Los bomberos de la Diputación piden unas oposiciones imparciales

La sombra de la parcialidad planea sobre el tribunal selectivo de las oposiciones de la Diputación Provincial de Albacete. Al menos eso es lo que ha motivado la concentración convocada por el sindicato de bomberos de la Diputación el lunes por la mañana a las puertas del Palacio Provincial.

Y es que aducen un gran malestar producido en las últimas oposiciones en las que se han nombrado en reiteradas ocasiones a los mismos miembros del tribunal selectivo para casi todas las oposiciones. “Estos nombres que se repiten en los distintos tribunales deben de ser de máxima confianza del Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial pues es quien los elige y los nombra”, cuenta Manuel García, representante de los sindicatos que convocan concentración de hoy. El principal reclamo de estos trabajadores es que quieren recordar al presidente de la institución que “en la Diputación existimos más trabajadores tan cualificados y responsables como los que el señor presidente nombra. Por eso desde aquí le proponemos un nombramiento por sorteo público de entre todos los trabajadores que cumplan los requisitos”. Algo que se viene haciendo en otras administraciones a nivel local y regional.

Aseguran que las últimas oposiciones están siendo “tan legales como sospechosas” porque dicen ver como en la primera prueba selectiva, de las tres o cuatro que componen cada proceso, pasa el corte sólo el número exacto de las personas que son necesarias, bien sean una, dos o tres. Con elevadas notas, además, en todos los casos. Así se adjudican una plaza definitiva aquellos opositores que han pasado la primera fase. Es por ello que el resto de bombero se preguntan ¿para qué más pruebas? Y es que piensan que así se ahorrarían en gastos y no sería tan denigrante para los aspirantes.

“Todos los que aquí nos hemos concentrado y varios más pedimos al presidente de la Diputación unos tribunales a sorteo público, temario cerrado que garantice la seguridad jurídica del opositor y una corrección pública de los exámenes”, ha sentenciado Manuel García quien recordaba que el estatuto básico del empleado público “nos da la posibilidad de negociar unos criterios generales de acceso a la función pública, equitativa, justa y democrática para todos los ciudadanos que trabajan y se esfuerzan para conseguir un trabajo tan digno y costoso”