La Fiscalía se opone a investigar a Aragonès por el aval del Govern a los encausados en el Tribunal de Cuentas

Aragonès y Vilagrà, con Giró en segundo plano

No es habitual que el Govern reciba buenas noticias de parte de la Fiscalía, pero este lunes Pere Aragonès puede respirar tranquilo. La Fiscalía se ha opuesto a investigar al president por la fianza que el Govern prestó a los expresidents y altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas por los gastos exteriores del procés. Y más relevante si cabe: el Ministerio Público ha dejado por escrito que respalda la legalidad del decreto del Govern que creó el aval, una postura opuesta a la del Tribunal de Cuentas, que rechazó las fianzas.

Así lo expone la Fiscalía en el informe por el que pide al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que inadmita las querellas y denuncias contra Aragonès, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía, Jaume Giró que presentaron Vox, Ciudadanos y la entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC).

El teniente fiscal Pedro Ariche, número dos de la Fiscalía en Catalunya, afea en su escrito a los partidos y entidades denunciantes de actuar "con trazo grueso" y de llevar a cabo "un apresurado e irreflexivo de la acción penal", y descarta con contundencia que la creación del aval con fondos públicos pueda suponer un delito de prevaricación o de malversación.

El respaldo de la Fiscalía es el último capítulo de una polémica que se arrastra desde el pasado mes de julio, cuando el Govern creó por decreto un mecanismo para que el Institut Català de Finances (ICF) prestara a Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exaltos cargos encausados un aval para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas rechazó hace diez días el aval del Govern e inició el embargo de sus bienes a los encausados al interpretar que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración que hubieran generado un daño a las arcas públicas. En cambio la Fiscalía opina lo contrario y cree que la creación del aval, por sí misma, "no implica un perjuicio al patrimonio público" ni, en consecuencia, un delito de malversación.

Solo podrá haber delito, razona el teniente fiscal Ariche, si se demuestra una "aplicación inadecuada o disciplente" del aval para favorecer a determinadas personas que no lo merecen, o sí luego no devuelven el dinero en caso de sentencia firme, tal y como prevé el decreto del Govern. Precisamente el primer supuesto es el que investiga la Fiscalía de Barcelona, que mantiene abiertas unas pesquisas contra la junta de gobierno del ICF, la encargada formalmente de conceder los avales.

Ninguno de estos escenarios afecta sin embargo a los consellers y al president, quienes se limitaron a rubricar el decreto ley de creación de los avales. Un acto que no puede ser "en ningún caso", remarca el fiscal, un acto de prevaricación, tal y como sostenían Vox, Ciudadanos y CCC, pues se trata de una disposición legislativa y no de una resolución administrativa.

Tampoco supone el decreto un delito de malversación, según el fiscal. "De la aprobación de la norma no resulta perjuicio patrimonial alguno", zanja el fiscal, para quien el decreto del Govern "no supone ni la condonación de la deuda ni la satisfacción con cargo al erario público de responsabilidades civiles o contables". La Generalitat, abunda Ariche, seguirá conservando el control sobre los avales, pues el propio decreto prevé que los encausados tengan que devolver el dinero prestado en caso de resultar condenados.

Publicado el
25 de octubre de 2021 - 12:53 h

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