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Laura Borràs, la preferida por Torra para sucederle, queda a las puertas del juicio que puede apartarla de la política

Laura Borràs sostiene que el proceso penal contra ella no tiene garantías procesales

Arturo Puente

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Era la candidata ideal para suceder a Quim Torra como presidenciable, según el propio jefe del Govern y su círculo más próximo. Puede que para algunos incluso aún lo sea, porque es muy improbable que su caso se resuelva antes de las elecciones. Pero las aspiraciones políticas que pudiera albergar Laura Borràs han sufrido este miércoles un importante varapalo cuando el Congreso ha autorizado al Tribunal Supremo a continuar la causa contra ella por presunta corrupción.

La justicia investiga las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) durante la etapa en la que Borràs fue su presidenta, entre 2013 y 2018. Se trata de una serie de adjudicaciones, hasta 18 por un valor total que asciende a 260.000 según consta en el sumario, otorgadas a dedo a un amigo de Borràs, Isaias Herrero. Entre las pruebas que constan en el Supremo hay unos comprometedores correos electrónicos –que ella asegura que están manipulados– en los que la hoy diputada explica a Herrero cómo debe actuar para obtener estas adjudicaciones.

La Fiscalía considera que la hoy diputada de JxCat fragmentó contratos para poder beneficiar a su amigo sin pasar por los procedimientos regulares de contratación pública, habiendo urdido un plan junto a Herrero para defraudar al erario público. Por todo ello Borràs está imputada por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental, y se expone a penas de prisión de hasta 15 años además de la inhabilitación para ejercer cargo público.

Dentro del movimiento independentista hay todo tipo de opiniones sobre el caso que afecta a Borràs. JxCat ha cerrado filas en apoyo de las tesis de su diputada, que afirma que se trata de una persecución política sobre unos hechos sin indicios de criminalidad. En cambio otros sectores, como ERC y la CUP, están de acuerdo en ver un componente ideológico en la persecución judicial, pero también consideran que hay sombras en la gestión de Borras, y que sería preferible que la diputada diera un paso atrás y dejara su acta para ser juzgada en la Audiencia de Barcelona y no en el Supremo.

El caso sobre Borràs tiene varias aristas. La investigación comenzó de forma fortuita, cuando los Mossos d'Esquadra investigaban una caso de tráfico de drogas y falsificación de moneda que implicaba a Herrero, el beneficiario de los contratos de Borràs. Fue a partir de unas escuchas telefónicas realizadas a este hombre cuando la policía tuvo noticia de los trabajos que realizaba para el ILC, a los que él se refería como “trapis”. El juzgado de instrucción de Barcelona inició así la investigación sobre Borràs, que en aquel momento ya era diputada aforada en el Parlament, una circunstancia que la defensa alega para considerar irregular la actuación judicial.

Otra de las cuestiones que los defensores de Borràs alegan es que las prácticas descritas sobre la contratación menor en el ILC son habituales en cualquier administración y que la justicia no suele perseguirlas, pero que en este caso la Fiscalía del Supremo actúa con especial celo por tratarse de una dirigente independentista.

Este argumento es compartido también por amplios sectores de ERC y la CUP, pero ambos quieren evitar quedar atrapados en una argumentación que, a la postre, podría colocarlos en la difícil tesitura de negar cualquier investigación sobre corrupción. Mientras, entre las filas de JxCat no se entiende por qué hay “represaliados” de primera y de segunda, y creen que sus compañeros de ERC y la CUP, al no participar en la votación, les han dado una puñalada por razones partidistas al no votar en contra del suplicatorio.

Como resultado de lo anterior, este jueves en el Congreso, primero en el pleno y después en las declaraciones ante la prensa, las diferentes expresiones del independentismo catalán se zambulleron en la enésima bronca pública, entre acusaciones gruesas y dardos cruzados. “A la represión se le combate, no se le deja ganar por incomparecencia del rival”, ha afeado Borràs. Poco después Rufián le contestaba asegurando que “culpar a ERC es un insulto a la inteligencia”.

“La opción de no votar el suplicatorio la puso sobre la mesa JXC. Soy testigo. Es buena porque permite denunciar que en el Supremo no tendrá un juicio justo. Así lo hemos entendido nosotros, ERC, Bildu y BNG. JxCat se ha descolgado en los últimos días y en ello sólo puedo ver partidismo”, ha apuntado por su parte el diputado de la CUP, Albert Botran.

Pero el suplicatorio tiene efectos políticos más allá de una batalla declarativa entre los grupos independentistas. Durante los últimos tres años Borràs había crecido políticamente hasta convertirse en uno de los referentes de JxCat. Tras entrar como diputada, Torra la nombró consellera de Cultura, un cargo que Carles Puigdemont ya había previsto para ella cuando la fichó para su lista. Desenvuelta en el debate político y carismática para las bases independentistas, Borràs fue de nuevo la apuesta del espacio para encabezar la lista en las elecciones generales de abril de 2019, y de nuevo en la repetición de noviembre.

En ambas citas electorales Borràs dio la talla, sobre todo en la segunda, en la que consiguió mejorar la marca de Convergència en 2015 arrancando una parte del voto de ERC. Esos buenos resultados, una de las pocas alegrías electorales obtenidas por JxCat sin la presencia de Puigdemont, catapultó la proyección de Borràs. La exconsellera y diputada se convirtió en una de las apuestas personales de Torra y su grupo más afín.

Ahora, una vez el Congreso ha autorizado al Supremo para que llame a declarar a Borràs, el procedimiento judicial puede ir tan rápido como lo desee el juez instructor, Eduardo de Porres. Por tanto la Sala Segunda del Supremo tiene en sus manos tanto el futuro de Quim Torra, que está a la espera de si le confirman su inhabilitación, como de una de las más firmes candidatas para sucederle.

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