La Generalitat pide dos años y tres meses de prisión para un matrimonio desahuciado en 2011
El desahucio que sufrieron en 2011 Verónica y Eliseo, un matrimonio del barrio barcelonés del Clot, terminará en un juicio penal casi cinco años después. La Generalitat acusa a la pareja de un delito de atentado a la autoridad y dos faltas de lesiones y maltrato de obra, y pide para cada uno de ellos dos años y tres meses de prisión. El juicio se celebrará los próximos 14 y 15 de diciembre.
La dureza de las penas solicitadas por el Ejecutivo catalán, que ejerce de acusación particular, contrasta con la Fiscalía, que no ve delito y rebaja la calificación a una falta contra el orden público. La pena solicitada por el ministerio público es una multa. Además del matrimonio, otras tres personas irán a juicio por los incidentes que se produjeron con los Mossos d'Esquadra durante el desahucio.
Los hechos sucedieron el verano de 2011. Eliseo, Verónica y sus tres hijos fueron desahuciados de su piso, tras un desacuerdo con el propietario sobre el precio del alquiler. Llevaban 26 años viviendo en la misma casa. Una concentración vecinal intentó parar el desahucio: cerca de ochenta personas se colocaron en frente del portal de la vivienda. Los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra las retiraron una a una en un ambiente de tensión.
La actuación se saldó con tres heridos leves –un hombre de 52 años con una brecha en la cabeza por un golpe de porra y dos agentes. La policía autonómica denunció a un total de 40 vecinos por atentado a la autoridad. Cinco terminarán en el banquillo de los acusados: el matrimonio y tres vecinos más que intentaron parar el desahucio.
Según sus abogados, de estimarse las peticiones de pena de la Generalitat se trataría del primer caso en que personas desahuciadas entrarían en la cárcel por una causa relacionada con su lanzamiento. Para los otros tres acusados las penas solicitadas por el Ejecutivo catalán son más altas: cuatro años y tres meses de prisión para dos de ellos y cinco años y tres meses de prisión para el otro. El Govern les acusa también de un presunto delito de desórdenes públicos. La Fiscalía también rebaja las penas contra estos tres acusados. Pide para cada uno de ellos dos años de prisión por tres presuntos delitos de atentado a la autoridad.
“El exceso de la Generalitat en comparación con las penas que pide la Fiscalía responde a criterios políticos, no jurídicos”, ha valorado la letrada del matrimonio, Laia Serra. En este sentido, Serra ha considerado que detrás de la pena solicitada se esconde la “disuasión a que la población impida desahucios”.
La abogada ha recordado que este desahucio ha sido “uno de los más violentos” por parte de los antidisturbios de la policía autonómica, que en 2011 comandaba el exconseller Felip Puig. En una rueda de prensa celebrada este miércoles para apoyar a los acusados, la PAH, la plataforma 500x20 y la Asociación de Vecinos del Clot han definido la causa como un “juicio a la solidaridad”. A día de hoy, el matrimonio y sus hijos viven en un piso de protección oficial.
