La pareja denunciada por resistir a su propio desahucio vuelve a recibir el apoyo vecinal
El 25 de julio de 2011, en el momento álgido del 15-M, una concentración de unas 300 personas en el barrio del Clot de Barcelona intentaba impedir el desahucio de Verónica Loká y Eliseo Loyé y sus tres hijos. Llevaban 26 años viviendo de alquiler en un piso del número 22 de la calle Andrade. A diferencia de otros casos que empezaban a salir a la luz en ese momento, ellos sí estaban al día del pago de las cuotas, pero no podían hacer frente a la subida del precio que les reclamaba el propietario. A pesar de la concentración para evitar que los echaran de casa, un gran despliegue de Mossos cargó contra los manifestantes y entraron en la casa por el balcón.
El miércoles irán a juicio por la resistencia a su propio desahucio, así como otras tres personas que participaron de la concentración de apoyo. La Generalitat pide dos años y tres meses de prisión a los desahuciados. Este lunes una concentración de apoyo se ha vuelto a reunir bajo el que había sido su balcón “con tanta gente como el día del desahucio”, ha apuntado Loká al final de la marcha por las calles del Clot. “Es injusto que aparte de todo lo que nos ha pasado, que nos hayan quitado la casa, ahora nos quieran llevar a prisión”, lamenta Loyé. Y en apoyo a las otras personas denunciadas, la madre añade que “nadie debería ir a la cárcel para ayudar a una familia”.
“No se juzgará sólo el derecho a la vivienda, se juzgará también el apoyo mutuo, pero sabemos que juntas somos más fuertes”, han dicho desde la Xarxa de Suport Mutu que acompañó a la familia hace cinco años y convocaba la manifestación de este lunes. “Cinco años después siguen los desahucios y los precios de los alquileres se han disparado a diferencia de nuestros sueldos”, añadía el manifiesto. La manifestación ha transcurrido con gritos contra la especulación, contra la expulsión de vecinos y vecinas del barrio y en defensa de la solidaridad.
Verónica Loká ha lamentado ver su piso ocupado por otras personas tras el aumento de precio que les impuso el propietario, Alberto Viñas Tous. El hermano de la desahuciada explica que cuando la familia llegó el piso estaba en muy malas condiciones y durante los años que vivieron se hicieron cargo de su rehabilitación. Después del desahucio, sin embargo, perdieron la mayoría de sus pertenencias.
Después de una reforma en la finca, el arrendador quiso aumentar el precio hasta duplicarlo. La familia tenía un contrato indefinido y llevó al caso a juicio, donde les dieron la razón, pero después de presentar un recurso contra la decisión el propietario ordenó el desahucio, explica Loká.
La Generalitat, acusación particular
La dureza de las penas solicitadas por el Ejecutivo catalán, que ejerce de acusación particular, contrasta con la Fiscalía, que no ve delito y rebaja la calificación a una falta contra el orden público. La pena solicitada por el ministerio público es una multa. Además del matrimonio, tres personas irán a juicio por los incidentes que se produjeron con los Mossos durante el desahucio.
La actuación de los antidisturbios se saldó con tres heridos leves –un hombre de 52 años con una brecha en la cabeza por un golpe de porra y dos agentes, según se explicó en ese momento–. La policía denunció un total de 40 vecinos por atentado a la autoridad. Cinco acabarán en el banquillo: el matrimonio y tres vecinos más que intentaron detener el desahucio.
