Ofensiva judicial de Castilla-La Mancha contra cuatro planes hidrológicos de Rajoy
El gabinete jurídico del Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha recibido luz verde para presentar la impugnación de los cuatro planes hidrológicos aprobados el pasado 19 de enero y que afectan a las cuencas de la región: los correspondientes a los ríos Tajo, Guadiana, Segura y Júcar. Los principales argumentos que esgrimirá el Gobierno regional para su recurso ante el Supremo serán que no garantizan el agua para Castilla-La Mancha, perjudican “gravemente” los intereses de sus ciudadanos, y no respetan el principio de equidad entre cuencas. “Esos planes nos piden de nuevo un esfuerzo en materia de agua, cuando llevamos 30 años siendo solidarios. Ahora se pretende trasladar ese déficit a los ciudadanos castellano-manchegos”, ha resaltado la consejera de Fomento, Elena de la Cruz.
Además, otras medidas planteadas en estos planes hidrológicos plantean, según la Junta un problema medioambiental, ya que no se garantizan los caudales ecológicos de los ríos, solo los mínimos, y no cumplen por tanto con la Directiva Marco de Agua ni con las condiciones de la Red Natura 2000. A ello se unen otras cuestiones “extravagantes” como la creación de cuencas exracomunitarias en el caso del Júcar o “aportaciones extrañas” de agua en el Tajo en su tramo medio.
“El agua es vital para las políticas económicas y Castilla-La Mancha quiere tener derecho a su agua para su desarrollo económico. Estos planes no garantizan agua en cantidad y calidad suficiente para la región. Secan a Castilla-La Mancha”, ha enfatizado la consejera. Dicho esto, ha remarcado algunos problemas específicos de estas planificaciones, comenzando por la del río Segura, donde, según ha apuntado, no se garantizan los estudios para saber si hay agua suficiente en los acuíferos confinados y no se hace balance en la cuenca para garantizar si hay suficiente en los extremos (Murcia y Albacete). En el caso del río Júcar, aparte de la demarcación incluyendo cuencas intracomunitarias, la consejera ha denunciado que se perpetúan mediante su plan hidrológico los “trasvases encubiertos” provocando que en sistema se convierta en “deficitario”.
El plan del Tajo es el que ha requerido la mayor parte de su intervención, afirmando que nace como un “plan intervenido” y “sujeto a intereses particulares de otras regiones”. “Existen restricciones que se perpetúan en la cuenca decente y no se trasladan a la cuenca receptora. El trasvase se observa como si fuera un elemento externo a la propia planificación hidrológica, como si no existiese”, ha argumentado. Ha añadido asimismo que tampoco en este caso se garantiza más caudal ni se tiene en cuenta la variabilidad estacional para su sostenibilidad.
Precisamente, al impugnar el Plan Hidrológico del Tajo, el Gobierno también recurre “de manera indirecta” el Real Decreto que regula las normas de explotación del trasvase que se aprobó en 2014, que se menciona en su artículo 11, y mediante el cual “se quiebra el principio de prioridad de la cuenca cedente y se impone ”un régimen no natural“ al río mediante desembalses. El Gobierno castellano-manchego entiende que este decreto hace inviable que ”salgan las cuentas“ ya que al sumar los desembalses a las concesiones de agua a lo largo del río, la cifra supera los 400 hectómetros cúbicos como umbral de volumen de agua. ”Se ha hecho trampa con los números para declarar unos excedentes de gua que no son así“.
Las consecuencias de los planes hidrológicos para los agricultores
Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se ha referido más concretamente a cómo estos planes hidrológicos afectarán a los intereses de los agricultores y de la industria agroalimentaria de la región, capitales para su economía.
“El futuro de la agricultura pasa por el acceso al agua y estos planes no recogen esas necesidades. En los últimos años, los agricultores han hecho un gran esfuerzo por mejorar la eficiencia de su riegos, el 96% de ellos son por goteo. A través del ahorro se han rebajado los problemas medioambientales en ese entorno, en un claro ejemplo de colaboración interinstitucional”. Por eso ha arremetido contra las dotaciones insuficientes de los planes de cuenca, contra el hecho de que impidan el desarrollo de los regadíos sociales y contra la circunstancia de que en la cuenca alta del Guadiana aún haya 1.200 pocos de explotaciones prioritarias sin regularizarse.
A partir de la impugnación de estos planes hidrológicos, se abre un plazo complejo en el Supremo, en el que primero deben formalizarse los recursos y después el tribunal debe tramitarlos. La resolución por tanto, puede alargarse entre año y medio o dos años, por lo que la Junta reconoce que ahora el escenario es “incierto” puesto que mientras tanto, las planificaciones impugnadas “siguen adelante”.
