El recorte de Cospedal a rentas mínimas produjo la caída del promedio nacional en 2014
Hace dos años, los recortes que el Gobierno de Castilla-La Mancha, entonces gobernado por María Dolores de Cospedal, realizó en servicios sociales provocaron que todo el promedio nacional de ese año en cuanto a rentas mínimas de inserción bajara considerablemente. El Ejecutivo del PP las redujo en más de un 27% en 2014, mientras que en el resto de autonomías apenas se tocaron. Así se desprende del apartado referido a asistencia social de la última Memoria Socioeconómica y Laboral de España del Centro Económico y Social (CES)
Así, en lo que respecta al gasto anual por beneficiario de las rentas mínimas de inserción, el informe desvela que cuatro autonomías -Castilla y León, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana- se han alejado del comportamiento agregado de crecimiento en rentas mínimas observado en 2014 . La cuantía básica, que en promedio registró un aumento en ese año, también creció en todas las comunidades y ciudades autónomas sin excepción. Ahora bien, la disminución de la cuantía máxima promedio en 2014 respondió, únicamente, a la “dinámica decreciente” observada en Castilla-La Mancha, donde ese descenso fue del 27,%.
El CES recuerda que a los servicios sociales autonómicos les compete el desarrollo en la práctica de buena parte de las políticas en el ámbito de la lucha contra la pobreza, la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Precisa que durante los últimos años de crisis los servicios sociales han estado especialmente sometidos a la “doble presión derivada del aumento de la demanda, junto con una importante restricción de recursos derivada de la aplicación de las medidas de consolidación fiscal”.
En concreto, apunta que en 2014 persistió el aumento de la demanda relacionada con problemas de pobreza y exclusión social, que supondría ya en 2013 el origen del 50% de las solicitudes (en 2012 representaba el 40%), desplazando incluso a las solicitudes relacionadas con la atención a la dependencia de personas mayores.
En este marco, la gestión de las rentas mínimas de inserción constituye “una de las actuaciones fundamentales” llevadas a cabo en los centros de servicios sociales precisamente en respuesta a ese tipo de situaciones crecientes de vulnerabilidad económica, en el contexto de deterioro de las condiciones de vida y descenso de las rentas de numerosos hogares.
La disminución del número de perceptores
Aunque la heterogeneidad de las normativas, recuerda este organismo, no permite hablar de un verdadero sistema estatal de rentas mínimas, estas no están garantizadas por ley en todas ellas. Por eso, los últimos datos disponibles, que alcanzan hasta 2014, muestran que, en promedio, el número de perceptores de renta mínima de inserción disminuyeron en ese año, rompiendo la tendencia creciente registrada desde el inicio de la crisis. Y esa evolución agregada de las rentas responde, no obstante, a distintas dinámicas a nivel autonómico, puesto que son los gobiernos regionales quienes las gestionan.
Destaca así el hecho de que la “insuficiencia” de los dispositivos de los servicios sociales para dar respuesta al crecimiento de las situaciones de vulnerabilidad económica y social haya provocado en los últimos años un desplazamiento de la demanda hacia entidades sin ánimo de lucro en el ámbito del tercer sector de acción social, que tradicionalmente ya venía colaborando estrechamente con los servicios sociales en el ámbito de la inclusión social.
Pero finalmente, el CES apunta que las soluciones requieren un enfoque integral desde todos los ámbitos de las políticas y no solo desde el terreno de lo asistencial. “La prevención más eficaz se logra mediante estrategias integradas que combinen la ayuda a los padres para que accedan al mercado de trabajo con un apoyo a la renta adecuado y un acceso a los servicios esenciales para el futuro de los niños, como los relacionados con la educación de calidad, la salud, la vivienda y los sociales”, concluye.
