La ARMH de Cuenca pide al PP la expulsión de un concejal de San Clemente que exhibió una bandera franquista
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para solicitar la dimisión del concejal del Partido Popular (PP) en San Clemente, Justo Moncho Leal, además de pedir al presidente regional de la formación Paco Núñez su expulsión.
La acción surge a raíz de la reciente difusión de un vídeo en el que el concejal exhibía una bandera franquista. “El PP de Paco Núñez, candidato a las elecciones autonómicas, ha respaldado al concejal, y deja en agua de borrajas el expediente que anunció”, lamenta la organización memorialista.
Justo Moncho Leal, sostiene la ARMH, ha sido calificado como “homófobo, misógino, racista y defensor de la dictadura de Franco no sólo por el vídeo que se hizo viral, sino por todas las publicaciones que aparecen en su perfil de Facebook desde 2012”.
La organización memorialista considera que “sus acciones y posturas se ajustan a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que contempla la ilegalización de un partido si su actividad vulnera los principios democráticos de manera reiterada y grave”. En concreto se refiere al artículo 9 de la mencionada ley que establece que los partidos deben respetar los valores constitucionales y los derechos humanos, y condena conductas que fomenten la violencia o busquen deteriorar el régimen de libertades. Creen que es una situación que se ajusta al hecho de que el edil gritase “consignas de Falange, con la bandera franquista de fondo”.
Una persona que defiende ideas antidemocráticas de una dictadura no debería formar parte de instituciones democráticas, ya que no comparte los valores constitucionales
Creen que “las conductas del concejal, tanto en el vídeo, como en el Peno, así como en sus redes sociales, se pueden ajustar a lo que la ley describe como motivo de ilegalización de un partido, ya que promueve, justifica o exculpa actos contra la vida o integridad de personas (víctimas de la dictadura) o la persecución de individuos por su ideología, religión, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual, al exaltar los símbolos de un régimen que aniquiló los derechos humanos y sembró el Estado de muertos por sus convicciones políticas”.
En opinión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, “una persona que defiende ideas antidemocráticas de una dictadura no debería formar parte de instituciones democráticas, ya que no comparte los valores constitucionales”.
La asociación denuncia la “normalización” de este tipo de comportamientos y argumentos, así como la “actitud” de los medios de comunicación “que separan al PP de Vox, como si el fascismo fuera exclusivo de este último, cuando hasta el presidente de honor de los populares es un exministro franquista”.
El concejal aludido dijo hace algunos días que en su vida privada puede “hacer y decir lo que quiera”.
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