La prostitución en España: mirada desde los derechos humanos en el contexto político actual

La prostitución en España es un tema candente que cruza el ámbito social, político y de derechos humanos. Se estima que más de 350.000 personas se dedican al trabajo sexual, de las cuales el 80% son mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad. Además, España se posiciona como uno de los principales países consumidores de prostitución en Europa.

En los últimos años, el debate sobre su regulación o abolición ha ganado relevancia, especialmente tras escándalos políticos que han expuesto contradicciones entre el discurso oficial y las prácticas de algunos líderes. Desde una perspectiva de derechos humanos, este artículo analiza la problemática de la prostitución, las posturas políticas actuales y las implicaciones para las personas involucradas, con un enfoque en la protección de su dignidad y sus derechos fundamentales.

En España, la prostitución no está regulada ni penalizada explícitamente, pero actividades asociadas como el proxenetismo y la trata de personas son delitos. Sin embargo, recientes escándalos políticos han avivado el debate. En 2025, la filtración de audios vinculados al caso Ábalos, llevó al Ministerio de Igualdad a reactivar su propuesta abolicionista. Esta iniciativa, que busca penalizar a clientes y proxenetas, ha generado tensiones incluso entre aliados, como Sumar, que critica la falta de cumplimiento de la Directiva 2011/36/UE sobre la lucha contra la trata de personas. Por otro lado, partidos como PP y Vox han rechazado las propuestas socialistas, argumentando que son “cortinas de humo” frente a escándalos de corrupción.

El debate político refleja una polarización: por un lado, el modelo abolicionista, impulsado por el PSOE, considera la prostitución una forma de violencia de género y explotación, incompatible con la dignidad humana. Por otro, organizaciones como Otras, un sindicato de trabajadores sexuales, defienden la regulación para garantizar los derechos laborales y de seguridad. Esta división pone en evidencia la complejidad de abordar la prostitución desde un enfoque de derechos humanos, donde colisionan la autonomía individual, la lucha contra la trata y las dinámicas de poder patriarcal.

Desde esta perspectiva, la prostitución plantea dilemas éticos y prácticos. Organizaciones como Médicos del Mundo sostienen que penalizar a los clientes puede desmantelar redes de explotación, considerando que el 90% del ejercicio de la prostitución en España es forzada. Sin embargo, estudios como el de la Universidad Autónoma de Barcelona (Antígona) revelan que las normativas actuales, como la Ley de Seguridad Ciudadana, castigan más a las trabajadoras sexuales que a sus clientes, con multas de hasta 40.000 euros que afectan especialmente a mujeres migrantes y víctimas de trata. Esto evidencia una contradicción: las políticas destinadas a proteger a las víctimas terminan vulnerándolas aún más.

El enfoque abolicionista, inspirado en el modelo sueco, busca erradicar la prostitución penalizando la demanda. Sin embargo, esta estrategia podría impulsar aún más el trabajo sexual a la clandestinidad, aumentando la vulnerabilidad de las personas involucradas. Además, la falta de alternativas laborales para mujeres en situación de precariedad, muchas de ellas migrantes, perpetúa un ciclo de exclusión social del que resulta difícil escapar. Desde un enfoque de derechos humanos, cualquier política debe garantizar a las personas trabajadoras sexuales acceso a justicia, salud, vivienda y empleo digno, sin caer en actitudes paternalistas.

El impulso del debate sobre la prostitución en España no solo refleja tensiones ideológicas, sino también contradicciones en la clase política. Mientras el PSOE promueve la abolición, muchas trabajadoras sexuales denuncian la hipocresía de quienes consumen sus servicios mientras respaldan leyes que las criminalizan o marginan. Este doble discurso refuerza la estigmatización de las trabajadoras sexuales y desvía la atención de los problemas estructurales: la falta de protección real frente a la trata de personas, la explotación y la desigualdad estructural.

En 2021, se rescataron 491 víctimas de trata y explotación sexual en España, pero solo una sentencia condenó a un proxeneta, lo que evidencia fallos en la implementación de leyes existentes. La ausencia de una Ley Integral agrava la situación. Además, la falta de regulación deja a las trabajadoras sexuales sin derechos laborales ni protección social, mientras que las políticas migratorias restrictivas las exponen a mayores riesgos.

Para abordar la prostitución desde los derechos humanos, es crucial adoptar un enfoque integral que combine la lucha contra la trata y la explotación con el respeto a la autonomía de las personas. Es necesario implementar campañas de educación sexual y de género para desmantelar estereotipos que normalizan la cosificación del cuerpo femenino. Igualmente, es preciso fortalecer los mecanismos para identificar y apoyar a víctimas de trata, con programas de reinserción laboral y social.

La prostitución en España, lejos de ser un tema meramente político, es un desafío de derechos humanos que requiere un enfoque equilibrado entre la lucha contra la explotación y el respeto a la autonomía de las personas trabajadoras sexuales. En el actual contexto político, marcado por escándalos y discursos contradictorios, es urgente reclamar una actuación transparente y comprometida con la dignidad de todas las personas implicadas.

Los escándalos recientes han puesto de manifiesto la urgencia de abordar este problema con políticas coherentes y efectivas, que prioricen a las personas en situación de vulnerabilidad. Razonadamente, es preciso exigir coherencia entre el discurso y las acciones de los líderes políticos, promoviendo transparencia en los debates legislativos.

En un contexto donde España es señalada como el mayor consumidor de prostitución en Europa, es imprescindible superar las posturas polarizadas y trabajar hacia soluciones que garanticen dignidad, seguridad y justicia para todas las personas involucradas, sin estigmas ni hipocresías. Los escándalos políticos no deben ser una cortina de humo, sino un impulso para políticas coherentes que pongan los derechos humanos en el centro.