Ingreso mínimo vital e ingreso mínimo de solidaridad

Desde la Plataforma por los Servicios Sociales Públicos de Castilla La Mancha (PSSP) queremos reflexionar sobre la postura del gobierno regional ante el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Castilla-La Mancha aprobó en 1995 la Ley de Solidaridad y con ella el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), la renta mínima autonómica.

Sin entrar a reflexionar sobre la utilidad o no de los acuerdos de inserción que conllevan casi siempre este tipo de prestaciones y en sus implicaciones éticas, podemos afirmar que el IMS es necesario más allá de la aprobación del IMV por parte del Gobierno Central, ya que, si bien esta nueva prestación económica va a suponer un derecho subjetivo para cientos de miles de hogares, en muchos casos las asignaciones económicas que se plantean van a ser insuficientes para cubrir de manera autónoma las necesidades básicas de muchos hogares.

En necesario recordar que, como ya se ha manifestado en otras ocasiones desde diferentes ámbitos, desde septiembre de 2019 los IMS fueron denegados por falta de consignación presupuestaria y desde que comenzó 2020 no se ha aprobado ninguno, sin que el gobierno regional haya dado ninguna explicación del motivo. Esto supone que haya familias en nuestra Comunidad que lleven nueve meses sin poder disfrutar de una prestación a la que tienen derecho y que necesitan.

Con la aprobación por parte del gobierno de España del IMV, la Administración Regional, en vista de las instrucciones que está haciendo llegar a las y los profesionales, muestra gran interés en que las personas solicitantes o beneficiarias del IMS sean derivadas a la nueva prestación que llega desde Madrid. El objetivo no puede ser otro que poder extinguir las prestaciones en los casos que están cobrando el IMS. En esas instrucciones se da a entender que no se van a tramitar las solicitudes pendientes ni las posibles nuevas con el argumento de que el IMV tiene un poder protector mucho mayor.

La PSSP no considera adecuada dicha postura e insta al Gobierno Regional a lo siguiente:

1.- Reformular reglamentariamente el IMS y presupuestarlo adecuadamente para que

a)       Tengan acceso a él las personas que no pueden acogerse al IMV y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

b)       Complemente al IMV en los casos que la asignación económica sea claramente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las unidades familiares beneficiarias, para lo cual haría falta ampliar la cuantía por unidad familiar del IMS.

2.- No dejar a nadie sin cobertura ante el posible tránsito de unas prestaciones a otras.

En la situación actual vemos a muchas profesionales angustiadas por no poder dar respuesta eficaz e inmediata a la cobertura de las necesidades básicas de numerosas familias que no pueden acceder a otras prestaciones o que esperan durante meses a que se resuelvan sus solicitudes. No debemos olvidar que estas situaciones deberían poder cubrirse con las Ayudas de Emergencia Social que el gobierno regional recortó este año en un 42% y que en la actualidad están de nuevo paralizadas por carecer de fondos efectivos, por lo que ni siquiera las tramitadas por razones humanitarias se están atendiendo.

Por otro lado, el caos provocado en estas primeras semanas de vida del IMV se hubiera evitado por parte del Gobierno de una manera sencilla: abrir el plazo de solicitud a la vez que las oficinas de la Seguridad Social y no 15 días antes. Nos habríamos ahorrado mucha angustia y preocupación de las personas y familias que más lo necesitan.

En definitiva, desde la PSSP nos alegramos de la creación del IMV, pero le reconocemos sus limitaciones. Y para que de verdad nadie se quede atrás ni sin posibilidad de cubrir sus necesidades más básicas, hay que reformar el IMS regional y ampliar su cobertura hasta donde sea necesario.