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CATALUNYA

La presidenta de los medios públicos catalanes entregó a la Guardia Civil las facturas de la publicidad del 1-O

Llorach envió los detalles de la campaña mientras el Parlament celebraba el pleno para proclamar la independencia

La documentación aportada contradice la versión que ha dado ante el Tribunal Supremo el entonces consejero de Presidència, Jordi Turull 

Guerra abierta entre el director de Catalunya Ràdio y la presidenta de los medios públicos por el anuncio del 1-O

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Factura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals para una campaña prohibida por la justicia.

Factura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals para una campaña prohibida por la justicia.

La presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, entregó a la Guardia Civil las facturas de la campaña de la Generalitat llamando al referéndum del 1-O a través de un email remitido el 9 de noviembre de 2017, cuando varios de los consejeros del Govern llevaban ya una semana en prisión.

Este material está incorporado a la causa del juzgado número 13 de Barcelona, que ha procesado por desobediencia a la cúpula de los medios públicos catalanes, y muestra que la corporación emitió dos facturas relacionadas con la campaña: la primera, correspondiente a los anuncios emitidos en la primera quincena de septiembre, con el número de serie 17006652 y un importe de 112.747,27 euros (IVA incluido); y la segunda, para la recta final de la campaña del 1-O, con número de serie 17007525 y un importe de 223.396,07 euros. Esta segunda campaña había sido prohibida expresamente por el Tribunal Constitucional.

Llorach entregó toda la documentación a la Guardia Civil a través de emails remitidos por su secretaria en dos tandas: la primera, con todos los detalles de la contratación de los anuncios y el nombre de las personas que intervinieron en el expediente, a través de un mensaje a las 13:46 horas del viernes 27 de octubre de 2017; es decir, apenas media hora después de haberse iniciado el pleno en el Parlament que iba a culminar con la declaración unilateral de independencia. La segunda, que incluía las facturas emitidas en su integridad, el día 9 de noviembre, 10 días después de que Carles Puigdemont se hubiera marchado a Bruselas junto a varios consejeros, y una semana después de la entrada en prisión del resto del Gobierno.

Los materiales aportados por Llorach a la Guardia Civil contradicen la versión que ha dado ante el Tribunal Supremo el entonces consejero de Presidència, Jordi Turull, responsable político de las campañas publicitarias de la Generalitat, y el equipo de Difusión, adscrito a su departamento, en sucesivas comparecencias. Según aseguró ante el tribunal Turull, que acaba de ser elegido diputado al Congreso en las listas de Junts per Catalunya, él mismo pactó oralmente con Brauli Duart -antecesor de Llorach en la presidencia de la CCMA y hoy secretario general de Interior de la Generalitat- que las campañas publicitarias convocando el referéndum del 1-O se emitirían en TV-3 y Catalunya Ràdio gratuitamente. La diferencia de versiones no es baladí: si la campaña no costó ni un euro difícilmente puede existir el delito de malversación que la Fiscalía atribuye al Gobierno de la Generalitat.

La causa del juzgado 13 de Barcelona ha desencadenado una batalla campal en la cúpula de la CCMA por la asunción de responsabilidades en la emisión de los anuncios del 1-O a pesar del requerimiento del Tribunal Constitucional. El director de Comunicación y Marketing de los medios públicos catalanes, Martí Patxot, aportó al juzgado un intercambio de emails con el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, en el que este supuestamente autorizaba la emisión de la campaña en la radio. Este lo consideró una manipulación y para demostrarlo aportó en su recurso la secuencia completa de emails, a la que se había sumado Llorach, y que a su juicio demuestran "una presión cuasi coactiva" para que diera su visto bueno a la emisión de la publicidad pese a no contar con atribuciones sobre la publicidad. También ha aportado a la causa el intercambio de whatsapps con su abogado, Carles Monguilod, quien llega a comparar a Llorach con "una comisaria política de la URSS".

El cruce de reproches entre Llorach y Gordillo insinúa tensiones entre el mundo postconvergente y Esquerra Republicana (ERC), que comparten gobierno en Catalunya. Llorach fue aupada en el puesto por los neocovergentes y el pasado viernes, cuando acudió a declarar al juzgado número 13 de Barcelona, estuvo arropada incluso por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. En cambio, Gordillo fue nombrado a propuesta de Esquerra. Sin embargo, los materiales que Llorach entregó a la Guardia Civil revelan también una auténtica fosa en la estrategia dentro del espacio neoconvergente, en la medida en que suponen un misil en la línea de flotación del argumentario expuesto ante el Supremo por Turull, histórico convergente y hoy puntal de Junts per Catalunya y de su apuesta por confluir con la Crida de Puigdemont, en contra de las acusaciones de malversación. Llorach es militante convergente y administradora única de la CCMA.

La colaboración de Llorach con la Guardia Civil arrancó el 20 de octubre de 2017, cuando fue citada por la Unidad de Policía Judicial de la 7ª Zona de la Guardia Civil en calidad de testigo por la causa del juzgado número 13 de Barcelona y aceptó ser interrogada voluntariamente pese a no estar imputada. En dicha reunión entregó un organigrama de la CCMA, en el que constan siete unidades independientes que dependen directamente de ella. Una de estas unidades es la Dirección Comercial y Márketing, encabezada por Patxot, con atribuciones sobre la publicidad. Al mismo nivel -pero sin ninguna conexión entre ellas y todas dependiendo de la propia Llorach- están Estrategia y Recursos Humanos; Explotación e Ingeniería; Gestión y Recursos; Radio y Medios Digitales; Televisión y, finalmente, Deportes.

En esta comparecencia inicial ante la Guardia Civil, Llorach no aclaró si las publicidades del referéndum eran de pago o gratuitas y sobre ello se limitó a "hacer constar que existe un convenio para los anuncios gratuitos del 012, que es un servicio de la Generalitat, y el resto se facturan". En el acto, la Guardia Civil le requirió para aclararlo próximamente y aportar todos los detalles al respecto, incluidos "qué empresa o entidad solicitó su emisión", "el coste de cada uno", "la persona concreta que recibió los spots publicitarios" y "el coste que supuso la emisión de los mismos", en el caso de que no entraran dentro del convenio gratuito amparado en el 012.

La respuesta de Llorach a todos estos requerimientos se envió por email a la Guardia Civil una semana después, justo en el mismo momento en que acababa de iniciarse el pleno del Parlament que iba a concluir con la declaración unilateral de independencia. En apenas dos folios, la presidenta en funciones aclaraba toda la información que le solicitaban.

Según el relato por escrito firmado por Llorach, la campaña publicitaria del referéndum del 1-O "inició su tramitación con fecha 24 de agosto [de 2017] mediante una petición del sr. Jaume Mestre Anguera, Responsable de Difusión Institucional de la Dirección General de Difusión del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya". En su reciente comparecencia ante el Supremo en calidad de testigo, Mestre aseguró no recordar los detalles de esta campaña y la Fiscalía pidió que se abriera una investigación por falso testimonio contra él, que ahora se ve comprometido por el material que Llorach entregó a la Guardia Civil.

En el mismo escrito, la presidenta en funciones de la CCMA detalló que los anuncios "fueron recibidos por el equipo técnico del Departamento Comercial, mediante correo electrónico recibido por el sr. Lluís Pérez", comercial responsable de la cuenta de los medios de la Generalitat. Finalmente, recalcó que "esta campaña publicitaria fue de pago" y que las facturas correspondientes "se han emitido al Departamento de la Presidencia", de las que detalló su importe. La más polémica de las campañas -el tercer periodo, emitidas pese al requerimiento del Tribunal Constitucional- costaba 184.624,8 euros más IVA, repartidas de la siguiente forma: 156.930,85 euros para TV3; 23.319 para Catalunya Ràdio y 4.375 euros para medios digitales de la corporación.

El último de los mensajes con información para la Guardia Civil lo envió la secretaria de Llorach el 9 de noviembre de 2017 y adjuntaba todas las facturas emitidas. Llorach indicaba en su escrito que "a día de hoy no se ha producido ingreso en ninguna de las facturas". La de la tercera ronda tenía como fecha de vencimiento el 5 de diciembre de 2017.

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