La Generalitat creará buzones anónimos para recibir denuncias de corrupción y malas prácticas

El actual conseller de Exreriors, Alfred Bosch, saluda a su antecesor en el cargo Ernest Maragall

Los buzones anónimos y la protección a los alertadores se han convertido en dos medidas centrales de la lucha contra la corrupción en las administraciones públicas. El Govern de la Generalitat ha decidido dotarse de este sistema en un nuevo plan anticorrupción que ha elaborado durante los últimos meses junto a expertos y entidades contra las malas prácticas y que ha aprobado este miércoles. La administración pública catalana impulsará dos correos totalmente anónimos desde los que cualquier ciudadano o servidor público podrá denunciar conductas ilegales o poco éticas ocurridas en el sector público.

El Govern quiere que 2020 sea recordado como el año de la lucha contra la corrupción en Cataluña

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Los nuevos canales electrónicos para alertadores serán dos. El primero específico para todas aquellas prácticas contrarias al código de conducta de altos cargos y, el segundo, genérico para el conjunto de prácticas ilegales o antiéticas. Las denuncias se realizarán mediante formularios en la propia página web de la Generalitat, en la que se recomendará utilizar navegadores que enmascaren la identidad digital del denunciante.

Las denuncias no requerirán ningún dato personal del denunciante, al que se identificará con un código que podrá utilizar para conocer los trámites de su denuncia o mantener el contacto anónimo con la administración. Además estas denuncias serán recibidas por un equipo de trabajadores públicos, que las canalizarán hacia los comités éticos, unos organismos que también se prevén impulsar con este nuevo plan.

La estrategia anticorrupción ha sido diseñada por el departamento de Exteriors i Transparència durante los últimos seis meses mediante un proceso participativo con expertos y organizaciones civiles. En total se han elaborado 25 medidas concretas de actuación, que se desarrollarán durante los próximos dos años. En concreto, el plan de buzones éticos se implantará idealmente en un año. Para ello Exteriors tiene previsto firmar un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona y la organización Xnet, que fueron pioneros implementando un buzón ético en el consistorio en enero de 2017 y que ahora la Generalitat quisiera replicar.

Otra de las medidas centrales del plan impulsado por el conseller Alfred Bosch es la mejora de la formación tanto de funcionarios y personal técnico como de los agentes de los Mossos. El plan prevé utilizar la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC) para establecer un circuito formación tanto en materia de contratación pública como de persecución del fraude. Habrá asimismo un plan formativo obligatorio para todos los trabajadores públicos sobre integridad y ética. 

Uno de los objetivos específicos de esta nueva formación es que los miembros de las mesas de contratación puedan recibir cursos sobre gestión de compras y cálculo de presupuestos. Se propone además al departamento de Políticas Digitales y Función Pública la posibilidad de crear una categoría o cuerpo específico de funcionarios dedicados a la contratación pública.

También en el ámbito de la contratación, otra de las medidas dispuestas en el documento es elaborar una guía sobre consultas preliminares al mercado antes de licitar bienes o servicios. Esta medida permitiría que las mesas de contratación puedan contar con el asesoramiento de terceros, ya sean expertos o autoridades independientes, colegios profesionales o cualquier operador que conozca el mercado al que se dirigen, con el objetivo de mejorar la evaluación de la oferta y la contratación pública.

Otro cambio se introducirá en los procesos de selección de personal directivo y altos cargos, que se impulsará que sean mediante concurso público. Se seguirá el ejemplo de la provisión de nuevos delegados del Govern en las oficinas exteriores de la Generalitat, que se hicieron por primera vez mediante concursos, con audiencias previas y valoración de méritos individuales. También respecto a los altos cargos se sistematizará y verificará la declaración obligatoria de bienes e intereses.

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