocina, los censos y rentas, así como las fincas a él pertenecientes.

El edificio del convento, incluida la iglesia, fue subastado el 28 de febrero de 1849 y adquirido por Melchor Rábago, vecino de Santander, con idea de demolerlo.

Sin embargo, vecinos de Siete Villas y alrededores alarmados con el destino que se iba a dar el edificio lo compraron a Melchor Rábago por 15.500 reales.

El último religioso que habitó el convento fue el Padre Apolinar, personaje que incorporó José María de Pereda a su novela 'Sotileza'.

Hoy se conserva en pie la iglesia, restaurada en 1971 por el actual cura párroco y los vecinos del barrio de Camino, pero despojada de los retablos de madera y la sillería del coro, así como la vivienda del fundador. Se conserva toda la cantería y mampostería del edificio, el claustro y las zonas dedicadas al estudio y celdas, refectorio y cocinas, pero esto sin cubrir. El interior de la iglesia fue restaurado en 2010, así como toda su cubierta.

Una vez publicada la resolución en el BOC y BOE se aplicará “de forma inmediata y provisional” el régimen de protección previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria para los bienes ya declarados.

Contra la resolución que se dicte, que no pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOC sin perjuicio de interponer cualquier otro que se estime procedente.