La Justicia europea avala que Bruselas denegara la iniciativa ciudadana de Puigdemont sobre la calidad democrática en España

La Justicia europea avala que la Comisión Europea denegara el registro de la iniciativa ciudadana de Carles Puigdemont sobre la calidad democrática en España por estar “fuera del ámbito de sus competencias”. El Tribunal General indica que la negativa a registrar la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea “estuvo motivada por el hecho de que esta no invitaba a la Comisión Europea a presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión tal como exige el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana”. Así, el Tribunal General señala que “la Comisión Europea denegó el registro porque no concurría el requisito en virtud del cual la iniciativa ciudadana no ha de estar manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión Europea”.

De esta manera, el tribunal con sede en Luxemburgo considera “que la iniciativa ciudadana debe invitar a la Comisión Europea a presentar una propuesta de acto jurídico, una iniciativa que invitase a la Comisión a adoptar ella misma uno o varios actos autónomos, sin la intervención del Consejo, o del Parlamento y del Consejo, no se ajustaría a los requisitos establecidos en el reglamento”. Por otra parte, dice el TGUE, “la propuesta no contenía ninguna invitación explícita a la Comisión Europea para que presentase una propuesta de acto jurídico en relación con las mencionadas materias: la institución únicamente era invitada a aplicar la primera fase del marco para el Estado de Derecho, pero sin una propuesta de acto jurídico de la Unión”.

El expresident catalán Carles Puigdemont anunció a principios de mayo de 2019 una campaña de recogida de firmas en la Unión Europea para tratar de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la situación en Catalunya y tome medidas contra España por supuesta vulneración del Estado de Derecho. La petición denunciaba supuestas vulneraciones de derechos fundamentales en Catalunya por parte del Gobierno español, incluida la violación de la “dignidad humana, la libertad, la democracia, el respeto igualitario de los derechos humanos y de las minorías”. 

La campaña pretende hacer que la Comisión Europea se acabe pronunciando sobre la aplicación el artículo 7 del Tratado de la UE contra España, que puede conllevar a sanciones como suspender el derecho de voto del Estado miembro en el Consejo. Hasta el momento, la activación del artículo 7 solo se ha explorado para los casos de Hungría y Polonia.

Para ello, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República presentaron una Iniciativa Europea Ciudadana –una suerte de ILP, iniciativa legislativa popular–, que la Comisión rechazó hace dos años, en julio de 2019. En una nota difundida este miércoles, el Consell anuncia: “Teniendo en cuenta la decisión del TGUE, la Asamblea y el Consell se reservan tanto la opción de incluir las modificaciones necesarias a la Iniciativa para volver a presentarla para registro por parte de la Comisión, como la posibilidad de presentar un recurso ante la instancia judicial superior [el Tribunal de Justicia de la Unión Europea] a fin de conseguir que se acepte el registro de la iniciativa por parte de la Comisión Europea con su redacción actual, para pedirle que investigue si las vulneraciones de derechos humanos de las autoridades españolas contra el pueblo catalán suponen una amenaza sistémica contra el Estado de Derecho”.

Los organizadores de esta iniciativa, explicaba la Comisión Europea, “pretenden garantizar que tanto la Comisión como el Parlamento tengan conocimiento de la situación actual en España […] y la necesidad de activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España y, de esa forma, garantizar los derechos y libertades de las minorías y del conjunto de los ciudadanos españoles a través del Derecho y los instrumentos de la Unión”.

Más concretamente, explicaba Bruselas, “la iniciativa solicita a la Comisión que examine la situación en España y adopte posibles medidas en el contexto de la Comunicación de la Comisión de 2014 titulada Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho. En virtud de ese marco, la Comisión puede entablar un diálogo con un Estado miembro para prevenir la aparición de una amenaza sistémica para el Estado de Derecho. Sin embargo, la iniciativa no invita a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico, que es el único objetivo de las iniciativas ciudadanas europeas”.

Así, la Comisión concluía “que la iniciativa está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para proponer un acto jurídico para la aplicación de los Tratados de la UE, y, por consiguiente, la considera inadmisible”.

Puigdemont aseguró a principios de mayo de 2019 en la presentación de la iniciativa que la medida “no es una estrategia de defensa” en el marco del proceso judicial abierto contra los líderes del desafío secesionista, sino un modo de “interpelar” al conjunto de la ciudadanía europea y una “oportunidad” para que España refuerce su Estado de derecho. Además, aseguró que si Bruselas no admitía el registro administrativo de la iniciativa, acudirían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), cosa que terminó pasando y que ha llevado al fallo de este miércoles.

“El grueso de la ciudadanía catalana, preocupada por la regresión que sufre en sus derechos, se dirige al resto de ciudadanos europeos para que nos ayuden con su firma a defender, de manera egoísta, también su democracia y sus derechos”, argumentó el expresident catalán.