El juez pide a la Diputación de Barcelona agilizar el análisis del desvío de subvenciones a entidades afines a Convergència

Antes de convertirse en una macrocausa que investiga una posible trama rusa de apoyo al procés, los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo y la corrupción urbanística de un exconseller de ERC, el juez Joaquín Aguirre instruía un caso menos complejo pero presuntamente igual de perjudicial para las arcas públicas: el desvío de subvenciones por valor de casi un millón de euros de la Diputación de Barcelona en teoría destinadas a la cooperación con el tercer mundo a entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El caso no avanzará de forma sustancial hasta que el ente provincial termine los informes sobre cada uno de los 41 expedientes investigados, tarea que se alarga desde hace más de un año.

El juez ha exhortado a la Diputación para que finalice los informes de las subvenciones, pues son necesarios para proceder a citar a los investigados del caso, entre los que se encuentran el presidente del ente entre 2011 y 2015, Salvador Esteve, así como los ex altos cargos convergentes Jonathan Jorba y Jordi Castells, que tras abandonar la Diputación por las denuncias de internas fueron recolocados en el Govern y en el Instituto de Estadística catalán, y el ex responsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas.

Una vez el juez reciba los informes de la Diputación acerca de las subvenciones pendientes de analizar, está previsto que proceda a citar a los 48 investigados del caso, entre los que figuran ocho exdirigentes y trabajadores del ente provincial. El resto son administradores de las ocho fundaciones y entidades relacionadas con los proyectos bajo sospecha. Fuentes de la Diputación de Barcelona, a día de hoy gobernada por el PSC y JxCat, explican que se trata de informes complejos a nivel técnico y niegan cualquier voluntad de ralentizar el caso. De hecho, el ente provincial está personado como acusación para reclamar el dinero presuntamente malversado.

En los primeros expedientes analizados por la Diputación, entregados a la Guardia Civil en diciembre de 2019, afloraron viajes y contratos sin justificar, facturas presentadas después de su cobro, “laxitud” en la aportación de comprobantes e “indeterminaciones”, según recogieron los técnicos en sus primeros informes sobre las subvenciones otorgadas a entidades afines a Convergència. Los informes internos afianzan las tesis del juez y de los investigadores, consistentes en que tras alcanzar CiU en 2011 el gobierno de la Diputación destinó dinero de la cooperación al desarrollo para que fundaciones y entidades afines al partido ejecutaran proyectos empresariales sin relación con el desarrollo del tercer mundo.

Por las subvenciones a las fundaciones CATMÓN e IGMAN permanece imputado Terradellas. Los expedientes también salpican al actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases, vinculado a ambas fundaciones y a quien el juez deberá enviar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para ser interrogado por su condición de aforado. De Dalmases cobró de la Diputación por trabajos de su fundación pese a que los estatutos prohibían retribuciones a los patronos.

Los primeros informes de la Diputación señalan que se pagaron facturas a De Dalmases antes de la fecha de emisión de las mismas, y que cuando se preguntó el por qué se recibieron documentos de justificación “sin firma”. Otra de las irregularidades detectadas es que CATMÓN presentó para justificar la subvención una factura de 4.115 euros a una empresa de los propios Terradellas y De Dalmases en concepto de maquetación de la revista. Todo ello hace que el dictamen de la Diputación concluya que se otorgó la subvención a CATMÓN “con total laxitud formal y material” respecto a las peticiones para enmendar la petición de fondos y se obvió el procedimiento legal a seguir.

IGMAN también recibió 28.650 euros mediante un convenio –suscrito sin concurso público– para “consolidar la presencia de los gobiernos locales” en la revista ONGC, editada por las entidades catalanas de cooperación al desarrollo. Esta fórmula para entregar los fondos, remarca el informe de la Diputación aportado al juez, “no encaja en ninguno de los supuestos legalmente previstos” y fue “contraria a derecho”.

Las subvenciones a CATMÓN e IGMAN por proyectos inexistentes o sin relación con la ayuda al tercer mundo ya eran conocidos entre el sector de la cooperación en Catalunya y siguieron después de estallar el caso de la Diputación. La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, dependiente de la Generalitat, revocó en 2018 dos subvenciones a IGMAN de casi 100.000 euros. En la primera, relacionada con un proyecto contra el ébola en el Congo, la única verificación del proyecto entregada a la administración fue una carta de agradecimiento de una monja de Kinshasa a De Dalmases por una “donación”, sin más detalles sobre el personal colaborador con el proyecto ni la destinación de los fondos. La fundación también decidió transformar tras la subvención para una revista sobre el sector de la cooperación al desarrollo en un monográfico dedicado al proceso soberanista.

Del resto de expedientes de la Diputación analizados por ahora, destacan las irregularidades en varias facturas aportadas por la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana PIMEC en una subvención destinada a proyectos estratégicos en Marruecos en 2014 y 2015, en el marco de la internalización de las empresas catalanas en este país, así como la carencia de sello, que éste sea posterior al pago de las mismas o duplicidades en conceptos para justificar los fondos. Los informes también han detectado “laxitud formal y material” en la justificación de una subvención a la fundación ECOSEDE para un proyecto en Honduras y otras irregularidades en relación con subvenciones a la firma de ingeniería Voltia y otra media docena de entidades.