La Justicia ordena investigar la filtración policial en 2014 de datos de los jueces partidarios de una consulta en Catalunya

Casi 12 años después, uno de los episodios de la Operación Catalunya se volverá a investigar en los juzgados. La Audiencia de Madrid ha admitido el recurso de siete de los 33 magistrados catalanes que suscribieron un manifiesto en 2014 favorable a una consulta soberanista y que vieron como sus fotos y datos personales terminaron publicados en el diario La Razón y ha ordenado al juzgado seguir adelante con las pesquisas.

En un auto, adelantado por El Món y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Madrid reabre la causa, rechaza que esté prescrita y ordena al juzgado seguir tirando de un hilo hasta ahora infructuoso. El apoyo del tribunal para negar la confirmación del cierre del caso es un audio aportado por los jueces en el que el exjefe de la brigada política del PP, Eugenio Pino, se refiere a la filtración.

Las “grabaciones de reuniones entre altos mandos de la Policía” relativas a la filtración, mantiene el tribunal, son una base a través de la que “se pudiera llegar a conocerse la identidad de la persona que cedió o filtró tales fotografías de los DNI al diario La Razón”.

La denuncia de los magistrados señalaba, además de a Pino, a otros tres exresponsables policiales identificados en el audio: el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exresponsable de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el entonces jefe de Información de la Policía en Catalunya, Pedro Esteban.

Junto al caso del 'pendrive' de los Pujol, el de los jueces partidarios del derecho a decidir es la única de las maniobras de la brigada política del PP que ha terminado en condena. En concreto, una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España por no proteger la privacidad de los togados y no investigar debidamente la filtración de sus datos y fotos al diario 'La Razón'.

El de los jueces partidarios del derecho a decidir es un caso de manual de cómo funcionó la brigada política del PP: maniobras policiales, al margen de cualquier investigación judicial pero amparadas desde la cúpula del Ministerio del Interior, terminaron publicadas en un periódico, en este caso La Razón, para desprestigiar a los 33 togados partidarios del derecho a decidir.

El caso se remonta a febrero de 2014, cuando 33 magistrados que ejercían en tribunales catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. En aquel momento el Govern ya planeaba celebrar el proceso participativo que se terminaría conociendo como la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Quince días después de la publicación del manifiesto, el periódico La Razón publicó los nombres, fotos, tribunales donde trabajaban y, en algunos casos, las ideas políticas de los jueces firmantes del texto. La publicación del rotativo llevaba por título “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”.

Según denunciaron los jueces, la publicación de sus fotos en La Razón es el resultado de “investigaciones prospectivas sin control judicial” por parte del “grupo criminal” de la brigada política del PP.