La Ley de Representatividad Agraria, “importante y esperada para el sector”, aprobada con el consenso de PP y PSOE

La Ley de Representatividad de Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla-La Mancha se ha aprobado hoy en el Pleno de las Cortes regionales con los votos de PP y PSOE y el rechazo de Vox, una “una ley importante y esperada para el sector agrario”, según señaló el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, momentos antes de la celebración del pleno.

Con esta norma “damos un paso firme y necesario hacia la modernización y la legitimación del diálogo entre el sector agropecuario y la propia Administración”, ha señalado Martínez Lizán.

El consejero, que ha desgranado los objetivos y beneficios que supondrá para el conjunto del sector esta ley, ha asegurado que esta norma pone de manifiesto “el compromiso con el sector, atiende una reivindicación que viene desde hace años, y que, junto con el consenso técnico, el diálogo y el respeto a la pluralidad del tejido agrario, da como fruto esta ley”.

En la enumeración que ha realizado, Martínez Lizán ha destacado que la nueva norma viene a superar un vacío normativo “que existía desde hace mucho tiempo, más de 45 años, y que establece un procedimiento claro, transparente y adaptado a la realidad actual de nuestro sector y de nuestra región, recogiendo las inquietudes de los tiempos que estamos viviendo”.

De la misma manera, el nuevo texto dará seguridad jurídica y estabilidad institucional, garantizando la interlocución con entidades que acrediten su representación, porque estén implantadas en toda la región, que realicen una actividad de defensa continuada del sector a lo largo del tiempo y que tengan un compromiso claro con intereses generales del sector.

Julián Martínez Lizán ha destacado también que el nuevo texto reforzará la legitimidad democrática del sistema de representación agraria, al sustituir el mecanismo que hasta ahora se ha venido utilizando para determinar la representatividad por un método propio, ajustado a las competencias autonómicas y a la realidad territorial de Castilla-La Mancha. En ese sentido ha recordado que la anterior ley data de 1977 y, por tanto, era necesaria su modernización.

La ley también fomenta y regula la participación efectiva de las organizaciones agrarias en los órganos consultivos y de decisión de la Consejería, “por eso va a ser una ley importante, que viene a reiterar una petición histórica del sector agropecuario de nuestra región y que, además, contribuirá a fortalecer la voz del campo y a consolidar un modelo de gobernanza más justo, representativo y eficaz”.

Debate en pleno

El diputado socialista Antonio Sánchez Requena ha sido el encargado de defender el dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sobre la norma, para destacar que esta normativa es fruto del consenso y el diálogo entre los partidos mayoritarios.

Ha destacado que el criterio seguido para desarrollar esta Ley es el de igualdad, por lo que ha afirmado que todas las organizaciones que pretendan alcanzar esa representatividad tienen que cumplir las mismas condiciones “en un momento determinado”. “Por tanto los criterios que se adoptan son bastante objetivos y razonables”.

“Mediante esta Proposición de Ley cumplimos por tanto con lo que dice nuestra Carta Magna en el artículo 105 en el que regula la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley”, ha dicho.

En este punto, ha dado las gracias al Grupo Parlamentario Popular por la labor desarrollada en todo este procedimiento, “puesto que su actitud ha sido absolutamente constructiva en todo momento con una vocación de hacer mejor la normativa la ley que hoy pretendemos aprobar”.

Por último, y porque se ha mostrado convencido de que con esta normativa se va a contribuir a clarificar “todos esos procedimientos de interlocución ante la administración y a dar mayor certidumbre al sector, ha pedido al Grupo Parlamentario Vox que admita que esta es una Ley ”necesaria“ que cumple ”con el sentido común“ y ha pedido que la apoye para que salga un por un ”consenso total“.

Por parte del PP, el diputado Santiago Lucas-Torres ha afirmado que esta es una Ley que nace “de la realidad” del sector, “no de los intereses políticos ni de las ocurrencias de nadie”, para agregar que se trata de una transposición de la normativa nacional adaptada a la realidad de la región.

“Una ley que no excluya a nadie, pero sí exige algo esencial, que quien representa al campo lo haga con legitimidad, con trabajo, con estructura y con presencia real en nuestra región”, ha dicho, para añadir que “sin campo no hay alimentos, sin agricultores no hay pueblos y sin organizaciones agrarias profesionales fuertes no hay interlocución válida para las administraciones”.

Es por ello por lo que Lucas-Torres ha defendido que esta Ley “no es un trámite” y que con ella se da un mensaje político “claro” y un compromiso institucional “serio”. “Porque Castilla-La Mancha es viñedo, es cereal, es pistacho, es ajo, es almendra o es olivar, pero sobre todo es campo y campo con dignidad, y esa dignidad empieza por respetar a quienes lo representan”.

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha defendido la postura de su partido en contra de esta Ley para afirmar que se trata de otra “maniobra torticera” del PSOE y del PP y señalar que es una norma “sin dedicación, con prisas, sin haber tomado la opinión de todos los representantes y habiendo obviado todos y cada uno de los informes preceptivos y vinculantes que son necesarios si se hubiese tramitado como ley y no como proposición de ley”.

“Ello hace que tengamos un texto que no es el mejor para el campo y que no garantiza la representatividad de las organizaciones agrarias, que ya sean grandes o pequeñas, tienen derecho. Debería ser una ley de reconocimiento de representatividad al campo, sin distinciones y, por supuesto, sin discriminaciones”, ha sostenido.

Es por ello por lo que ha señalado que el Grupo Parlamentario Vox mantiene sus enmiendas y exige que los criterios que se adopten en esta Ley tengan “carácter transitorio” hasta que se convoquen elecciones al campo en un plazo no superior a dos años, al tiempo que ha lamentado que no haya habido un trámite de audiencia pública y que 'populares' y socialistas la hayan tramitado “de una forma oculta”.