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Opinión - Libertad de extorsión. Por Rosa María Artal

Sanción de un año al policía que agredió a un fotoperiodista al grito de “viva Franco”

Momento de la vista del pasado mes de enero, con el policía a la derecha del banquillo

Oriol Solé Altimira / Pedro Águeda

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La Policía Nacional ha sancionado al inspector Iván R. con un año de suspensión de empleo y sueldo por su condena judicial firme por haber agredido al fotoperiodista Jordi Borràs en 2018 en Barcelona al grito de “viva Franco”. Se trata de una falta muy grave según el reglamento interno del cuerpo, aunque se sitúa en la horquilla baja del tiempo de suspensión a las que van aparejadas, que puede llegar hasta los seis años. Borràs ha considerado “preocupante” que se haya impuesto una sanción “baja”.

El pasado mes de enero, el agente admitió que había propinado puñetazos y patadas a Borràs guiado por su animadversión ideológica hacia el fotoperiodista especializado en movimientos de extrema derecha y que ha recibido amenazas de líderes neonazis. La defensa del agente y las acusaciones acordaron una condena de un año de cárcel por un delito de lesiones con la agravante de discriminación por motivos ideológicos. Al ser un pacto entre las partes, la sentencia ya es firme.

Tras indemnizar con 7.470 euros a Borràs por las lesiones y el estrés postraumático que le provocó, la pena de prisión quedó suspendida a condición de que el uniformado no delinca en dos años, cumpla con la prohibición de acercarse a Borràs durante cuatro años y realice dos cursos en derechos humanos y prevención de delitos violentos.

Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2018. Borràs volvía de cubrir un acto en el centro de Barcelona cuando en una calle aledaña a la comisaría de Via Laietana el agente reconoció al fotoperiodista. Cuando Borràs y el agente, con conocimientos en artes marciales, se cruzaron, el policía, que iba de paisano, “le miró de forma incisiva, le increpó al grito de 'viva España' y 'viva Franco' y le propinó diversos puñetazos en la cabeza y otras partes del cuerpo”, relata la sentencia. El fotoperiodista no había mediado palabra con el agente.

Con Borràs ya en el suelo, el agente prosiguió dándole “nuevos golpes en la cabeza”, momento en el que aparecieron varios transeúntes que intentaron retenerlo hasta la llegada de los Mossos. Para huir del lugar, el agente mostró su placa de Policía Nacional “aunque no estaba en el ejercicio de sus funciones”, destaca la sentencia. Varios testigos persiguieron y forcejearon con el agente, que finalmente se refugió en un parking para repeler las agresiones.

Al no haberse cometido el delito en acto de servicio, la eventual inhabilitación del policía quedaba en manos del régimen disciplinario de la Policía. La conducta del inspector se ha calificado de infracción muy grave, en concreto con el epígrafe del régimen disciplinario de la Policía que castiga “haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso que causa grave daño a la administración o a las personas”.

Según el reglamento, las sanciones por este tipo de infracciones muy graves se pueden castigar con la separación del servicio, la suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años o el traslado forzoso. Finalmente la sanción impuesta ha sido la suspensión de funciones durante un año.

En declaraciones a elDiario.es, Borràs ha lamentado la sanción “mínima” que, a su juicio, se ha impuesto al agente. “El Gobierno que se dice progresista tenía la oportunidad de desmarcarse por completo y expulsar del cuerpo a un agente que tendría que ser una vergüenza para el cuerpo: un inspector que fuera de servicio se dedica a agredir a periodistas por motivos ideológicos y con expresiones franquistas. Es grave y preocupante que se impongan sanciones tan bajas por comportamientos tan graves”, ha aseverado.

El fotoperiodista también ha recordado que durante los cuatro años que duró el procedimiento judicial el agente no fue suspendido cautelarmente y que él también permaneció imputado todo este tiempo porque el inspector lo denunció, aunque finalmente retiró la denuncia al reconocer que Borràs fue la víctima y no el agresor.

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